La Ley 13.579 fue promulgada en octubre del 2016 y crea el régimen que regula los bienes, derechos patrimoniales, productos e instrumentos que fueran objeto de secuestro, depósito judicial, cautela previa o decomiso en causas judiciales como consecuencia de la investigación de delitos y contravenciones. Esa norma dispone además conformar la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD) encargada de registrar, administrar y disponer de esos bienes "siendo su objetivo primordial el recupero de activos y de esta forma contribuir a políticas publicas sociales, educativas y de seguridad".