La reforma judicial que prepara Milei: más juzgados en las provincias y la Corte fuera de la selección de jueces

Con la mayor renovación de magistrados federales de las últimas dos décadas como punto de partida, el gobierno de Javier Milei prepara una segunda etapa de cambios en el sistema judicial.

La agenda incluye crear nuevos juzgados en el interior del país, modificaciones al proceso de selección de los ministros de la Corte Suprema, apartar del Consejo de la Magistratura al máximo tribunal, y reformas a los códigos Civil y Penal.

El tema estuvo en la mesa de conversaciones del Presidente esta semana, a su regreso de Perú, en una reunión con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Según recoge La Nación, en el encuentro se trató también la cuestión de las vacantes en la Corte Suprema de Justicia, que sigue funcionando con tres miembros de los cinco que deben integrarla.

Se trata de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El año pasado, tras apurar la jubilación de Juan Carlos Maqueda para cubrir su lugar, Milei envió los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. Pero ambos fueron rechazados por el Senado.

Desde entonces, el Gobierno no volvió a insistir al respecto, hasta que el arribo del proactivo Mahiques permitió reactivar el tema, y el análisis de una serie de nombres que, previa negociación, tengan chances de alcanzar el necesario respaldo legislativo.

Por lo pronto, el Gobierno ya modificó, mediante el Decreto 467/2026, el procedimiento establecido desde 2003 para la selección de candidatos al máximo tribunal.

Entre otros cambios, eliminó la instancia específica de participación ciudadana previa al envío de los pliegos y dejó sin efecto recomendaciones referidas al equilibrio de género, la representación regional y la especialización de los postulantes, con el argumento de agilizar el proceso y evitar duplicaciones con el trámite parlamentario.

Nuevo escenario

El impulso al debate para completar la Corte recobrado proviene de un panorama que el oficialismo ve como auspicioso: cuando Mahiques asumió como ministro de Justicia en marzo de este año en relevo de Mariano Cúneo Libarona, el tenía pendientes los trámites para cubrir 200 vacantes de jueces, además de 72 cargos de defensores oficiales y 65 de fiscales.

De inmediato, comenzó a remitir sucesivas tandas de pliegos al Senado, priorizando cargos del interior del país. En pocos meses se enviaron más de un centenar de postulaciones, luego se incorporaron nuevas remesas y el objetivo oficial es alcanzar cerca de 300 pliegos durante 2026.

Como consecuencia de ese proceso, el porcentaje de vacantes en la Justicia nacional y federal comenzó a reducirse luego de varios años prácticamente sin designaciones. Esto señaliza el nivel de éxito del nuevo ministro, que incluye haber conseguido la extensión del mandato a los magistrados para los cuales el Ejecutivo lo pidió, comenzando por su propio padre, el camarista Carlos Mahiques.

Redistribuciones

En los próximos días, Mahiques remitirá al Senado el pliego número 200 en su avanzada para llenar los cargos judiciales vacantes. Pero, simultáneamente, Milei y Mahiques trabajan en una reestructuración de la Justicia nacional.

La estrategia parte de un diagnóstico compartido por distintos sectores del sistema judicial: la fuerte concentración de causas en algunos tribunales, el elevado número de vacantes y una distribución desigual de los juzgados federales entre la Ciudad de Buenos Aires y las provincias.

La iniciativa aspira a reducir la cantidad de cargos en esa jurisdicción y reforzar con los recursos sobrantes las Justicias provinciales, sobre todo en territorios del norte y del noreste, que tienen frontera con otros países.

La intención oficial es impulsar la creación de nuevos juzgados y tribunales en provincias donde la demanda supera ampliamente la capacidad instalada, especialmente en materias vinculadas con narcotráfico, crimen organizado, contrabando, delitos económicos y litigios federales.

El movimiento también busca equilibrar una estructura históricamente concentrada en el Área Metropolitana de Buenos Aires, fortaleciendo jurisdicciones provinciales que hoy funcionan con una importante sobrecarga de trabajo.

Pero además, el plan contempla reducir de 12 a 8 los juzgados federales de primera instancia de Comodoro Py 2002 y pasar de 13 a 9 a los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, el tribunal penal más importante del país por debajo de la Corte Suprema de Justicia.

Más allá de la concentración de poder en menos manos, la supresión de cargos significa una liberación de recursos que serían destinados a las provincias, justamente bajo la creación de estructuras en sus respectivos ámbitos. La medida tendría el doble efecto de equilibrar un poco la distribución territorial, y a la vez abrir la chance de una nueva carta de negociación con gobernadores.

Cambio de guardia

En tanto, el plan del Gobierno incluye cambios en la ley del Consejo de la Magistratura, el organismo que se encarga de elegir y remover a los jueces. Entre las modificaciones en carpeta aparece la idea de sacar a la Corte Suprema de Justicia del Consejo de la Magistratura, además de reducir la cantidad de representantes de todos los estamentos de jueces, abogados, académicos y políticos.

El Consejo de la Magistratura es un órgano político de designación y remoción de jueces creado por la reforma constitucional de 1994. En su ley original tenía 20 integrantes y estaba encabezado por el presidente de la Corte. En el kirchnerismo, en 2006, se cambió la ley y se llevó a 13 integrantes.

Quince años más tarde, el 16 de diciembre de 2021, la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de los artículos 1° y 5° de la ley 26.080. Sostuvo que la norma había roto el “equilibrio” entre los estamentos que exige el artículo 114 de la Constitución, sobredimensionando el peso del sector político.

La Corte ordenó volver a la integración de 20 miembros, con las reformas de la ley 24.939 (la versión previa a 2006): más jueces, más abogados y más representantes del ámbito académico y científico, en relación con los representantes políticos.

Le dio al Congreso un plazo de 120 días corridos para sancionar una nueva ley que respetara ese equilibrio constitucional. Vencido el plazo sin que el Congreso legislara, dispuso que regiría automáticamente la composición de 20 miembros de la ley anterior.

También estableció que, hasta tanto se completara esa nueva integración, el presidente de la Corte Suprema, Rosatti, presidiría automáticamente el Consejo de la Magistratura, luego de que desde la reforma de 2006 ese cargo fuese cubierto anualmente por voto de los consejeros. Esto es lo que ahora el proyecto del Gobierno buscaría cambiar.

Códigos en la mira

La agenda oficial incluye además la revisión de normas de fondo. En el Ministerio de Justicia trabajan equipos técnicos en propuestas de actualización del Código Civil y Comercial y del Código Penal.

En materia penal, el propósito es modernizar figuras vinculadas al crimen organizado, delitos económicos, ciberdelitos y corrupción, además de armonizar la legislación con el sistema acusatorio federal.

Respecto del Código Civil y Comercial, los cambios apuntarían a simplificar procedimientos, revisar institutos incorporados en la reforma de 2015 y adecuar distintas normas a la política de desregulación impulsada por el Gobierno.

En la Casa Rosada reconocen que la mayor parte de estas iniciativas requerirá mayorías legislativas que hoy el oficialismo no posee. Por ese motivo, la estrategia consiste en avanzar primero con las medidas que pueden instrumentarse mediante decretos o reglamentaciones administrativas, mientras se negocian consensos parlamentarios para los proyectos de mayor envergadura.