Un salteño demandó a AstraZeneca y al Estado por $191 millones por daños que atribuye a la vacuna contra el Covid

Un hombre de 34 años, oriundo de Salta, inició una demanda contra AstraZeneca S.A. y el Estado nacional por $191.066.282,99.

En su presentación judicial, Emanuel Alejandro Ocaña Francia atribuyó a las dos dosis de la vacuna contra el Covid-19 que recibió en 2021 una serie de problemas de salud que incluyeron episodios convulsivos, alteraciones cardiovasculares, renales y neurológicas.

La existencia de un vínculo entre esas patologías y la vacunación, sin embargo, todavía no está acreditada y constituye uno de los puntos que deberá establecer la Justicia mediante pericias y otras pruebas.

Qué plantea la demanda

Según la documentación incorporada al expediente y difundida por la Agencia Noticias Argentinas, Ocaña recibió la primera dosis de AstraZeneca el 17 de junio de 2021 y la segunda el 29 de agosto de ese año, ambas en establecimientos sanitarios de la provincia de Salta.

Después de las aplicaciones, el demandante sostiene que comenzó a experimentar distintos problemas de salud que se fueron manifestando y agravando con el paso del tiempo.

Entre los diagnósticos mencionados en la presentación aparecen un síndrome antifosfolipídico, plaquetopenia severa, enfermedad renal, trombocitopenia y distintas secuelas neurológicas. El expediente también reúne antecedentes de episodios convulsivos y otros trastornos que derivaron en internaciones, estudios médicos y tratamientos.

Uno de los documentos incorporados a la causa corresponde a una internación realizada en octubre de 2022 en el Hospital San Bernardo. Allí se consignaron múltiples episodios convulsivos tonicoclónicos generalizados y un diagnóstico reciente de hipertensión arterial severa.

Durante esa internación también se realizó una resonancia magnética cerebral que, según la documentación citada en la demanda, mostró lesiones interpretadas como isquémicas subagudas y lesiones cavitadas en ambos hemisferios cerebelosos.

Posteriormente, en noviembre de 2023, el paciente fue atendido en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde se realizaron nuevos estudios y se evaluaron alternativas terapéuticas.

La documentación presentada en la causa menciona, además, alteraciones de la función renal, síndrome antifosfolipídico, plaquetopenia severa y antecedentes de epilepsia asociados con lesiones encefálicas.

La demanda incorpora también un análisis médico-legal particular realizado en noviembre de 2024. Según ese estudio, el hombre presentaría una incapacidad del 70%. Ese porcentaje, al igual que el resto de los elementos aportados por la parte actora, deberá ser evaluado durante el proceso judicial.

Qué deberá determinar la Justicia

El monto total reclamado asciende a $191.066.282,99 e incluye distintos conceptos indemnizatorios. Entre ellos figuran una reparación por incapacidad sobreviniente, $28 millones por daño moral, $700.000 por daño emergente y algo más de $50 millones en concepto de daño punitivo, reclamado específicamente contra AstraZeneca.

Además, el demandante solicitó de manera subsidiaria acceder al Fondo de Reparación Covid-19 contemplado por la Ley 27.573. En la presentación, ese concepto fue calculado en $63.817.680 al momento de formular el reclamo.

Uno de los puntos centrales que deberá resolver el expediente es si las enfermedades y secuelas denunciadas pueden atribuirse efectivamente a las vacunas recibidas en 2021. La demanda sostiene que existe esa relación, pero se trata de una afirmación de la parte actora que todavía debe ser sometida a evaluación judicial.

Para avanzar en esa cuestión, Ocaña solicitó una pericia médica oficial. El objetivo es determinar cuáles son las enfermedades que presenta, qué grado de incapacidad generan y, especialmente, si existe una relación causal entre esas patologías y la vacunación contra el Covid-19.

También pidió que los especialistas establezcan si los cuadros denunciados son compatibles con efectos adversos conocidos de la vacuna.

La demanda también involucra al Estado nacional, además del laboratorio fabricante, y plantea distintos fundamentos para el reclamo económico. Será el proceso judicial el que determine eventualmente las responsabilidades que correspondan y si existe sustento médico y jurídico para la reparación solicitada.

El caso se suma así a la discusión judicial sobre los eventuales daños asociados a tratamientos y vacunas utilizados durante la pandemia.

Sin embargo, cada reclamo debe analizarse de manera individual, a partir de la historia clínica, las pericias médicas, la evidencia científica disponible y el vínculo temporal y causal que pueda establecerse entre una intervención sanitaria y una determinada enfermedad.

Por ahora, la presentación de Ocaña Francia constituye una demanda en trámite y no una resolución judicial que haya establecido que las patologías denunciadas fueron provocadas por la vacuna.

Esa diferencia será central durante el desarrollo del expediente, en el que deberán producirse las pruebas necesarias para determinar si existe o no responsabilidad de AstraZeneca y del Estado nacional.