Abogado santafesino imputado por el litigio de la estancia El Carmen

La oficina de prensa del Ministerio Público de la Acusación (MPA) informó de la citación a audiencia imputativa llevada a cabo este jueves, en la Fiscalía de Delitos Complejos de Santa Fe, a la que acudieron dos abogados santafesinos y un matrimonio y su hijo mayor de la localidad de San Mariano, todos ellos implicados en una causa en la que se discute la propiedad de una histórica estancia de la familia Saavedra Lamas, enclavada en el departamento Las Colonias.

Las cinco personas fueron imputadas porque se presume que integraban una asociación ilícita cuyo objetivo era darle apariencia legal a la ocupación ilegítima de la estancia El Carmen, ubicada en la localidad de San Mariano (departamento Las Colonias), señaló la fuente oficial.

La atribución delictiva fue realizada la tarde del jueves 9 de diciembre, por las fiscales Bárbara Ilera y María Laura Urquiza en la sede de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1.

Entre los imputados se encuentra el abogado Raúl Antonio F. I.; y su prima, también abogada, la doctora María del Corazón de Jesús I. F. de la ciudad de Santa Fe, a quienes se investiga como jefe y organizadora, respectivamente, de la organización criminal. Por su parte, las otras tres personas investigadas son Hugo Aníbal G., un peón rural de 53 años; su esposa Claudia Alejandra O., de 45 años; y el hijo de ambos José María G., de 19 años, a quienes se les atribuyó ser miembros de la asociación ilícita.

Ocupación ilegal

Tal como lo reveló el parte oficial, la fiscal Ilera explicó que "la asociación ilícita funciona de forma estable desde julio de 2013" y agregó que "en la actualidad, el predio continúa ocupado ilegalmente". También aclaró que "desde 2013, las tres personas imputadas como miembros de la organización criminal ocupan ilegalmente y obtienen rédito económico de la estancia El Carmen –de 2.500 hectáreas– mediante engaños, abuso de confianza y violencia".

La funcionaria del MPA puntualizó que "para sostener la usurpación, a través del abogado y de la abogada investigados, la asociación ilícita realizó sistemáticamente acciones judiciales". En tal sentido, especificó que "a través de distintas maniobras procesales, alegaron con datos falsos la supuesta posesión del inmueble, lo que tuvo como fin inducir a error a jueces de la provincia".

"En julio de 2014, un magistrado fue engañado y dictó una medida cautelar, con la cual la banda delictiva buscaba justificar la ocupación ilegal y quedar habilitados a persistir en la usurpación", subrayó la fiscal. Añadió que "en su resolución, el juez planteó que se constituyera una fianza, la cual fue con bienes de propiedad del abogado investigado".

Agro y ganado

"En reiteradas ocasiones, los miembros de la asociación ilícita alquilaron a terceros parcelas de la estancia como si hubiera sido suya", manifestó Ilera. "Los ocupantes suscribieron contratos con personas físicas y jurídicas interesadas en la explotación agrícola del terreno", sostuvo.

Por otro lado, explicitó que "la organización delictiva se apoderó ilegítimamente de 1.387 cabezas de ganado que tenían marcas y señales registradas que fueron alteradas y suprimidas".

A su vez, la representante del MPA contó que "antes de usurpar el lugar, el hombre imputado como miembro de la asociación ilícita trabajaba como encargado de la crianza y el cuidado de los animales", y destacó que "entre noviembre de 2015 y mayo de 2018 la mujer imputada como integrante de la organización fue designada como depositaria judicial de vacunos embargados y violó su deber de custodia".

Fideicomiso

Ilera informó que "a fines de 2019, el abogado investigado como jefe y los tres miembros de la asociación ilícita constituyeron un fideicomiso de administración por el uso, el goce y los frutos de las fracciones del establecimiento rural", e indicó que "designaron como beneficiarios al abogado, y al hombre y a la mujer que ocupan El Carmen".

La fiscal aclaró que "la participación de la abogada en la asociación ilícita fue hasta junio de 2018, razón por la cual no es parte del fideicomiso".

Armas de fuego

La fiscal Bárbara Ilera manifestó que "la mayoría de los ilícitos fueron cometidos en perjuicio de los legatarios del último dueño y en detrimento del patrimonio del sucesorio cuyo deber de resguardo está en cabeza del albacea testamentario".

Asimismo, narró que "en distintas oportunidades, el hombre imputado y otras personas que aún no lograron ser identificadas impidieron que el albacea ingresara al lugar". Precisaron que "entre otras maniobras, rompieron los candados de portones; ahuyentaron con disparos de armas de fuego al aire al ganado que debía ser contado y vacunado; y amedrentaron –también con armas de fuego– a trabajadores que respondían a los representantes del sucesorio".

"Por su parte, en una fecha que no pudo ser determinada, el ocupante y sus acompañantes amenazaron con disparar armas en dirección a cuatro integrantes de una Organización No Gubernamental (ONG) que estaban fotografiando el predio", puntualizó.

Estafas, usurpación y abigeato

"La investigación penal preparatoria continúa", dijo la fiscal Bárbara Ilera, y se refirió a las calificaciones legales atribuidas a las cinco personas investigadas. Precisó que "además del rol atribuido a cada uno en la asociación ilícita, a todos se les atribuyó ser coautores de reiteradas estafas".

Explicó que "al abogado, a la abogada y a dos de los ocupantes ilegales de la estancia también se les endilgó la coautoría de los delitos de usurpación; defraudación por estelionato y abigeato agravado".

Por su parte, subrayó que al abogado investigado también se le atribuyó el delito de "uso de documento privado falso".

Ilera añadió que al hombre y a la mujer que ocupan el inmueble se les endilgó el delito de "tenencia indebida de arma de fuego de uso civil y de uso civil condicional". Finalmente, concluyó que "al hombre también se le atribuyó la autoría de "amenazas calificadas, mientras que a la mujer la autoría del delito de depositaria infiel".