Triunvirato interventor a la espera de validación del juez Lorenzini

El gobernador Omar Perotti aseguró este sábado que su propuesta para lograr la intervención de Vicentin “por la vía judicial es superadora a la expropiación” que inicialmente buscaba el Gobierno nacional. “El objetivo es el rescate de la empresa. Alberto Fernández dijo que si había alternativas superadoras, él iba a escuchar. Los empresarios querían la intervención del Estado, que tome una participación de la empresa. Entonces decidimos, después de conversarlo largo con el Presidente, que una opción era presentarnos, pedir la intervención judicial y a partir de ahí empezar el rescate dentro de la ley de sociedades y de concurso de quiebra. Es una herramienta superadora”, insistió el mandatario Perotti quien ayer llevó en forma personal la propuesta al propio presidente en Olivos.

Según pudo saber El Litoral un trabajo conjunto entre el Fiscal de Estado, Rubén Weder; el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia y la inspectora general de Personas Jurídicas, María Victoria Stratta, es la base de la propuesta del gobierno santafesino que además de llevarse a Olivos fue presentada ante el juez en lo Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, quien tiene a su cargo el concurso preventivo de Vicentin SAIC.

“La única forma de que no haya expropiación es que la provincia se presente como administrador de la empresa en el concurso para buscar el salvataje con el mecanismo que resulte de las negociaciones que se lleven adelante”, explicó Somaglia a El Litoral. El secretario de Justicia dijo estar confiando en que el juez aceptará la propuesta, que apunta también a defender el trabajo de los santafesinos y buscar una nueva figura no descartando el aporte del cooperativismo.

La decisión provincial apuesta a mantener el interventor y subinterventor designados por el gobierno nacional, Gabriel Delgado y Luciano Zarich, mientras que la propuesta santafesina es sumar al ingeniero químico Alejandro Bento, un dirigente que está al lado de Omar Perotti desde su paso por el ministerio de la Producción. Bento acompañó al actual gobernador durante todo su paso por el Congreso de la Nación y hasta hoy se desempeña en la propia área de Gobernación como secretario de Relaciones Territoriales y Protocolo.

Delgado al frente

“Ahora el tema está en las manos del juez de Reconquista y de recibir el visto bueno, obviamente no se haría la expropiación” reiteró Perotti este sábado. “Esperemos que se analice la propuesta porque es lo suficientemente sólida. La provincia por sí sola no tiene recursos para ponerla en marcha, por lo que trabajar con el Gobierno nacional es clave. Si el juez admite nuestra presentación, tres personas son propuestas para ser designados administradores y Gabriel Delgado quedaría a cargo. Es alguien conocedor y respetado por los actores, quienes están a la espera de una señal para darle una perspectiva a futuro”.

Desde su designación como interventor Delgado no dejó nunca de tener diálogo con los actores de la política santafesina donde su figura y su trayectoria es muy respetada en círculos del gobierno santafesino. De todas maneras todavía está en proceso posoperatorio por lo cual aún no viajó a Santa Fe.

“Estamos convencidos de que Provincia y Nación pueden trabajar en forma conjunta. A la provincia no le da para contar con todos los recursos que se necesitan para ponerla en marcha. Requiere una atención donde trabajar juntos con el Gobierno nacional es clave”, remarcó el santafesino.

Al explicar qué sucedería en caso de que el juez admita la presentación, Perotti confirmó que Delgado estará al frente. “De este modo se podría comenzar el trabajo en el vínculo con los trabajadores, con los acreedores y coordinar con las cooperativas para pagarle a sus productores. Fundamentalmente, es darle una proyección de futuro. Si vamos a poner recursos de todos los argentinos hay que darles tranquilidad”, resaltó Perotti, quien aseguró que “el objetivo es rescatar la empresa, tener una sociedad mixta que nos permita seguir teniendo en manos argentinas un jugador de la industria oleaginosa. Tiene que haber una bandera argentina flameando siempre”, aseguró Perotti, quien también aclaró que con esta intervención mixta están solicitando el desplazamiento de los actuales directivos.

“El Presidente no disfruta de estar expropiando una empresa, quiere rescatarla. Cuando nos habilitó a trabajar en esta vía, está cumpliendo con su palabra por lo que está lejos de querer una expropiación”, remarcó Perotti al hacer referencia a la decisión de Alberto Fernández.

Finalmente, el gobernador remarcó que Vicentin “no es una empresa más para los argentinos. A los santafesinos nos preocupa que la empresa esté activa. Ahí está el tema central. Acá la que tiene que ganar es la Argentina”.

El planteo judicial

El gobierno provincial a través de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) solicitó al juez de Reconquista, donde se tramita el concurso de acreedores de la firma Vicentín SA, la intervención de dicha sociedad, conforme a las facultades que dicho organismo posee en los términos de la Ley Nacional General de Sociedades (19550) y Ley 6926 de la provincia de Santa Fe.

Entre sus fundamentos consideró que la profusión de actividades empresarias que realiza la concursada, su incidencia en el mercado interno y -especialmente- como exportadora exteriorizan su magnitud y consiguiente influencia en la economía de la Provincia y de la Nación; no limitándose a lo económico sino que tiene derivaciones laborales, sociales y hasta demográficas en casi todo el perímetro nacional, pero en especial en nuestra región.

Entiende que la eficacia de un futuro salvataje resultará directamente relacionada a que produzca y genere recursos para atender a sus acreedores, interesando así al interés general, donde gran parte son productores agropecuarios y prestadores de bienes y servicios domiciliados en la provincia de Santa Fe.

“Que el interés general, en cuanto al rescate de la sociedad, tiene en el caso un contenido amplio que impone el compromiso con la continuación de la empresa mediante la obtención de una salida que prevea la satisfacción de todos los intereses en juego, privados y públicos” señala.

Agrega que “que los miembros naturales integrantes del órgano de administración no están en condiciones de conducir tan compleja situación. Es durante su gestión que se ha producido la cesación de pagos y además existen numerosas denuncias en curso en el país y en el extranjero, que los colocan en un grado de sospecha cuya dilucidación demandará un tiempo con el que no se cuenta, en orden a preservar la empresa”.

Acota que “se trata de una solicitud basada en normas y principios administrativos, distinta de la prevista en los artículos 113 a 117 de la ley 19.550. No es una acción para resolver conflictos societarios, sino que tiene fundamento en el interés público, en orden a la preservación de la empresa a través del rescate de la misma”.

Es por ello entonces que la Provincia de Santa Fe, en consonancia con la Nación tiene expreso interés en buscar la alternativa más eficiente para alcanzar la continuidad de Vicentín SA en tutela no sólo del fin natural de su empresa, sino además en resguardo del bien común que innato y natural al interés público que la Provincia de Santa Fe, y sin dudas la Nación toda procura su salvataje mediante la reformulación de un nuevo camino regular, concluyó el informe oficial.

Iannizzotto optimista

El presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, se mostró optimista ante el nuevo cuadro de situación sobre Vicentin. El dirigente mantuvo el viernes una charla virtual desde Mendoza con el presidente Alberto Fernández para hablar sobre la empresa norteña y la mirada del cooperativismo. “Le trasladé al presidente la intranquilidad y profundo descontento que me encomendaron nuestros productores por la posible expropiación de Vicentin y le pedí el respeto al proceso judicial y atender la situación social”, comentó.

Dijo a El Litoral que era optimista sobre el futuro. “El Estado solo es una alternativa muy burocrática, politizado, le va a costar asumir y sacarse de encima la judicialización, la colisión con el poder judicial. Además, la intervención del Estado no es buena señal para la negociación de la deuda externa. Los dueños la han fundido y denuncias contra su actuación está siendo investigadas”, acotó.

El sector cooperativa ve bien la alternativa privada con un Estado ordenador. “El Estado, los ex dueños con inversiones, los trabajadores puede hacer una alianza estratégica con cooperativas que tienen capacidad de gestión, conocen el negocio. Veo mucho más viable esto que cualquier alternativa pero todo dentro del proceso judicial”, remató.

Cruces

Somaglia reconoció a El Litoral que mientras el juez Lorenzini reponía en sus funciones a los directores de Vicentin y disponía que los interventores pasaran a ser veedores, apoderados de la provincia de Santa Fe llevaban al juzgado la presentación de la Inspección General de Personas Jurídicas que trabajó en las últimas semanas con la secretaría de Justicia y la Fiscalía de Estado. Ahora, la expectativa está en Lorenzini quien debe resolver si acepta esta propuesta o mantiene su postura del viernes.

Fernández: “Dislate jurídico de magnitud”

El presidente Alberto Fernández consideró como “un dislate jurídico de magnitud” la decisión de la justicia de Reconquista, que aceptó restituir la administración de la empresa Vicentin SAIC a sus directivos, por un plazo de 60 días, y otorgó el rol de veedores a los interventores designados por el Poder Ejecutivo. “Son llamativas las conclusiones a las que llega el juez, con el que absolutamente discrepo. Es disparatado, es un dislate jurídico de magnitud”.

Fernández insistió que la intervención estatal de Vicentin puede hacerse “por vía de concurso o por la vía de la expropiación” y destacó la propuesta presentada ayer por Perotti. “Valoro enormemente el esfuerzo de Perotti y espero que el juez nos de la derecha. Si no me dejan esta opción, no tengo otro camino más que la expropiación”.

Más adelante, el Jefe de Estado dijo que sigue “buscando los caminos para que el Estado se haga cargo de la cerealera Vicentin, resuelva los problemas y tengamos una empresa que nos permita ver como ese mercado funciona y se desarrolla. Sigo diciendo que estoy dispuesto absolutamente a encontrar una solución alternativa”.

El esquema

El caso Vicentin tomó un nuevo giro este viernes. Desinflada la posibilidad de estatizar, sería a partir de esta nueva figura jurídica desde donde partiría el rescate de la cerealera que entró en cesación de pagos por 1.350 millones de dólares.

Según pudo saber El Litoral, el modelo mixto que plantea el gobernador Perotti, y gana fuerza, es justamente la intervención, ya no librada sólo al interventor dispuesto por el gobierno sino con la figura del juez, y con dos patas fundamentales: YPF, como gestionadora, más el ingreso de cooperativas y privados.

La expropiación no entra en este esquema. Incluso se animan a decir que le pone puntos suspensivos.

Pero todos reconocen que la operatoria de producción y comercialización de granos y subproductos no es para nada sencilla, y en este marco, YPF no tiene equipos ni conocimiento para hacerlo con holgura, más allá de poseer YPF Agro, una unidad dedicada básicamente al intercambio de cerealeras y combustibles con el sector. Incluso, se señala en diferentes ámbitos, la decisión de incorporar a YPF en el plan tal como anunció el presidente cayó como un incordio para los ejecutivos que la gerencian justamente porque deberán mover toda la maquinaria en un sector en el cual no tienen la pericia suficiente. Por eso es que el know how (saber cómo) lo aportarían expertos de la industria, privados, nucleados en cámaras y asociaciones.

En tanto, Perotti reconoció que las cooperativas podrían ingresar en esa figura. Un dato nada menor: el principal acreedor comercial de Vicentin SAIC, con 4.929 millones de pesos, es la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), uno de los mayores operadores de granos del mercado con negocios en la originación, logística y exportación.

Cuarentena

En Reconquista y Avellaneda hay exigencia a los autoridades del ministerio de Salud que obliguen al personal de la intervención a Vicentin a cumplir con la cuarenta por provenir todos ellos del área metropolitana.

Son 20 ya los llegados al norte. Siete llegaron con un avión mientras que los trece restantes lo hicieron en una combi.