El gobierno de Unidos para Cambiar Santa Fe es pragmático. Y por resultados más que posiciones doctrinarias procura mejorar siempre desde el sector público las prestaciones de la distribución de la energía y de agua y saneamiento. Reformas de fondo y perspectivas.
En los servicios públicos de la provincia de Santa Fe, tanto en la Empresa Provincial de la Energía como en Aguas Santafesinas SA, sus gestiones concluyen el año con la vista puesta en el próximo, del que se esperan fuertes cambios, mejoras e inversiones, mayores que en 2025.
Habrá que ver si esa esperanzadora mirada se parece o no a los letreros que en los almacenes barriales dicen "Hoy no se fía. Mañana, sí". ¿Llegará ese mañana en que Santa Fe cuente por fin con un nuevo marco regulatorio en materia de servicios sanitarios que construya una nueva política pública estratégica para el acceso universal al agua potable con equidad en precio y distribución territorial? Y del mismo modo, para los usuarios de la eléctricidad ¿habrá por fin una legislación que reconozca los derechos de quienes están en el extremo final de las líneas de distribución de energía de la Epe, o de quienes desean ese servicio o no lo tienen en la calidad que corresponde?
La Legislatura que fue capaz en el año que termina de acordar una ley que hizo posible la reforma de la Constitución no logró aún en su actual integración (como en las últimas décadas) darle a esos servicios públicos unas reglas generales actualizadas.
Modelos'80y'90
Los modelos de sociedad anónima en un caso (nacido en los '90) y de empresa estatal en otro (surgido en los 80 y retomado en 2007) se reformarán según las leyes que en 2026 y 2027 se sancionen para contar con prestadores públicos que no deje lugar a dudas sobre su transparencia, eficacia y sustentabilidad. Los objetivos son, en suma, que ya no se trate de sectores susceptibles de bolsones de corrupción, "empresas paralelas", abusos sectoriales o burocratización en las decisiones. Que cada vez menos sean corporaciones, pero tampoco que los trabajadores pierdan su sentido de pertenencia o hablen con quien tengan la oportunidad de como en los mandos medios existe "cierta desmotivación" por la falta de diálogo interno en el caso de la Epe, o de "acusaciones que muchas veces son injustas" en el de Aguas. Acaso ese haya sido el precio de poner en caja algunas variables que se habían salido de control.
Más allá de la relación entre los funcionarios políticos a cargo de ambas y los planteles laborales, quien revise 2025 y sus resultados verá que los ajustes de todo tipo -que se notaron aún más en 2024- dieron resultados, que los números se han comenzado a cerrar. Hubo claro subas de tarifas que cubren el costo de funcionamiento de los servicios. Por ahora, las inversiones en nueva infraestructura eléctrica proviene sobre todo de la propia empresa provincial y en cambio, para agua y cloacas, se requieren obras financiadas por el sector público. (1)
En la provincia de Santa Fe el 63% de los habitantes cuenta con los servicios de Assa. El resto tiene como prestadores a comunas (229), cooperativas (127) y municipios (31).
Sin dudas, en términos de una perspectiva de mayor plazo que 2026, a los dos años de gestión del gobierno de Unidos para Cambiar Santa Fe le queda por delante un perfil de comunicación que reivindique por fin la decisión política tomada por el gobernador Maximiliano Pullaro de crear condiciones para una mayor eficiencia en el Estado. De tener "un método" para gestionar y de convencer a los santafesinos que no sería una buena decisión repetir los fracasos de la década de los '90 y sus privatizaciones o intentos de privatización que significaron el vaciamiento de esas empresas. Quedan dos años para seguir ese rumbo.
Una última clave general para ambos servicios: quienes gestionan y quienes trabajan en ambas prestaciones, tanto la de distribución de energía como de provisión de agua potable y cloacas (que cubre al 6t3% de los hogares santafesinos) saben que los problemas más serios están en la ciudad de Rosario. El verano los pondrá a prueba.
Perspectivas
Pocas veces hubo como hoy una dependencia tan fuerte de la Empresa Provincial de la Energía para con la Casa Gris, al menos respecto de cómo, quién, cuándo y qué se comunica. Es una decisión política: reforzar el control gubernamental sobre una estructura que -si no se la sigue de cerca- ha mostrado que en ocasiones toleró casi cualquier tipo de abusos. Esa ha sido la marca de este último año, con el Ministerio de la Producción como interlocutor principal para las consultas periodísticas. Habrá que ver si es sostenible y si no genera cierto encierro de la compañía para dar explicaciones cuando haya problemas.
Mientras tanto, las medidas de fondo para creadores de empleo como el "Beneficio Epe" en combinación con otras para promover la actividad deberían mostrar resultados el año próximo, siempre que las condiciones económicas nacionales acompañen a Santa Fe.
En tanto, en saneamiento se espera que haya novedades entre los últimos días de 2025 y los primeros de 2026 para que una norma general regulatoria, que también abarque a otros prestadores y al hoy alicaído Enress, sea central en el agenda de los legisladores desde el 15 de febrero próximo cuando se inicie el período ordinario de sesiones.
(1) Al cierre de esta edición, el gobierno nacional volvía a cumplir con su compromiso de financiar la ampliación de las plantas potabilizadoras de Rosario y Santa Fe, cuyos giros había cortado desde la disolución del Enohsa a fines de 2024. El resto de las obras de Aguas se pagan con fondos que aportan todos los santafesinos, tengan o no esa prestación.