Los modelos de sociedad anónima en un caso (nacido en los '90) y de empresa estatal en otro (surgido en los 80 y retomado en 2007) se reformarán según las leyes que en 2026 y 2027 se sancionen para contar con prestadores públicos que no deje lugar a dudas sobre su transparencia, eficacia y sustentabilidad. Los objetivos son, en suma, que ya no se trate de sectores susceptibles de bolsones de corrupción, "empresas paralelas", abusos sectoriales o burocratización en las decisiones. Que cada vez menos sean corporaciones, pero tampoco que los trabajadores pierdan su sentido de pertenencia o hablen con quien tengan la oportunidad de como en los mandos medios existe "cierta desmotivación" por la falta de diálogo interno en el caso de la Epe, o de "acusaciones que muchas veces son injustas" en el de Aguas. Acaso ese haya sido el precio de poner en caja algunas variables que se habían salido de control.