Acusan a dos jefes de la Federal por el robo de cigarrillos de contrabando

Una investigación penal iniciada tres años atrás sigue teniendo contra las cuerdas a dos exjefes de la Subdelegación Reconquista de la Policía Federal Argentina (PFA), procesados por tres delitos en el cumplimiento de sus funciones, por la desaparición de 77 cajas de cigarrillos de contrabando que iban camino a ser destruidos.

El juez federal de Reconquista, Aldo Mario Alurralde, procesó a fines del año pasado -20 de diciembre de 2020- a los comisarios Carlos Alberto Carrión y Víctor Ramón Alfonso, quienes en 2018 ocupaban los cargos de jefe y subjefe de la dependencia federal ubicada en la cabecera del norte provincial.

En tanto el pasado 19 de octubre, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia (Chaco), integrada por los jueces María Delfina Denogens, Rocío Alcalá y Enrique Jorge Bosch, ratificó lo actuado por el funcionario de primera instancia.

Denuncia anónima

Los altos jefes policiales Carrión y Alfonso, se encuentran investigados por los delitos de "malversación de caudales públicos", "abuso de autoridad" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público", por la desaparición de 77 cajas de cigarrillos de contrabando que habían sido incautados y que tenían como destino su destrucción.

El 29 de octubre de 2018 el juez Alurralde recibió una denuncia anónima de que se estaba orquestando el robo de cigarrillos de origen ilegal y los responsables serían funcionarios de la subdelegación Reconquista de la PFA.

Para la Justicia, la maniobra consistía en el cambio de paquetería, luego de la "extracción de muestras" que es un procedimiento legal para garantizar la continuidad de la investigación penal que dio origen al secuestro del cargamento.

Custodia federal

El mismo juez Alurralde investigaba el contrabando de 1.439 cajas de cartón de cigarrillos que eran transportados en un camión Scania y que quedaron bajo el resguardo de la PFA, hasta que la Administración de Aduana solicitara su destrucción.

Según la denuncia anónima la sustitución de la mercadería se iba a realizar "al momento en el que se trasladara hacia el destino previsto para llevar a cabo la destrucción del material incautado, previa extracción de muestras conforme se dispusiera en el expediente de mención".

A los fines de investigar esos nuevos hechos, el magistrado abrió una causa penal, que encomendó a la policía provincial y ordenó escuchas telefónicas que pusieron en jaque la labor de los federales, cuando el 10 de noviembre informaron al juzgado que uno de los precintos de seguridad de Aduana se encontraba violentado.

De inmediato, el magistrado a cargo dispuso allanamientos y un nuevo recuento del cargamento de cigarrillos, que realizó la Dirección de Drogas de la policía provincial, advirtiendo el faltante.

Dudas de la defensa

En tanto, la defensa de los policías adujo que el conteo se hizo mal y que el camión estuvo guardado en la playa de estacionamiento de una distribuidora local por una semana, ante la falta de espacio en la delegación federal.

Ante las irregularidades detectadas, la justicia citó a indagatoria a los policías Carrión y Alfonso. Para el juez Alurralde "no solo incumplieron con sus funciones como depositario judicial permitiendo la sustracción de 77 cajas de cigarrillos, sino que también ocultaron la información sobre el faltante, quitaron de la esfera de custodia de la administración pública los efectos que le fueron confiados".

Según el procesamiento, "los funcionarios imputados sabían que el traslado del camión se había efectuado sin autorización de la autoridad judicial; sin embargo, Carrión no tuvo reparo alguno en afirmar lo contrario ante la pregunta de los funcionarios aduaneros. Por su parte Alfonso, al enterarse de la sustracción, adopta una participación activa en el intento de ocultamiento del faltante".