El Poder Ejecutivo firmó los decretos de ingresos y subrogancias en el Poder Judicial

En toda la última semana, el Poder Ejecutivo publicó los decretos que venía reclamando el Poder Judicial acerca de nombramientos, ingresos y ascensos de personal. Estos decretos más los 85 pliegos remitidos a Legislatura -la mayoría de ellos para jueces- marca un clima de distensión entre los dos poderes.

El sábado pasado, horas antes de enviar los pliegos y empezar a firmar los nombramientos, el gobernador informó en su cuenta de Instagram que recibió al presidente de la Corte, Roberto Falistocco, en la delegación del gobierno en Rosario.

En Asamblea

Los pliegos de jueces, fiscales y defensores se considerarán en Asamblea Legislativa el 25 de septiembre.

En cuanto a los decretos de esta semana refieren a personal que ya está en funciones. “Que se deja constancia que el personal cuya designación se efectúa en carácter de titular, ha sido propuesto por la Secretaría de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia en base al Concurso oportunamente realizado” dicen todos los decretos.

Un tercer párrafo agrega “que la Dirección General de Administración del Poder Judicial informa que los cargos a cubrir se encuentran vacantes y constata la existencia de partidas presupuestarias disponibles para atender el gasto requerido”.

Hay decretos de designaciones individuales y colectivos. En total, son 155 los agentes que tenían frenado el expediente tal cual lo marcó una acordada firmada el pasado 5 de agosto por todos los ministros de la Corte santafesina. Uno de los principales de esos decretos, el 1991, abarca 75 designaciones para las circunscripciones 2 y 3 con cabecera en Rosario y Venado Tuerto.

En el acuerdo de agosto, la Corte hablaba de “relentización” del trámite que había motivado cortocircuitos el año pasado y que fueron analizados ese domingo 8 de septiembre cuando el gobernador Pullaro recibió -muy temprano- a todo el máximo tribunal.

Continuidad

En agosto, la Corte exhortó al Poder Ejecutivo -por conducto del ministerio de Justicia y Seguridad- "para que disponga del modo más urgente posible, la materialización de los procedimientos orientados al dictado de los decretos que permitan dar continuidad a los expedientes oportunamente remitidos por este Poder Judicial".

En los considerandos, el tribunal supremo advierte que "se constata nuevamente una relentización en el dictado de los correspondientes decretos que debe dictar el Poder Ejecutivo para poder dar continuidad y así llegar a la conclusión de los trámites administrativos referenciados".

Y agregaba: "Convirtiéndose así en una situación análoga a la acontecida durante el año 2024 y que fuera puesta en conocimiento del ministerio de Justicia y Seguridad".

Aclaraba la Corte que, a agosto, "implica la existencia de más de 155 expedientes que se encuentran en dicha situación de demora, que en algunos casos se remonta a más de diez meses, los que de una manera u otra afectan derechos en la carrera administrativa dentro de este Poder Judicial".