Diputados avanza en una ley en discapacidad, con eje en "prestaciones, pensiones y estigmatización"

La Cámara de Diputados de la Nación avanzó en la declaración de la Emergencia en Discapacidad, a través de un plenario de comisiones que este miércoles dio aval al proyecto impulsado por Unión por la Patria. De esta manera, la iniciativa quedó en condiciones de ser debatida en el recinto en una próxima sesión especial, aún sin fecha definida.

El encuentro se llevó a cabo la reunión conjunta de las comisiones de Discapacidad, de Acción Social y Salud Pública, y la de Presupuesto y Hacienda, en cumplimiento del emplazamiento realizado por el pleno de la Cámara en la sesión especial del pasado 8 de abril.

En total se despacharon cuatro dictámenes: el de mayoría se alzó con 59 firmas de los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica y Frente de Izquierda, mientras que los de minoría reunieron uno 14 firmas del PRO y el MID; el otro tuvo 8 firmas de Democracia Para Siempre, y el último 7 firmas de la Unión Cívica Radical.

La iniciativa que consiguió el dictamen de mayoría propone declarar la Emergencia en Discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. Su objetivo central es “asegurar los derechos al nivel adecuado de vida, salud, habilitación, rehabilitación, educación, protección social y trabajo de las personas con discapacidad”.

Tres ejes de la emergencia

En carácter de autor del proyecto y de titular de la comisión de Discapacidad, Daniel Arroyo expuso los fundamentos de la propuesta y definió los objetivos centrales del texto en base a tres ejes: actualizar las prestaciones desfasadas en los servicios para las personas con discapacidad; acceso a las pensiones en no contributivas por invalidez laboral; y el maltrato infringido desde el Ejecutivo a través de la Resolución 187/25.

Sobre la primera de esas tres cuestiones, Arroyo enfatizó sobre los congelamientos en los valores que paga el Estado a transportistas, acompañantes terapéuticos, centros de día y profesionales, impactando en la vida de miles de personas. “Hay instituciones que ya no pueden sostener las prestaciones porque los valores están absolutamente desfasados”, alertó.

El exministro de Desarrollo Social reconoció que la situación es crítica desde hace tiempo, pero resaltó que "ha empeorado porque no hubo ningún aumento para las prestaciones". En ese sentido, detalló que el proyecto propone actualizar el valor del nomenclador que pagan obras sociales, prepagas y el propio Estado, en base a la reasignación de recursos subejecutados de las que dispone el gobierno nacional.

Respecto al eje de pensiones, apuntó contra la Agencia Nacional de Discapacidad. “El gobierno no está haciendo la auditoría como corresponde, identificando los problemas reales y no llevando a un estado de desesperación a 1.200.000 personas con el envío de cartas documentos que en la mayoría de los casos no llegan porque está desfasada la base de datos de la Andis”, criticó.

En ese punto, Arroyo cuestionó que hay 500 mil personas que se presentaron para acceder a la pensión, pero “en los últimos 14 meses solo entraron 586, el 0,1%”. “Es necesario hacer una auditoría, pero no poner a las personas a hacer 10 horas de cola, todo porque a la Andis le han pedido un nivel de ajuste que no es posible cumplir”, apuntó.

Sobre la cuestión del maltrato institucional, explicó que "se generó una estigmatización sobre las personas con discapacidad a través de la Resolución 187, donde se cambia el sistema de pensiones, retrocediendo al siglo pasado cambiando las pensión a invalidez laboral y con conceptos obsoletos denominando a las personas con discapacidad como ‘idiotas’, ‘imbéciles’, ‘débiles mentales’”. También, puntualizó como maltrato la difusión de un caso falso por parte del vocero presidencial en el otorgamiento de una pensión mediante la radiografía de un animal.

Cambios "lógicos y razonables"

Arroyo resaltó además que se contemplan instancias de revisión para corregir distorsiones en el otorgamiento de pensiones y servicios. “El proyecto toma como base para las pensiones diciembre de 2023 antes del 120% de devaluación y actualiza las prestaciones al mes de abril, descontando lo que ya fue aumentado. A partir de esa compensación, establece que la Andis debe hacer un nuevo nomenclador razonable, lógico en término de los montos que requieren las prestaciones para las personas con discapacidad”, resumió Arroyo.

También destacó que el dictamen de mayoría incorporó aportes de otros bloques a las que calificó de “mejoras sustantivas". Por ejemplo, indicó "la incompatibilidad entre jubilación y pensión por discapacidad, la sostenibilidad de la seguridad social y la incorporación de criterios de equidad para garantizar que quienes realmente lo necesitan puedan acceder a los beneficios del sistema”, puntualizó.

“Es evidente que estamos ante una emergencia, no es que el sistema está un poco desfasado, esta desactualizado. Necesitamos un sistema de pensiones lógico y razonable y declarar la emergencia hasta fines de 2027, establece con claridad condiciones para ordenar lo que está mal y tener un nuevo nomenclador, ordena sanamente el tema de las pensiones no generando un impacto fiscal y sale del maltrato”, concluyó.

Dictámenes de minoría

El plenario también dio lugar a la presentación de tres dictámenes de minoría. Uno de ellos fue impulsado por el PRO. Su expositor, Martín Maquieyra, marcó como diferencia que se "plantea la actualización por el índice de precios al consumidor del nomenclador y de las prestaciones”. Además, indicó que el espíritu del proyecto debe estar puesto en la inserción laboral: “La mejor forma de dar dignidad a cualquier persona es que pueda conseguir un trabajo en blanco, sobre todo en el sector privado”.

Desde la UCR, Natalia Sarapura acompañó la declaración de emergencia, pero remarcó la necesidad de profundizar “la priorización en la agenda de la política pública y en la garantía efectiva de derechos”.

Por su parte, Ana Carla Carrizo, de Democracia para Siempre, planteó objeciones sobre la extensión del proyecto: “Queremos que la emergencia sea acotada. No estamos de acuerdo con que dure hasta 2027. Proponemos un año y medio. Además, exigimos que el Ejecutivo se siente a discutir el presupuesto”.

Silla vacía

La reunión estuvo marcada por una ausencia significativa: la del titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, un actor clave en el armado legislativo del oficialismo en temas fiscales. El faltazo del libertario generó el repudio de la mayoría de los diputados presentes, quienes cuestionaron la falta de compromiso para tratar un tema que afecta directamente a un colectivo con altos niveles de vulnerabilidad y le achacaron que busca obstaculizar el tratamiento presupuestario de la norma.

Reclamos de urgencia

Mientras en los Anexos del Congreso se debatía el proyecto, afuera se congregaron personas con discapacidad, familiares, organizaciones sociales, centros de atención y prestadores de servicios del sector, exigiendo respuestas ante lo que consideran un “ajuste brutal”.

El reclamo se concentró sobre tres ejes: el congelamiento de valores de las prestaciones, los recortes en las pensiones no contributivas y los crecientes obstáculos administrativos para acceder a servicios básicos.