Pensar la constitución desde el ordenamiento territorial

El martes 8 de julio se llevó a cabo en la sede del Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Santa Fe Distrito 1 (CAUPSF-D1) el conversatorio "Pensar la Constitución", destinado a reflexionar y debatir sobre la inclusión en la próxima reforma constitucional provincial de puntos vinculados al ordenamiento territorial y al derecho a la ciudad.

La actividad fue organizada por la Mesa de trabajo integrada por el CAUPSF, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UNL, la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la UNR, la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UCSF y el Centro Universitario Rosario de Investigaciones Urbanas y Regionales (CURDIUR-Conicet-UNR). Instituciones que vienen trabajando conjuntamente en la temática desde el mes de noviembre, cuando se presentó el documento "Aportes para una gestión equilibrada del territorio" a la Legislatura provincial.

En esta oportunidad se sumó el apoyo de la Cámara de Diputados y Diputadas de la Provincia de Santa Fe (con la participación del diputado Pablo Farías), así como la organización del evento por parte del Instituto de Estudios Avanzados (IEA) Litoral, coordinados por su director científico, Dr. Gonzalo Sozzo.

Paneles

La jornada se organizó en tres paneles a cargo de especialistas nacionales y extranjeros. El primero de ellos fue "La constitucionalización del derecho al agua" y estuvo a cargo de Marta Paris (UNL-Fich), Marcelo García (Universidad de Illinois -Becario IEA Litoral) y Hugo Díaz (Universidad de la República, Uruguay). En este tema los expositores hicieron hincapié en la necesidad de incorporar el concepto de seguridad hídrica en la Reforma (que incluye al derecho al agua segura como un DDHH básico), así como la comisión de una gestión sostenible, planificada e integrada del recurso hídrico por cuencas y cauces y el fortalecimiento e igualdad de tratamiento a los diferentes prestadores.

El segundo panel desarrolló el tema "Ordenamiento territorial y ciudad como objetos constitucionales" y participaron José Antonio Tietzmann (Universidad Federal de Goias- Brasil), Bernard Dobrenco (Francia), Fabio Quetglas (UBA) y Blanca Soro Mateo (Universidad de Murcia-España). En este caso los expositores aclararon el carácter de contención social que tiene una Constitución, remarcando que requiere claridad y austeridad para lograr eficacia. Recomendando además fijar las competencias de los distintos niveles de gobierno, así como establecer presupuestos adecuados, reforzando principios de federalismo cooperativo como límites a los poderes locales.

La jornada finalizó con el abordaje de "La protección constitucional del patrimonio cultural" cuyos disertantes fueron Leticia Santarelli (CAUPSF-D1) y Luisa Duran (Universidad de Porto Alegre-Becaria IEA Litoral). Las expositoras coincidieron en la necesidad de incorporar el concepto de patrimonio cultural a la Constitución (teniendo especialmente en cuenta que la legislación internacional en la temática es más reciente que la Constitución vigente), a su acceso como DDHH y centro del desarrollo sostenible. Valoraron el concepto ya establecido en la región de "series patrimoniales", remarcando la importancia del reconocimiento local (incluso sobre el nacional) para la valoración y desarrollo del patrimonio (concepto que ha venido a revisar el de preservación), garantizando su paso a las generaciones futuras.

El desarrollo de este Conversatorio permitió, con la asistencia y participación de más de 80 especialistas (convencionales constituyentes, docentes, investigadores, funcionarios, técnicos y representantes de la sociedad civil), aportar al ajuste final de las propuestas a presentar.

Contenidos a presentar

Paralelamente a este encuentro la mesa de trabajo viene elaborando con especialistas de diversas disciplinas los contenidos a presentar a los distintos bloques y espacios políticos que conforman la Convención, a fin de lograr el acompañamiento necesario para incorporar esos puntos en la nueva Constitución.

En este sentido, y entre los puntos que habilita la Ley 14384 a discutir y sumar en la Reforma, que las autoridades provinciales provean a la protección del "derecho a la ciudad", a la utilización racional del territorio para organizar las actividades humanas y productivas, y a la preservación del patrimonio natural y construido. Reconociendo luego la necesidad de que se dicte una ley provincial posterior sobre ordenamiento territorial y planificación urbana y que los gobiernos locales promulguen las disposiciones necesarias para complementar sus mecanismos, sin alterar sus jurisdicciones e incumbencias.

Posteriormente, se sugiere, en relación al punto Principios en materia de Políticas públicas, que el ejercicio de la autoridad provincial, como de sus funciones en acuerdo a sus potestades, debería asentarse en la toma de decisiones fundadas, la eficiencia operativa y el cumplimiento normativo. Para ello debe estar guiada por principios de ordenamiento territorial, planificación y evaluación de políticas públicas, con actos basados en evidencia y gobernanza de datos.

En tanto, en el caso de modificaciones a los artículos de la Constitución vigente se propone la incorporación de los siguientes conceptos: En relación al Art 107 sobre Autonomía municipal, la provincia debe promover un régimen de asociación intermunicipal con la creación de órganos interjurisdiccionales para la gestión de intereses comunes. La constitución de áreas metropolitanas y de regiones, por medio de acuerdos inter-jurisdiccionales, facilitaría la unidad de escala para la planificación de políticas públicas comunes, la gestión de proyectos compartidos y la implementación coherente de acciones conjuntas tendientes al ordenamiento territorial.

En relación al Art. 55, que propone revisar las facultades de la Legislatura, se indica incorporar como inciso expresamente: legislar en materia de ordenamiento territorial.

Finalmente, el documento conjunto (aún en elaboración) recomienda en relación a las cláusulas transitorias que fueran necesarias para la implementación de las reformas: establecer el proceso de transición para la adaptación o anulación de las leyes y normativas territoriales y ambientales vigentes en relación al ordenamiento territorial y la planificación propuestos; definir etapas y mecanismos para producir la legislación sobre la organización y el Ordenamiento Territorial; fijar el proceso progresivo para generar recursos administrativos, técnicos y económicos para la gestión del ordenamiento del territorio y determinar soluciones transitorias (hasta que se promulgue la ley de ordenamiento territorial) a problemáticas específicas.