El Senado tiene todo listo para renovar el Fondo de Electrificación Rural

Luego de mantener reuniones con el directorio de la Empresa Provincial de la Energía y con la secretaria de la Energía de Santa Fe, Verónica Geese, la mayoría en el Senado de la Provincia busca aprobar con media sanción su proyecto de ley para mantener el Fondo de Electrificación Rural, que hoy representa el 1,5% de cada una de las tarifas.

Se trata de un subsidio cruzado del común de los usuarios a los llamados usuarios potenciales, es decir, aquellos que aún no gozan del servicio y que podrían hacerlo si se extienden las redes. También para mejorar los servicios existentes en áreas alejadas de los principales núcleos urbanos o en muy pequeñas localidades.

El senador por San Cristóbal Felipe Michlig es el autor de la iniciativa que busca sostener por diez años ese fondo, que tiene la ventaja de contar con un control externo para su ejecución, a cargo de los propios legisladores de ambas Cámaras para evitar que esos recursos sean utilizado con otros fines (como gastos corrientes) dentro de la empresa distribuidora estatal.

La cuestión de los números no es menor, más en una compañía que no ha logrado superar su déficit. Su presidente Hugo Marcucci advirtió al asumir en diciembre del año pasado que las cuentas por entonces mostraban un rojo de 30 mil millones de pesos que cubre el tesoro. Por eso es clave que el aporte de 1,5% de cada una de las boletas tenga la supervisión de una comisión bicameral específica.

El texto estuvo en comisiones durante casi todo 2024 y fue habilitado por el gobernador Maximiliano Pullaro, durante las presentes sesiones extraordinarias que se han caracterizado por una actividad inusual para los meses de verano. Desde que llegó a la Cámara alta el asunto impulsado por el presidente provisional radical (que preside el Comité Provincial de la UCR) dos hechos mostraron el consenso que despierta: primero fue firmado por todos sus pares del oficialismo y de la oposición; los 19 representantes de los departamentos acordaron la continuidad de esa política de Estado que se inició con los gobernadores socialistas, continuó con la gestión del justicialismo y ahora tiene fecha de vencimiento en junio. Por otra parte, en cada una de las sesiones de la Cámara alta se renovó la preferencia para su tratamiento sólo con el objetivo de agregar más opiniones y mejorar el texto inicial. Sin prisa, ni pausa, para que también la Cámara de Diputados tenga el tiempo necesario para que no haya cambios en la facturación de la empresa.

La Ley Nº 13.414 fue sancionada en junio de 2014 y prorrogada mediante otra norma de 2019 hasta el 4 de julio de 2024. Todo indica que antes de que concluya su vigencia, la legislación que sostiene el FER será renovada y por el doble del período con que se inició, a la luz de sus resultados.

En su intervención desde su banca, al presentar su proyecto, Michlig destacó que el uso de los aportes del conjunto de los santafesinos en sus facturas tiene control parlamentario, con la presencia de legisladores de todos los bloques con representación legislativa. Para el presente período los representes por la Cámara alta son los radicales Orfilio Marcón (General Obligado) y Esteban Motta (San Martín), así como el justicialista Hugo Sosa (Vera).

Hoy la norma prevé asistencia a pobladores rurales y productores agropecuarios y, también, a poblaciones de menos de 3.000 habitantes. Uno de los cambios propuestos es que se alcance a poblaciones de hasta 5.000 habitantes "para contemplar otras localidades excluidas".

Asimismo, la Epe podrá destinar sus recursos a compras e implementación de tecnología aplicada al servicio de distribución de media tensión; gestión de convenios de trabajo mutuo con Comunas; contratación de cuadrillas de trabajos a terceros; implementación de sistemas de generación mediante energías renovables en zonas inhóspitas; adquisición de móviles todo terreno; implementación de sistemas de medición a distancia; y realización de obras de electrificación en loteos comunales, cuya superficie sea inferior a los 100.000 metros cuadrados.

Debate sobre la Caja de Jubilaciones

El otro tema pendiente para esta tarde es el de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe, que hoy padece la desfinanciación ilegal de su déficit por parte del gobierno nacional. La situación de hecho es que la Nación se niega a remitir los fondos que corresponden a Santa Fe por la transferencia de otras cajas provinciales que -desde la década de los ‘90- con la creación de las AFJP y su posterior estatización recae sobre los impuestos de todos los argentinos, los santafesinos incluidos.

Pero más allá de la incluso declamada idea de las autoridades de la Casa Rosada de no cumplir con su obligación legal de asistir a las cajas provinciales no transferidas (Córdoba sufre lo mismo), la Caja provincial santafesina tiene un déficit creciente que requiere de más fondos que los que debería aportar la Nación. (El gobierno nacional anterior difería pagos y remitía fondos con demoras o detracciones discutibles pero al menos no desconocía el derecho de Santa Fe a recibir una compensación por no haber transferido su organismo previsional, y su déficit, a las arcas nacionales como casi todas las provincias).

Del tema ya se había ocupado el senador peronista Joaquín Gramajo (9 de Julio) durante la gestión de Miguel Lifschitz. Pero su proyecto fue mal interpretado por sectores gremiales e incluso por parte del oficialismo de entonces en Diputados, bajo la idea de que la iniciativa de estudiar a fondo los números previsionales de los agentes del Estado provincial podría esconder una aviesa intención de privatización. Está claro que nunca esa opción fue parte de lo planteado por el legislador, y mucho menos por aquella gestión, pero el tema quedó en comisiones sin más firmas que las de Gramajo que tiene su propio bloque con Unite y está cerca del gobernador Maximiliano Pullaro.

Ahora ese texto vuelve a presentarse pero con más firmas del interbloque oficialista de Unidos por Santa Fe que integra el senador norteño, y que preside el radical Rodrigo Borla. Habrá que ver si a esas rúbricas se suman los de los cinco senadores del PJ por la minoría. Los plazos de la norma están en duda: 60 días para que se convoque, contrate y produzca un informe de fondo sobre los números de la Caja parecen poco tiempo.

En cualquier caso el ánimo que domina a la totalidad del cuerpo es el de cuidar el órgano de los pasivos públicos provinciales. Tanto de la arbitrariedad del gobierno nacional que eventualmente deberá ser resuelta por la justicia como de sus propios desequilibrios.