La Torre de Babel de ART

“Es patético ser empresaria, me siento mal de todas las cosas que se dicen acá y simplemente doy empleo, en blanco y legal a 170 personas”. Nerviosa, así inició su ponencia Silvana Del Lago, titular de Valor Argentino SRL fabricante rosarina de la ropa deportiva Sonder. “El proyecto es la marca del país neoliberal que se termina el 27 de octubre y del cual también se enamoró el gobierno provincial” había señalado el titular de la CGT - Santa Fe, Claudio Ghirardi. “Hay que prevenir para evitar la accidentología, bajar la litigiosidad y el Poder Ejecutivo apoya este proyecto”, dijo en la apertura Alicia Ciciliani, ministra de la Producción. “Es inconstitucionalidad vedar el acceso irrestricto del trabajador al sistema judicial” disparó Diego Guirado, abogado laboralista por el Colegio de Abogados de Santa Fe.

Fueron cuatro de los casi cuarenta testimonios que se escucharon en el hall de la Legislatura en el marco de la convocatoria realizada por la Cámara de Diputados para escuchar posturas sobre el proyecto de adhesión de la provincia a la reforma a la ley de ART. Acuerdos no hubo y cada parte expuso sus posiciones ante una docena de diputados que participó del encuentro. Varios de ellos también expusieron sus posiciones.

Los sindicalistas cuestionando el proyecto por entender que atenta con el derecho laboral; los empresarios advirtiendo el sobrecosto santafesino por no adherir y cuestionando abogados buitres; abogados que dicen que son muy pocos los caranchos y muchos más los defensores de la salud de los trabajadores. Críticas de dirigentes gremiales al Senado que votó sin consultarlos; pases de facturas al Poder Ejecutivo desde legisladores opositores y sindicalistas, y Ciciliani recordando que fue la gestión del Frente Progresista la que instauró los Comités de Higiene y Salud Laboral desde la gestión de Carlos Rodríguez en el ministerio de Trabajo. Jorge Hoffmann, titular de ATE, le advirtió que la ley es mayormente incumplida por el gobierno provincial porque no los constituyó en la mayoría de sus dependencias.

Más de cuarenta oradores anotados, algunos pocos no estuvieron como la Defensora General, Jacquelina Balangione. Sobresalió la presencia gremial y por ahora el proyecto está bajo análisis en la Comisión de Asuntos Laborales que preside el socialista Miguel Solís -proveniente del gremio metalúrgico- y que estuvo presente en el encuentro.

“Fue impecable. Hubo voces, todos pudieron expresarse” dijo el diputado Rubén Giustiniani (Igualdad), uno de los convocantes. El otro, Leandro Busatto (PJ) entiende que hubo aportes sustantivos. “Esta Ley representa para algunos sectores la posibilidad de alivianar el inconveniente que, entienden, se genera a veces a partir de los juicios laborales. Para otros, en cambio, es una afectación de derechos y garantías”, acotó.

Contrapuntos

“Es mi obligación moral venir a contarle a la dirigencia política lo que veo afuera, las dificultades que soportan las pymes y los trabajadores de la provincia. Queremos y necesitamos la adhesión a la Ley de ART para evitar despidos y cierre de empresas” señaló Ciciliani en el inicio. La Cámara dispuso cuatro minutos a cada expositor con la posibilidad de extender un minuto más y luego se cortaba el micrófono. “Tenemos tiempo hasta las 14 en que debemos desalojar el hall” informó Giustiniani en la apertura a las 9.30. Del Lago después dijo que es competitiva y por eso sigue adelante pero pidió apoyo porque produce en un sector -el textil- donde hay mucha competencia.

Diputados fueron muy críticos del proyecto como Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) y Silvia Augsburger (Igualdad) mientras que Luis Rubeo (PJ) dijo que lo apoyaría en la medida que se constituyan las comisiones médicas en el territorio provincial. Hasta hoy solo existe una en Rosario y el compromiso de la Superintendencia de crear otras cinco en el resto de la provincia.

Ariel Dolce (Federación Gremial del Comercio y la Industria) pidió el apoyo a la ley “porque nos acechan un puñado de vivos inventando juicios absurdos”. Luego, Leandro Aglieri (Fececo) entregó una carpeta respaldando la postura de Dolce y la titular de Sonder aseguró que quiere competir pero los costos santafesinos le hacen todo cuesta arriba.

La mirada sindical fue muy crítica a la ley. Además de Ghirardi y Hoffmann expusieron José Testoni (CTA), Claudio Leoni (Festram); Gustavo Térez (Amsafe - Rosario); Matías Ruffini (Comisión interna de Acindar), Pedro Bayúgar (Sadop), entre otros.

Desde el lado del derecho, abogados laboralistas y una magistrada rosarina expusieron dudas sobre la constitucionalidad de la norma. Diego Boglioli (Rosario) afirmó que “es falso que se pague por ART más por los juicios en Santa Fe” y Diego Guirado consideró inconstitucional delegar a la Nación facultades propias de la provincia.

Varios de los expositores dieron cifras de litigiosidad, de costos. Las cifras no fueron uniformes y los números fueron presentados por los diferentes sectores tratando de acercar agua a sus molinos.

Giustiniani y Busatto aclararon que todas las posturas fueron grabadas y se enviará el material a los participantes y a la Comisión de Asuntos Laborales que tiene el tema en consideración. Hoy, en Labor Parlamentaria los jefes de bloque definirán si ponen fecha al tratamiento o esperan alguna señal del gobernador electo.

La EPE bajó costos

En la Empresa Provincial de Energía (EPE) estimaron un ahorro de 115 millones de pesos en el presente ejercicio por la contratación del servicio de ART tras una licitación pública. La decisión fue adoptada sobre fines del año pasado por el directorio que encabeza Maximiliano Neri cuando el prestador -Galeno- intentó subir el porcentaje de cobro de la masa salarial.

La firma venía prestando el servicio en la EPE desde el 2006 y estaba en porcentajes que rozaban el 3% de la masa salarial. Al momento de licitar el sistema, Galeno ofertó 1,58% y Federación Patronal el 1,08% por lo que ganó la licitación. Desde principios de año, los trabajadores de la empresa tienen la cobertura de la firma radicada en La Plata.

Angelini

El diputado y candidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio, Federico Angelini, insistió en su respaldo a la ley pese a que ayer no formó parte de la audiencia como ninguno de sus pares de bloque. “Santa Fe corre el riesgo de perder inversiones si no adhiere lo antes posible a esta ley. No podemos seguir en desventaja, permitiendo estos altos niveles de judicialización, que es una de las principales barreras de entrada para nuevas empresas y además representan un negocio para algunos a costa de los trabajadores, que esperan años por una resolución de su reclamo”, dijo.