El PJ no logró los dos tercios para apurar la salida de un funcionario

Luis Rodrigo
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Por ahora es sólo una expresión política del justicialismo, no de la Cámara de Diputados. Los once bloques del peronismo impulsaron -en la sesión de ayer- una comunicación que pretende pedirle al gobernador Antonio Bonfatti que “separe temporalmente” al subsecretario de Coordinación Operativa del Ministerio de Seguridad, Diego Poretti y al comisario principal Marcelo Jorge Bustamente.

El PJ pretende que ambos queden sin funciones “hasta tanto se resuelva la imputación que sobre ambos realiza la Justicia Federal por allanamiento ilegal e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Ayer, al peronismo no le alcanzaron los números a pesar de que cuenta con la mayoría de la Cámara (28 diputados sobre 50, como ha previsto la Constitución para el partido más votado), porque -esta vez- no contó con todos los diputados de la oposición.

El tratamiento del proyecto sobre tablas (sin despacho de las comisiones) requiere de una mayoría especial de dos tercios, que el PJ no tiene. Con la negativa del oficialismo a tratar el tema y -especialmente- de los dos bloques de diputados electos por el PRO, la cuestión quedó sin los votos necesarios. El proyecto que pide separar de su cargo a Poretti, en definitiva, se postergó hasta la próxima sesión. Al PJ le bastará con producir los correspondientes despachos en las comisiones -donde sí tiene las firmas necesarias- para asegurarse un tratamiento inmediato.

Como se informó ayer, el principal partido de la oposición se apoya tanto en las resoluciones como en los argumentos del fiscal federal de Santa Fe, Walter Rodríguez, que pidió investigar a ambos respecto de cómo se efectuó un allanamiento, el 27 de junio de 2012 en un domicilio de Colastiné Norte.

Según la oposición justicialista, los graves errores de ese procedimiento (no hubo orden de allanamiento judicial, por ejemplo) impidieron luego avanzar en una investigación sobre los dos detenidos en aquella oportunidad, a los que se les había secuestrado unos aparatos electrónicos, una pistola de aire comprimido, algo de dinero y un envoltorio de nylon que contenía un polvo similar al clorhidrato de cocaína.

La exposición del diputado Héctor Acuña abundó en detalles de la investigación que -además del fiscal mencionado- también impulsara el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Félix Crous. Ambos pidieron investigar (además de a Poretti y a Bustamante) también al ex jefe de la Policía, Hugo Tognoli, y al juez de Instrucción de Primera Nominación de la Provincia, Jorge Pegassano, “por los delitos de allanamiento ilegal e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Los acusados en el allanamiento ilegal de Colastiné Norte fueron sobreseídos porque “no puede pretenderse desconocimiento de las garantías constitucionales, pues ello importa, además, una violación a las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio”, según el juez federal que actuó en esa causa, Francisco Miño.

Debate

Aunque el tema fue a comisiones, hubo un breve debate ayer en Diputados.

Primero, cuando Acuña -que ponderaba el sistema constitución de garantías y el (supuesto) atropello de éstas por la policía provincial- concedió una interrupción a Julián Galdeano. El radical le recordó al justicialista que recientemente, como residente de la Comisión de Seguridad, le aconsejó al gobernador “efectuar un operativo masivo de allanamiento y saturación del distrito Alto Verde” para “secuestrar armas de fuego y municiones” ilegales.

La respuesta de Acuña fue que él había pedido que se hiciera con una orden judicial y que en Colastiné ésta fue la que faltó.

Luego, Griselda Tessio le recordó a Acuña sus 23 años como fiscal de la Justicia Federal y le aseguró que no extrañó que un procedimiento hecho para dar con unos elementos (por ejemplo, electrodomésticos) termine también con la incautación de drogas o armas. Y sobre todo, le recordó a su par que no es lo mismo que “la Justicia” tenga sospechas sobre alguien sino que quien investiga es “el fiscal”.

Tanto Acuña como luego Leandro Busatto dijeron que no había ninguna objeción personal contra Poretti, sino una profunda “preocupación” por la “gravedad institucional” de que se verifiquen procedimientos que no cumplen con las garantías constitucionales, lo que luego genera que las causas se caigan.

Comisión

Sin preferencia ni fecha de tratamiento a la vista, el diputado Héctor Acuña ingresó -con la firma de siete de sus pares peronistas- un proyecto de resolución (puede ser tratado en extraordinarias) que busca crear una comisión de información e investigación en torno al llamado caso Medina, que amenaza con complicar al gobierno con algo similar a lo de Colastiné Norte.

Pliegos

La Asamblea Legislativa aprobó ayer 22 cargos en la Justicia Penal: 2 jueces de Primera Instancia de distrito para Rafaela, por unanimidad, y 11 defensores y 9 fiscales, por votación dividida. Fue rechazado el pliego de la Dra. Gabriela Alicia del Castillo (por 36 votos en contra y 21 a favor). Y otro pliego, el de Eduardo Lago, fue retirado por el Ejecutivo el martes pasado.