Se va el juez que había pedido jubilarse hace más de 30 años, y siguen las bajas

Finalmente, después de más de treinta años de haber iniciado el trámite y obtenido el beneficio, Armando Luis Drago decidió jubilarse. Drago integraba la Cámara de Apelación Civil y Comercial de la ciudad de Santa Fe, y su caso había sido planteado públicamente por el gobierno provincial como una suerte de "paradigma" para retratar la conducta de muchos integrantes del Poder Judicial que "especulaban" con la solicitud del beneficio jubilatorio, pero permanecían en la condición de activos.

El ministro Fabián Bastia lo había citado con nombre y apellido, como ejemplo de aquellos magistrados que "como resguardo", iniciaron el trámite pero siguieron en el cargo. "Hace 31 años tiene su trámite de jubilación concluido, pero sigue en funciones", había dicho. La actitud "especulativa" encuentra una fundamentación por doble vía: se goza de una situación más favorable (en términos de ingresos) como activo, y asimismo, se cuenta con el reaseguro del trámite concedido, ante eventuales modificaciones al sistema previsional.

La reforma jubilatoria que será sancionada este jueves, de hecho, plantea en unos de sus artículos transitorios, que aquellos agentes que hubieran paralizado "voluntariamente" durante más de seis meses el expediente, si no acceden al beneficio antes de votada la nueva ley, deberán iniciarlo de cero.

El caso Drago se ajustaría a esa circunstancia, aunque para adoptar la decisión final del cese, habría pesado también el pedido de juri de enjuiciamiento presentado en la Cámara de Diputados por su desempeño en los comicios del año pasado, como integrante del Tribunal Electoral provincial.

Más renuncias

Como publicara El Litoral oportunamente, la mera discusión pública de la reforma previsional disparó el número de trámites de integrantes del Poder Judicial que comenzaron a solicitar la jubilación. Según revelaba el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, el número de pedidos de renuncia para iniciar luego el trámite jubilatario se había "duplicado" de febrero a la fecha, en términos comparativos con idéntico período del año pasado.

Según pudo confirmar este diario, ésa siguió siendo la constante y hasta se habría acentuado el número de solicitudes, ante la inminente sanción de la nueva ley.

En los últimos días, incluso, el Poder Ejecutivo firmó al menos ocho decretos con la aceptación de renuncias. El 15 de agosto fue el caso de Carlos Damián Renna; se venía desempeñando como camarista en Vera y había presentado su nota de renuncia el 10 de junio. El mismo día, se firmó el decreto de aceptación para Silvia Beatriz Zabala, quien había remitido nota de renuncia como Defensora Pública de Vera, el 2 de mayo.

El 9 de setiembre, se firmaron cuatro decretos que aceptan la renuncia de Carlos José Guillermo Garibay como juez de primera instancia de Santa Fe, de Ignacio José Falconi como Prosecretario de la Corte de los Tribunales de Rosario, de Mabel Beatriz Medina como Defensora General de Firmat, y de Gustavo Alejandro Ríos como integrante de la Cámara de Apelaciones de Circuito de Santa Fe. Con fecha 11 de setiembre ya fueron publicados otros dos decretos; uno, acepta la renuncia de Cristina Beatriz Fortunato como jueza de Primera Instancia en lo Penal de Rafaela, y otro, la de Eduardo Enrique Pastorino, como juez de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Rosario. Todos, para acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria.