Acuerdos tiene cuatro cajas con presuntas pruebas contra Edery

En su contacto con los periodistas, el auditor general del Ministerio Público de la Acusación Leandro Mai fue tan prudente como amable. No esquivó ninguna pregunta y aún así, logró su objetivo principal: cuidar los procesos en marcha que involucran (por ahora) al fiscal de Delitos Complejos, Matías Edery, por presuntos vínculos con una persona relacionada con Los Monos, en Rosario.

"Van a escuchar que una y otra vez me expreso con cautela", dijo Mai tras recibir -durante más de tres horas- preguntas de los integrantes de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa que, a puertas cerradas, tuvieron las impresiones personales pero también los datos que complican a Edery en su vínculo con Mariana Ortigala, su informante, que ahora está detenida e imputada por sus actividades delictivas con esa banda.

Ella fue clave en el juicio contra el clan Alvarado (rival de la famosa banda rosarina) y por entonces era un inquilina: hoy tiene 14 propiedades. Edery mantuvo con la informante comunicaciones que ahora lo comprometen. Por lo que ha dicho ella, pero también por lo que él le ha dicho.

Mientras en Acuerdos maduran posiciones, por estas horas se conocen más detalles sobre el contenido de las acusaciones y se evalúa cuál es la profundidad de la crisis en el MPA de Rosario ya se impusieron dos decisiones: primero convocar a la fiscal regional María Irribarren y más adelante a la fiscal general, María Vranicih, quien no ha dudado en calificar como "de gravedad institucional" el panorama que encontró en esa fiscalía regional. La ex auditora general asumió el 20 de abril la titularidad del órgano acusador del sistema penal santafesino, pero la número dos -también votada por unanimidad por los legisladores- fue fiscal regional a cargo desde que desde ese sillón fue eyectado (y luego echado del MPA) Patricio Serjal.

Mai confirmó a los cronistas parlamentarios que sus preguntas fueron en la misma dirección que las de los legisladores que integran el MPA. De esa reunión salieron personas que se quitaron las dudas y expresaban con asombro detalles sobre lo difícil de explicar de la actuación del fiscal.

A la presidenta de la comisión bicameral con más poder en la Legislatura santafesina, Lionella Cattallini le tocó mencionar la preocupación que existe en ese poder frente a una crisis que tiene al MPA como blanco de sospechas y "dividido en dos bandos".

La legisladora dijo que Mai, el auditor del MPA, "dio cuenta de su inhibición, pero aún no terminamos de procesar la información". Y explicó por qué: "son cuatro cajas que serán escaneadas. Resolvimos citar a (la fiscal regional de Rosario) María Iribarren para poder profundizar en la investigación". Hasta ahora la cita será miércoles de la semana próxima. Y aunque la diputada no lo dijo, luego será el turno de la fiscal general Vranicich.

Definiciones

En pocas palabras, a los cronistas parlamentarios Mai dijo lo siguiente.

Doble investigación. Hay una instancia de investigación disciplinaria contra Edery, pero también otra penal. Las expresiones de Mai procuraron cuidarlas.

Dos semanas. "En la Auditoría fuimos reuniendo información con la que se fueron creando carpetas y legajos, en los últimos 15 días". Las denuncias provienen de investigaciones de los fiscales", Pablo Socca y Miguel Moreno, y de "un particular".

Recomendación a los legisladores. Las denuncias "han puesto seriamente en crisis el desempeño fiscal, le han atribuido (a Edery) la comisión de delitos dolosos en el ejercicio de la función pública".

Denuncias cruzadas. En ese marco de tensiones dentro del MPA de Rosario, que observadores externos e internos describen como una pulseada "entre dos bandos", todas las denuncias (algunas públicas otras no) han arribado a la Auditoría interna. "En el curso de dos semanas se han creado 15 legajos disciplinarios" por "denuncias cruzadas", reveló el titular de esa oficina que solo puede observar la labor de los fiscales, no de los regionales o de la fiscal general. Obviamente, el inicio de esos expedientes no implican una sanción. Pueden o no ser cerrados. Entre esos legajos, hay acusaciones sobre los fiscales Soca y Moreno por develar la identidad de una informante (ya bajo proceso y detenida).

Causa Sain. Un periodista preguntó si los nuevos datos permiten suponer que habrá investigaciones más allá de los límites del MPA, concretamente por los supuestos vínculos con el ministerio de Seguridad durante la gestión de Marcelo Sain que se siguen en la (mal) llamada causa espionaje, en rigor por mal desempeño. "Eso será objeto de análisis de la (nueva) investigación penal (sobre Edery), de la que soy respetuoso tanto como de la que llevará a cabo o no la Comisión de Acuerdos (...) Seguramente, los legisladores que la integran van a estar comunicándose con esos fiscales", expresó.

Balanza. "Hemos reunido elementos de cargos y de descargo", que estudiará Acuerdos.

Celulares abiertos. "La información que obra en los aparatos tecnológicos –secuestrados en las inspecciones a las oficinas del fiscal- va a poder suministrar la teoría de los fiscales Soca y Moreno o va a poder aportar elementos desincriminantes. Serán objeto de análisis por parte de los fiscales de Santa Fe (en el ámbito penal) y (ahora) de la comisión de Acuerdos", al excusarse la auditoría que está limitada a dictar como máximo suspensiones por hasta 60 días. Y lo presuntamente encontrado excede una medida simplemente disciplinaria.

Fechas. Mai ratificó que Edery había informado a sus superiores sobre la informante Ortigala. Dijo que el fiscal cuestionado "había puesto en conocimiento de su superior jerárquico que se había avanzado en la creación de ese registro de informantes", expresó. Pero al ser consultado cuánto tiempo había pasado entre que Edery decidió vincularse con la informante hasta que blanqueó ese contacto a sus superiores reveló: "ese es el punto y el foco de la investigación y análisis". Recientemente, una publicación de El Litoral que simplemente toma la declaración judicial del empresario del juego clandestino Leonardo Peiti, mostró que las extorsiones de Ortigala son por lo menos de 2020. Y que recién se comunicó de esa fuente de información para el MPA en 2021.

¿Vacío legal? Mai respaldó la interpretación legal de que en Santa Fe está vigente una ley nacional que permite que los ficales tengan informantes, pese a que la Legislatura provincial aún no adhirió a ella. Pero aquí aún no existe, por ejemplo, un registro (secreto) sobre el tema. Ni una norma interna que diga cómo proceder. También explicó que ante ese vacío legal, Vranicich procedió a cortar el uso de esa herramienta para las investigaciones.

Valoración. "En la comisión se empezaron a abordar esas informaciones y a poner en conocimiento que, según la auditoría, de acreditarse las denuncias y los hechos, nos encontraríamos frente a un hecho catalogado de gravedad institucional", dijo Mai. Hubo una andanada de preguntas, con una misma respuesta: "las faltas tienen que ver con el incumplimiento de sus funciones".