Un monitoreo revela que el cuidado de la salud reproductiva recae en las mujeres

"No se reclaman los derechos que se desconocen". La frase es un buen punto de partida para la presentación del Monitoreo santafesino de acceso a los cuidados de salud sexual, tarea que emprendió MultiPalabras (una alianza de la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe y la Asociación Civil Palabras) y se concretó en el centro-norte de la provincia durante los últimos meses de 2021 y enero de 2022.

El resultado es que más del 80 % de la población consultada pudo acceder a métodos de anticoncepción en el último año, que la pastilla sigue siendo el método más utilizado, que los preservativos tienen un bajo porcentaje de uso, que hay un porcentaje de personas que no fueron asesoradas sobre el uso de métodos anticonceptivos, que el 80 % desconocía si en los centros de salud a los que concurrían se entregaba o no Misoprostol para la práctica de IVE e ILE, y que pocas personas sabían de la existencia de la línea nacional gratuita 0800 Salud Sexual (0800-2223444).

Estos son apenas algunos de los resultados de un trabajo que involucró a organizaciones comunitarias de las localidades donde se realizó, por un lado, el relevamiento a mujeres de entre 14 y 45 años. Y por el otro a personal de enfermería de los efectores de salud. Una de las conclusiones es que "una política pública que no está informada, no cumple con su función".

¿Qué políticas públicas? Por citar algunas: en el año 1985 el Estado argentino reconoció los derechos reproductivos y sexuales como derechos humanos mediante la ratificación de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

En la reforma de la Constitución Nacional de 1994, los derechos sexuales adquirieron rango constitucional a través de la incorporación del artículo 75 inciso 22. Las leyes de salud sexual a nivel nacional y provincial se sancionaron en 2002 y 2001, respectivamente.

La sanción de la Ley 27.610 fue un hito que reconoció la autonomía de las personas para decidir la interrupción de un embarazo. "Esa conquista histórica, de la que fuimos parte, nos impulsó a hacer el presente relevamiento", dicen quienes presentaron las conclusiones del monitoreo en la sede Santa Fe de Casa Fusa: Silvia Ferrero, Miriam Urgorri, María Flavia Del Rosso, Beatríz Gutiérrez y Marisa Poggi.

Una de las cuestiones que llamó la atención a la hora de interpretar los resultados fue "la disparidad entre ciudades cabeceras y localidades más pequeñas", explicaron las responsables del trabajo, cuyos resultados fueron presentados a legisladoras y funcionarias provinciales y locales, y será compartida con distintos ámbitos de decisión, áreas de salud, organizaciones comunitarias, equipos de ESI, para planificar o mejorar políticas públicas, con particular hincapié en la comunicación.

Cómo se hizo

Para el Monitoreo social santafesino de acceso a los cuidados en Salud Sexual se realizaron 712 encuestas a usuarias del sistema público de salud, 5 usuarias por efector. El sondeo se llevó a cabo en 11 departamentos del centro norte provincial: General Obligado, San Javier, Vera, Castellanos, 9 de Julio, San Cristóbal, Garay, La Capital, Las Colonias, San Javier, San Jerónimo y San Justo.

La información se reunió mediante encuestas estructuradas y anónimas realizadas en las salas de espera de los efectores públicos de salud, entre octubre de 2021 y enero de 2022. La tarea fue desarrollada por militantes de organizaciones feministas de las localidades donde se hizo el relevamiento. Para esto se pidió y se obtuvo autorización del Ministerio de Salud de la provincia.

Las edades de las encuestadas oscilaron entre 14 y 45 años. El 23,7 % de las encuestadas no tiene hijos o hijas. El 76,3% que sí, tiene entre 1 y 3 niños o niñas. Sólo el 45,1% de las usuarias que participaron del monitoreo completó la educación obligatoria. El 58,7% no posee trabajo remunerado y un 41,3 % sí tiene empleo formal. Del porcentaje que no tiene trabajo remunerado, el 45% no terminó el nivel secundario.

El 64,2% de las participantes del monitoreo asisten frecuentemente al centro de salud donde fueron encuestadas. El 19,9% sólo lo hace en casos de emergencia. El 15,2% concurre ocasionalmente. De quienes informaron asistir frecuentemente (64,2%), el 69% afirma ser atendida por el /la mismo/a profesional, lo que posibilita una mayor confianza en el vínculo que se establece en la relación entre profesional de la salud y usuaria, lo que propicia un mejor conocimiento de la propia historia clínica y de procesos de salud y enfermedad.

Un 0800 desconocido

Respecto a la línea de atención gratuita en salud sexual del Ministerio de Salud de la Nación (0800-222-3444), herramienta telefónica de consultas sobre salud sexual y de reclamo cuando no se garantizan los derechos sexuales, el 81,3% de las usuarias encuestadas en el marco del monitoreo la desconoce y sólo el 18,7% afirmó conocerla, en términos generales.

Anticoncepción y aborto

El 85,3% afirmó utilizar métodos anticonceptivos y el 14,7% no usa ninguno. Sería importante indagar el motivo de la no utilización de estos métodos. Entre los más utilizados se registran: anticonceptivos orales (pastillas) 35,2 %, inyectables mensuales 12,5%, ligadura de trompas 11%, chips 9,7% , dispositivos intrauterinos (DIU) 3,4%, preservativos 4,8% y -en porcentajes menores- se usan métodos combinados. Estos porcentajes dan cuenta de que la responsabilidad en el cuidado de la salud sexual recae fundamentalmente en las mujeres y, por otra parte, preocupa el escaso uso de preservativos ya que daría cuenta del precario cuidado respecto a enfermedades de transmisión sexual.

Otra conclusión es que en términos generales se pudo garantizar el acceso a la anticoncepción durante la pandemia. Y, en cuanto a la entrega de medicación (misoprostol) para interrupciones voluntarias del embarazo (incluyendo las interrupciones por causal salud y violación), el 81% no dispone de esa información; el 11% informa que no se entrega y solo el 8% afirma que sí se entrega.

En cuanto a otros efectores, el 74% no sabe si hay algún centro de salud u hospital cercano que realice abortos, y el 14% afirma directamente que no los hay. El 12% sí conoce otro efector donde se realiza la práctica. Teniendo en cuenta ambas preguntas, podemos inferir que sólo una de cada diez mujeres que residen en el centro-norte provincial está en condiciones de acceder a una IVE/ILE ya que conoce fehacientemente dónde solicitarla.

Frente a la pregunta sobre si se brindó información acerca de la interrupción voluntaria del embarazo (Ley Nacional 27.610) en el efector, el 20% respondió afirmativamente. El 21% refiere que no se ofrece información, y el 59% no lo sabe. Los datos dejan visible la falta de información respecto a la Ley Nacional 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Estos son apenas algunos de los resultados del relevamiento que se presentó el viernes, un día antes de la conmemoración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, en la sede local de Casa Fusa. Fue ante referentes de salud y legisladoras. El objetivo, dijeron las expositoras, es que llegue a las autoridades sanitarias, a la comunidad, organizaciones barriales y equipos de Educación Sexual Integral para su discusión e incorporación a políticas públicas.

Recomendaciones

Del informe surgen diferencias en el acceso a las prácticas entre los núcleos más poblados, y las localidades más pequeñas. En este sentido, plantea que se requieren políticas que descentralicen la atención garantizando la presencia en cada efector de un/a profesional capacitada/o.

-Es necesario reforzar la oferta de anticoncepción reversible de larga duración, fundamentalmente implantes subdérmicos debido a las menores dificultades que presenta para su colocación.

-Debe asegurarse la oferta activa de vasectomía y la existencia de condiciones adecuadas para realizarla en consultorios periféricos. Urge remover las dificultades para el acceso a la lisis tubaria (ligadura de trompas).

-En cuanto a la IVE/ILE, el Ministerio de Salud de la Provincia debe garantizar el monitoreo continuo de la distribución del Misoprostol en todo el territorio, como así también la disponibilidad de información claramente visible para las usuarias.

Créditos

El informe fue realizado por Marisa Poggi, Silvia Ferrero, Mirian Urgorri, Beatriz Gutierrez, María Flavia Del Rosso, María de los Ángeles Guerrero, Susana Palud y Susana Paradot, con la colaboración de Mabel Busaniche.