Tarifas de gas: todavía falta fijar el valor del combustible

Los deseos políticos son que las subas en las tarifas de los servicios públicos no superen el 20% en 2022. Pero los límites que imponen la realidad de los números respecto de los costos y la decisión de privilegiar un acuerdo por la deuda indican otra cosa.

El aumento de las tarifas de gas natural por redes se define en dos instancias diferentes, con protagonistas distinto. Ya comenzó la primera, que consiste en la actualización de lo perciben las empresas que distribuyen el fluido (como Litoral Gas) o lo subdistribuyen (como las 22 cooperativas que lo hacen en la provincia) y resta que arranque la segunda, en la que se establecen valores para el costo que tendrá en los bolsillos de los usuarios ese combustible.

Ya se celebró la audiencia pública del 19 de enero por el costo de la distribución, y hubo pedidos de las empresas que rondan el 70% y la anunciada respuesta de funcionarios del gobierno de que no habrá más que un 20%. Ahora es el turno de la convocatoria a discutir precios "en boca de pozo", es decir, desde donde se extrae el gas argentino antes de su transporte y posterior inyección a las redes.

Son conocidos los criterios políticos del gobierno nacional para difundir la primera discusión convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas que tiene entre sus funcionarios a un defensor del usuario y que contó con exposiciones de organizaciones de consumidores y de defensores del pueblo de distintas jurisdicciones. Parece tener el resultado cantado de no más del 20%.

Para el 31 de enero está convocada la audiencia que definirá cómo financiar la producción de gas. Determinará cuánto pondrán los usuarios y cuál será el monto del subsidio por parte del Estado nacional. Aunque en esas cuentas pesarán también los fuertes aumentos que se operaron en el mercado mundial, porque la Argentina necesita en invierno importar gas, y lo mismo las presiones de la negociación de la deuda que requiere no seguir agrandando el déficit fiscal. Y hay otro detalle, nada menor: a la audiencia pública la convoca la Secretaría de Energía de la Nación que desde septiembre de 2020 depende del ministerio de Economía.

En otras palabras, la discusión por el precio del BTU en boca de pozo (la unidad de medida por su poder calórico que usa ese mercado mayorista) no puede ser resuelta solo con el comodín de los subsidios. En algún punto el verdadero costo del gas deberá llegar (aunque morigerado) a quienes lo usan.

Segmentación para cubrir julio

De razones económicas frente a decisiones políticas trata un informe del secretario de Energía, Darío Martínez, hecho para la audiencia pública, que divulga hoy El Cronista Comercial.

Allí "se reconoce que, para apenas mantener estable el costo fiscal, la suba de tarifas debería ser de al menos un 35% en marzo" y que para julio "la cifra ascendería a 47%", cuando se hace necesario importar gas.

"Estos porcentajes solamente forman parte de un posible escenario en el que se trasladaría del Estado a los usuarios el mayor costo de adquisición del gas natural", dice el diario mencionado.

"Siempre en el terreno de lo hipotético, los técnicos que trabajan junto a la Subsecretaría de Hidrocarburos plantearon que, de no mediar cambios en las boletas de los usuarios en cuanto a la porción mayorista (el gas en "boca de pozo"), el Tesoro tendrá que destinar $ 216.365 millones en subsidios este año, unos $ 81.059 millones más que los que cuenta Energía para tal fin" agrega el texto firmado por Santiago Spaltro.

El medio dice que el costo promedio del gas sería de u$ s 4,84 por millón de BTU en todo 2022 y que si persiste la situación actual, el Estado nacional se haría cargo de un 70,9% o u$ s 3,43; frente a los u$ s 1,41 que asumirían los usuarios.

Frente a ese panorama, sólo la segmentación en las tarifas finales de los usuarios (que pague más quien vive en lugares residenciales más caros, además de quien más metros cúbicos de gas consume) parece ser la salida para que la mayoría continúe con tarifas muy debajo de su costo real.