Somaglia ante la necesidad de fortalecer la mediación para evitar la judicialización

"La secretaría de Justicia -más allá de la articulación de políticas judiciales y la confección de proyectos de leyes- realiza, día a día, una serie de gestiones que permite que la ciudadanía pueda acceder a satisfacer distintos tipos de reclamos y de demandas. Pese a la pandemia, con obstáculos, se han podido satisfacer la mayioría de los trámites". La afirmación es de Gabriel Somaglia en diálogo con El Litoral trazando un balance de lo actuado en diferentes áreas que dependen de la secretaría.

El repaso abarca lo realizado en los registros de la Propiedad y Civil, el sistema de mediación prejudicial; el Registro Único de Aspirantes a Guardas Adoptivas (Ruaga), menores en conflicto con la ley penal, e incluso el sistema de protección de testigos, organismos todos bajo el paraguas de la Secretaría de Justicia.

"Las mediaciones tampoco cesaron por la pandemia. Las agencias de mediación siguieron funcionando, aún on line. Se hicieron más de 7 mil mediaciones. Seguimos con índice muy bajo de mediaciones exitosas. Estamos con un índice 8 a 9% de acuerdos. Se sigue judicializando todo y esto termina en la justicia", admite. Entiende que hay un problema social detrás de esos números. "La convivencia social está totalmente convulsionada, estamos en un cambio de época; la sociedad está mucho más conflictiva, más intolerante. Esto hace que nuestra cultura, en nuestro desarrollo de conductas no somos propensos ni al consenso ni a la conciliación. El crecimiento y la educación va a hacer que seamos más propensos al acuerdo", dice.

Somaglia sostiene que "la mediación es un buen sistema alternativo pero que requiere de mediadores más pro activos; la mediación no debe ser vista solo como salida laboral. Debe cumplir el fin que es lograr soluciones en justicia, sin necesidad de intervenir el Poder Judicial. El servicio judicial está resultando cada vez más oneroso, cualquier juicio que haya que iniciar tiene costos, tasas de actuaciones que genera la onerosidad de cualquier trámite. La mediación va a resultar día a día una herramienta de mayor eficiencia y solo tenemos que tener mediadores más calificados, mejor preparados. La Agencia de Mediación está en procura de cursos on line para mejorar la formación".

También bajo el área de Justicia se encuentra el programa de Protección de Testigos, tarea sumamente delicada para preservar la seguridad de esas personas en distintos puntos de la provincia así como de su núcleo familiar. "La tarea requiere de una importante logística para llevar testigos a declarar o a tener vínculos intrafamiliares y para que las personas puedan tener vivienda digna, alimentación y servicios". Somaglia destaca que "el éxito del programa no es solamente la protección, sino la vuelta a la vida normal de quien fue protegido. A la persona protegida se la saca del medio ambiente, de sus vínculos y se pierden los contactos. La pérdida de esos contactos produce afección a su salubridad síquica que requiere el acompañamiento del Estado con sicólogos y la preparación para la vuelta a la vida".

Caso especial es la justicia penal juvenil donde se encuentran menores en conflicto con la ley penal donde también el Estado requiere de operadores para actuar con ellos. Destaca el acuerdo con Nación que asiste económicamente para que los menores detenidos puedan tener una mejor educación, estudiar oficios, mayor confortabilidad en el tránsito para volver a su hábitat.

Registro Civil

Somaglia admite que la pandemia y el aislamiento hizo que haya un déficit en la planta de personal del Registro Civil. No obstante se abrieron 230.000 trámites de los cuales el 50% fueron de DNI, muchas por la tarjeta Alimentar o tramitados desde los Centros de Acceso a la Justicia. En el año, las uniones convencionales más que duplicaron los matrimonios. Fueron 6.800 los primeros y 3.000 los segundos.

Satisfacción con el Ruaga

Somaglia destaca las mejoras alcanzadas en la oficina del Ruaga. Refiere que la gestión recibió "un sistema muy precario en cuanto al registro de las persona que pretendían adoptar; un registro manual, sin garantía de resguardo de confidencialidad y no alterabilidad. Lo primero que hicimos fue brindarle seguridad a la base de datos. Se armó un programa informático, encriptado para que no pueda alterarse el orden ni las características de aquellas personas que desean adoptar". También subraya la relación lograda con el registro nacional para interactuar.

"En las dos inscripciones que abrimos en 2020, en el segundo semestre, se han inscripto 420 personas, algunas en pareja, otras no, y se están cumpliendo y analizando todos sus perfiles". Somaglia subraya que la oficina lo que hace es registrar aquellos que son pretensos o guardadores de menores para luego tener la adopción. Los niños, niñas y adolescentes en condiciones de ser adoptados están en manos de la secretaría de Niñez que depende del Ministerio de Desarrollo Social. Quien dispone la asignación es un juez. "Se han articulado con estos sectores y la defensora de Niños, Niñas y Adolescentes. Estamos estableciendo vínculos para hacer más ágil el acceso a la adopción". No obstante admite que mayormente quienes pretenden adoptar optan por recién nacidos mejor, pero hay gran número de adolescentes que pugnan por ser adoptados y no hay gran número de familias dispuestos a adoptar grupos de hermanos, en edad avanzada y muchos están en alerta nacional.

Números

230.000 trámites se iniciaron ante Registro General de la Propiedad

45.000 escrituras y operaciones se tramitaron en el Registro

230.000 trámites se abrieron en Registro Civil

39.003 nacimientos se anotaron en el Registro Civil

28.491 defunciones ante el Registro Civil

2.825 divorcios ante el Registro Civil

92 Cambios de género ante Registro Civil

66 personas se encuentran bajo el Programa de Protección de Testigos

99 querellas vigentes en los Centros de Acceso a la Justicia

4846 trámites abiertos ante la Inspección General de Personas Jurídicas

66 menores alojados en establecimientos de régimen cerrado