Primeras reacciones ante el plan desregulador del sector energético

En la semana en que se extinguieron sus facultades extraordinarias nacidas de la Ley Bases, el gobierno nacional dictó dos decretos que producen cambios profundos en el sector energético, de dimensiones tan importantes como las que en la década del '90 crearon el actual sistema, privatizaciones y regulaciones mediante. En rigor, junto con las compañías llegadas desde el exterior para gestionar agua, cloacas, gas, generación, transporte y distribución de la energía eléctrica (la Epe fue una excepción), se pusieron también en marcha unos inéditos marcos regulatorios y entes de control.

Aquel gobierno peronista de Carlos Menem (hoy en nostálgica revisión a partir de una serie y alguna similitud con la gestión actual) llevó adelante la venta de activos del Estado Nacional mediante leyes que prácticamente no se han tocado, aunque sí desobedecido por vía de emergencias en más de 35 años.

Pero ahora los cambios, iguales o aún mayores que aquellos, se dictan a sola firma del Poder Ejecutivo Nacional, fundados en una ley que le dio facultades delegadas por la mayoría en el Legislativo, cuya vigencia se extinguió el 9 de julio.

Aquellas leyes fueron diseñadas por Roberto Dromi, fallecido en noviembre de 2024, que fue ministro de Menem entre el 8 de julio de 1989 y el 4 de enero de 1991, además de asesor de Julio de Vido durante el kirchnerismo (e intendente de Mendoza en la dictadura).

Estos decretos actuales, en cambio, tienen la letra de Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Son el resultado de confiar en las normas del mercado sobre los llamados monopolios naturales (en el mejor de los casos son oligopolios), para el futuro del sector energético en el país.

El funcionario formó parte del gobierno de Fernando de la Rúa en 2001 como secretario de Política Económica y más tarde fue diputado nacional del Pro. Entre 2015 y 2018, se desempeñó como presidente del Banco Central de la República Argentina, durante la presidencia de Mauricio Macri.

Diferencias

Importa aquí ver la distancia entre Dromi y Sturzenegger. Y las certezas que al sector pudieron transmitir aquellas leyes y estos DNU. En los '90 una Ley, la de Convertibilidad, fijaba en un peso la cotización del dólar y así fue hasta el estallido de 2001. Y desde entonces hasta 2017 se sucedieron las leyes de emergencia que suspendieron (entre otras normas) las regulaciones sobre el sector de la luz eléctrica y el gas natural.

Es un dato relevante que en la semana de la dura derrota del gobierno en el Senado, el ministro Sturzenegger haya dicho que las transformaciones hechas por el actual gobierno nacional tienen la fortaleza institucional necesaria, a propósito de lo que -en su interpretación- le ha permitido la Ley Bases.

La segunda semana de julio ha sido difícil para el gobierno nacional. Le pasó de todo: desde el quiebre interno sin disimulos con la vicepresidenta Victoria Villarruel, hasta las leyes votadas por muy amplia mayoría que considera "desestabilizadoras" de su programa económico al disponer módicas actualizaciones de los haberes jubilatorios y ayudas al declararse la emergencia en discapacidad. Entre medio, hubo un frustrado acto del 9 de Julio en la más absoluta soledad política, sin los gobernadores que un año atrás le habían dado su respaldo y ahora en cambio se aseguraron -ley mediante- que la nación deje de quitarle los recursos que corresponden a las provincias.

Reivindicación

Unos pocos días antes de que sesionaran los senadores que con votos del peronismo, el radicalismo y otras fuerzas aprobaran las leyes que no quiere el gobierno, a Sturzenegger le tocó explicar las razones del cierre de la Dirección Nacional de Vialidad.

Además de hablar del tema, el economista puso el acento en que los decretos que tienen su firma y la del presidente son válidos e institucionalmente impecables.

Fue en una entrevista televisiva, en La Nación Más, mientras explicaba qué pasaría con Vialidad Nacional y los despidos que se planean llevar a cabo.

El ministro hizo unas declaraciones que no son propias del estilo libertario. Más bien parecen propias de un "ñoño republicano", según la terminología de LLA.

"Esta es la primera vez que un gobierno se atiene a la letra de la Constitución", a la hora de llevar adelante cambios con las facultades extraordinarias.

Dijo que "no nos movimos ni una coma del mandato que nos da la Constitución", respecto de las materias delegadas y el plazo en cuestión (de un año).

Un camino de alto riesgo

Luego de esas declaraciones se votaron las normas que la Casa Rosada rechaza y el mismo jueves 10 tuvo lugar el discurso de Milei en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde anticipó que habrá veto, lo que es lógico. Y también algo de alto riesgo: que si no consigue voltear las normas para beneficiar a provincias, jubilados y discapacitados irá por la "judicialización" de esas normas.

Poco se ha hablado de este último camino, puesto por ahora solo en términos de una amenaza. La judicialización de leyes supone que también otras normas podrán serlo. Y que no siempre se contará con el poder para presionar a la Justicia para provocar fallos a favor.

Es volver a vivir sin leyes. Y si una norma puede eventualmente ser demolida por vía judicial, más aún un DNU.

Mensaje

Bajo el subtítulo "Desconcierto empresario", en el sitio Iprofesional, el periodista Andrés Sanguinetti habla de las reacciones que en empresas del sector energético han causado los decretos de desregulación y que -contra lo proclamado- sí habrá la posibilidad de que en el futuro se podrá "seguir regulando los precios de la luz y el gas, a pesar de la impronta libertaria que el presidente argumenta para prometer la liberación de las tarifas, además de la eliminación o fuerte reducción de los subsidios".

Recuerda que siguen las diferencias entre las empresas del sector y las autoridades nacionales sobre la recuperación de las tarifas.

Esas compañías en luz y gas "miran con recelo los capítulos de los cambios introducidos por los decretos presidenciales vinculados a los mecanismos que se deberán respetar a partir de ahora en el plano tarifario".

Se menciona que pese a proclamarse la libertad de precios también se establece que "las tarifas que apliquen los transportistas y distribuidores deberán contemplar que la rentabilidad sea similar a la de otras actividades de riesgo equiparable o comparable y que tenga relación con el grado de eficiencia y prestación satisfactoria de los servicios". Que habrá "tarifas máximas" cuando se liciten habilitaciones de transporte y distribución de energía eléctrica y gas.

Los decretos despiertan "cierta inquietud y preocupación en el ámbito de las empresas proveedoras de estos servicios públicos".

"Además de la norma que podría permitir a los usuarios de Edesur, Edenor o de cualquier otra distribuidora de luz elegir su proveedor, también causa un profundo e impensado malestar otra serie de disposiciones que abren la puerta a la continuidad del control del Estado Nacional sobre las tarifas de estos servicios", dice esa publicación al analizar los cambios introducidos a la Ley N° 24.076 como marco regulatorio de la actividad, en especial en lo referido al capítulo dedicado expresamente a las tarifas de luz y gas.