"Trabajamos al límite; el Patronato del Liberado quedó fuera de la reforma penal"

Con una cantidad de tutelados activos que supera, incluso, a toda la población carcelaria de la provincia, el Patronato del Liberado intenta cumplir con la función que le asigna la ley a pesar de la escasez de recursos y de una estructura que quedó marginada de los cambios que implicó el nuevo sistema penal. "Encontramos un Patronato muy debilitado", había dicho días atrás el propio ministro de Seguridad, Claudio Brilloni, a propósito del alto índice de reincidencia – 85% según el Ministerio Público de la Defensa- de los condenados que recuperan la libertad. El Patronato tiene en esa instancia la función social de contener y acompañar al liberado para que pueda lograr su reinserción social, pero tiene asimismo la responsabilidad de controlar las instancias de libertades condicionales y transitorias.

En diálogo con El Litoral, su actual director, Gustavo Paciaroni, describió la situación de la repartición; los desafíos, las limitaciones y las reformas que se plantean como imprescindibles para poder adecuar la estructura a las nuevas demandas. Evitó hablar de "debilidad", pero admitió que el organismo funciona al límite.

- ¿Cuál es la razón de ser del Patronato?

- Su razón de ser es el abordaje y el tratamiento de personas que hayan cometido algún tipo de delito penal ya sea privados de su libertad o no, y tratarla como una temática social. Si bien tiene una connotación judicial porque son personas condenadas, existe lo que se llama la ejecución de la pena y es ahí donde nosotros trabajamos en función de ello. En el caso de la persona que sale con la pena cumplida, tenemos una función social para asistirla hasta un año después de que haya recuperado la libertad. Se nos informa de todas las personas que han tenido una condena. Pero sobretodo tenemos injerencia directa en el caso de las personas que tienen libertad condicional porque somos el brazo ejecutor de la justicia penal y de la ejecución de esa pena.

- ¿Es un rol social para quien cumplió la condena y de control para la condicional?

- Sí, de control y también de acompañamiento de quien tiene condicional porque a la persona que estaba en prisión no le resulta fácil el afuera. Si bien se trata de una libertad controlada porque tiene que hacer una presentación mensual, nuestra función está también en poder acompañarlos.

- ¿Se vieron sobrepasados en los últimos años?

- En realidad el Patronato se ve sobrepasado desde hace mucho tiempo; marcó un punto de inflexión en 2014 con el nuevo sistema penal. Lamentablemente, desde entonces, el Patronato está como casi todas las instituciones públicas: desbordado. Las demandas sociales han ido creciendo por muchos factores que inciden en el delito: y si tenemos un mapa de la provincia, veremos que el delito es diferente según la zona. De las 10.500 personas que hoy tenemos en el sistema, el 65% está concentrado en el sur de la provincia y predomina el homicidio y robo. En tanto que en el norte es menos la incidencia y el delito que predomina es el robo y el abuso sexual. Hay diferentes realidades sociales y culturales.

- ¿Qué grado de incumplimiento tienen las personas con libertad condicional?

- Una persona que fue condenada y pasó a la ejecución de su pena sale con un conjunto de reglas que cumplir; nosotros registramos entre un 25 y 30% de incumplimiento de esas reglas. Como brazo ejecutor de la justicia penal lo informamos; la justicia penal vuelve a citar al condenado para pedir explicaciones y puede suspenderle el beneficio.

- ¿Hay un facilitamiento en el otorgamiento de las libertades condicionales de parte de los jueces?

- Yo no sé si facilitamiento; sí sé que hay diferentes jueces que aplican distintos criterios y de allí, esto de que esos criterios no sean justamente los que la sociedad está esperando. Pero sí están avalados porque hay criterios normativos que así lo permiten.

- ¿Cuál es la estructura del Patronato?

- Tenemos que aggiornar su estructura y ampliarla al espectro provincial. Hay dos proyectos que ya están en marcha. Hoy, las sedes administrativas del Patronato están en Santa Fe y Rosario pero la justicia nos da soporte para actuar en el resto de la provincia. Hoy la estructura del patronato es todavía la que se decretó en 2007 con la gestión de Jorge Obeid. Allí me inicié en lo que es la gestión pública. Soy testigo de ese proceso desde el principio. Esa estructura se intentó modificar en el 2008 con la gestión del Socialismo, pero quedó tal cual. Hubo una nueva modificación en 2014 pero no sumó, sino que restó. Yo estoy convocando a que el Patronato esté en la agenda para que logre estar a la altura de las circunstancias. Con el correr del tiempo y los cambios en la justicia penal, el Patronato no fue contemplado ni incluido en esos cambios. Y en eso hay responsabilidades compartidas.

- ¿Hoy se tiene la misma cantidad de personal que en 2007/2008?

- Pudo haber variado un poco pero no mucho; no hubo un crecimiento en función de lo que creció el trabajo del Patronato. Hoy por hoy tenemos casi la misma cantidad de personas en proceso de control y asistencia que quienes están presos. Hoy la población carcelaria es de 8655 personas; nosotros tenemos 10.500 tutelados. El Patronato es casi otro sistema penitenciario y además, libres. Tenemos una estructura de unos 40 empleados en toda la provincia aunque contamos con el auxilio del Poder Judicial. Pero insisto, se pensó en una reforma penal de avanzada, moderna y que apuntaba a garantizar derechos y garantías de todas las partes del proceso, pero no se lo incluyó al Patronato. Siempre quedó como una oficina que nunca terminó de estar a la altura de las circunstancias y aggiornada al nuevo sistema y a la nueva realidad compleja que tenemos.

- ¿Hay proyectos para cambiar esta situación?

- Sí, uno plantea una nueva estructura que incluya delegaciones en cada una de las 5 circunscripciones de la provincia, con una oficina y recursos propios. Asimismo, se discute un cambio de otra índole que quizá requiera un cambio por ley. Pensamos un Patronato en todas las circunscripciones judiciales como brazo de la ejecución real de la pena, pero dependiendo del Poder Judicial y ya no del Ministerio de Seguridad. Esto se tiene que debatir; puede ser como el MPA que es básicamente un organismo autárquico con dependencia funcional en el Poder Judicial; o directamente que sea un organismo que dependa de la Corte y de la Cámara de Apelaciones.

- ¿Cuál es la principal dificultad derivada de la falta de recursos?

- Tengo que reconocer que todo el personal –hay abogados, asistentes sociales y administrativos, que trabajan más en el control y los profesionales, abocados a lo social- trabaja bien a pesar de las limitaciones. Me siento orgulloso porque tenemos un recorrido del territorio que no sé si todas las instituciones lo tienen. Nuestro personal recorre toda la provincia y esos controles los hacemos nosotros. Hoy tenemos 500 prisiones domiciliarias que controlar. Sí tenemos que renovar la flota de vehículos; contamos con móviles (seis) pero estamos exigidos al límite tanto en recursos humanos como materiales. Es sumamente valorable el esfuerzo del personal porque en estas condiciones se siguen haciendo todos los controles que se nos plantean. Pero ésa es una parte; las domiciliarias que son 500. En el sur, tenemos 90 mujeres en prisión domiciliaria; éste es el punto más vulnerable porque suelen tener hijos. Se trata de valorar lo mucho que se hace a pesar de lo poco que se tiene. Pero todos los sistemas están colapsados. Desde que soy director, hace un año y medio, el número de tutelados aumentó entre un 25 y 30%.