Julio Iglesias enfrenta una nueva denuncia por explotación laboral y agresión sexual

Dos exempleadas de Julio Iglesias presentaron una nueva denuncia en su contra por presunta explotación laboral y agresión sexual. Ambas trabajaron en residencias del cantante en República Dominicana y Bahamas durante 2021 y aseguran haber atravesado situaciones de control extremo, humillaciones y tocamientos no consentidos.

Las denunciantes acudieron este jueves a la Audiencia Nacional para solicitar que la Justicia española investigue sus testimonios.

Las acusaciones de las exempleadas

Según los testimonios, las mujeres habrían sufrido distintas situaciones de maltrato y humillación durante su trabajo en las propiedades del artista. Las denunciantes sostienen que estos episodios se producían en diferentes momentos del día y que existía un esquema de control sobre sus actividades.

La presentación judicial ocurre después de que una primera denuncia, realizada en enero, fuera archivada por la Justicia española. La Fiscalía consideró entonces que España no era competente para investigar los hechos debido a que habían ocurrido fuera de su territorio.

El reclamo ante la Justicia española

Frente a esa decisión, Women’s Link Worldwide, organización que representa a las mujeres, sostiene que los tribunales españoles sí pueden intervenir en determinadas circunstancias.

La ONG fundamenta su postura en una norma que permite investigar delitos cometidos fuera de España cuando existen vínculos relevantes con el país. “Según esta ley, si una persona española comete un delito fuera de España, España puede juzgarlo, siempre que ese mismo acto también se considere delito en el país donde ocurrió”, aseguró la entidad.

Con la nueva querella, las denunciantes buscan que sus declaraciones sean analizadas nuevamente y que se determine si corresponde abrir una investigación en España.

El pedido de la organización

La presidenta de Women’s Link Worldwide, Jovana Ríos Cisnero, reclamó que el proceso judicial garantice el acceso a la Justicia independientemente de la identidad de la persona denunciada.

“El Estado español tiene la obligación de garantizar el acceso a la justicia en igualdad y sin importar quién sea la persona denunciada”, afirmó.

La presentación representa un nuevo intento de las exempleadas para que sus testimonios sean investigados por los tribunales españoles, luego de que la primera denuncia fuera archivada por una cuestión de competencia territorial.