Piden que se declare inocentes a Brusa, Facino, Ramos y Aebi

“Anticipamos que vamos a tener una postura absolutoria de nuestros defendidos”, comenzó el abogado oficial, Fabio Procajlo, quien junto a Fernando Sánchez, argumentó en favor de los acusados Víctor Brusa y María Eva Aebi. El ex juez federal de Santa Fe y la ex carcelera de la Guardia de Infantería Reforzada fueron los únicos que estuvieron presentes durante la audiencia de ayer, ya que el resto de los acusados -Eduardo Ramos, Mario Facino, Juan Perizzotti y Héctor Colombini- abandonaron la sala.

La exposición de los alegatos le llevó toda la mañana a la dupla Procajlo-Sánchez, que luego de un cuarto intermedio retomó la palabra hasta alrededor de las cuatro de la tarde.

El turno siguiente fue para las defensoras generales Judit Didier y Adriana Gastaldi, que optaron por adherir a varios de los planteos de sus antecesores, para luego analizar las pruebas en contra de sus protegidos, Ramos y Facino.

“Resulta incuestionable la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, pero para el futuro, no para el pasado”, indicó Procajlo, que luego hizo una exposición teórica del “principio de legalidad” y lo que su vulneración implica. Para el defensor público “el imputado tiene que estar protegido contra la arbitrariedad del Estado”, afirmó.

En otro pasaje de los alegatos, el mismo Procajlo señaló que “no comparto la aplicación de la figura de ‘genocidio’ (pedida por la querella de Schulman e Isasa) en este tipo de procesos”, y reiteró que “se afecta el principio de legalidad”. Si bien “la figura está prevista, no se puede establecer una pena específica”, por lo que “es inaplicable”, dijo; dejando “librado al orden interno la aplicación del castigo”. Sobre el punto aclaró que “es verdad que las víctimas no tienen la culpa del incumplimiento del Estado, pero los imputados tampoco”.

Plan sistemático

Luego, la defensa aceptó la existencia de un plan sistemático de exterminio durante la dictadura, pero pidió que se exceptúe a Brusa, dado que el Poder Judicial estaba fuera de ese plan pergeniado por las Fuerzas Armadas y los órganos de seguridad interna, como la policía provincial.

En cuanto a Aebi, indicaron que los delitos que se le imputan -traslado de detenidas y simulacros de fusilamiento-, no están orientados a completar dicho plan. Para los abogados de Brusa y Aebi “no estaba probado que ellos conocieran el aporte al plan”. Además, “no actuaron en la clandestinidad, sino que lo hicieron a cara descubierta” y con muy pocos años de antigüedad, en los lugares en los que se desempeñaban.

Tampoco figuran como imputados en la llamada “megacausa”, en la que se investigan 46 casos de homicidio y desaparición de personas durante el período 1976-1083, con lo que sostienen su teoría de que no estaban al tanto del plan sistemático.

Tras una exposición teórica acerca de la pena, propusieron un camino inverso al de las querellas y el Ministerio Público, que solicitaron las penas más altas. En cambio, sugirieron partir del mínimo previsto y en todo caso buscar agravantes, y no al revés.

El pedido final fue la absolución; aunque subsidiariamente solicitaron que como máximo sean condenados por un tiempo igual al que llevan cumplido en prisión preventiva, que en la mayoría de los casos se acerca a los cinco años.

Las defensoras Didier y Gastaldi adhirieron a los planteos de sus colegas en cuanto a la prescripción, el genocidio y al planteo teórico de la pena. Luego analizaron las pruebas en contra de sus defendidos Ramos y Facino y pidieron que sean absueltos por el tribunal.