Ataque a la Legislatura: la defensa de los gremialistas rosarinos se cruzó con la jueza durante la imputativa

“¿Usted conoce el procedimiento?”, le preguntó la jueza Susana Luna a una de las abogadas defensoras, que este jueves llegaron a Santa Fe para participar de la audiencia de atribución imputativa de cuatro de los cinco hombres detenidos por el ataque a la Legislatura, ocurrido el día que se sancionó la reforma previsional.

“Me parece una falta de respeto” -palabras más, palabras menos-, le contestaron turnándose en sus intervenciones, las Dras. Gabriela Durruty, Julia Giordano y Celina Tidoni, quienes representaron en forma conjunta a Franco Emanuel Casasola (43), Maximiliano Esteban Molina (37), Diego Ariel del Castillo Curbelo (40) y Román Oscar González (42).

Eran las 9.52 de la mañana cuando se inició la audiencia, en la Sala 2 del subsuelo de los Tribunales de Santa Fe, en la cual el Ministerio Público de la Acusación (MPA), encabezado por el Fiscal Regional, Jorge Nessier y las fiscales Yanina Tolosa y María Laura Urquiza, hicieron conocer la atribución delictiva conjunta.

Los hechos

Situaron los hechos “en fecha 12 de septiembre de 2024, en horas de la mañana, en circunstancias de estar celebrándose la sesión legislativa” en el edifico de avenida General López 3055, de Santa Fe, previo a la sanción de la reforma de la Ley Previsional. “Se hicieron presentes en la explanada del palacio legislativo varios grupos de personas a fin de manifestarse mediante cánticos y exhibición de cartelería en contra de la aprobación de la misma. Es así que a las 11 horas aproximadamente, algunos grupos de personas identificados con pecheras de distintos gremios, comenzaron a golpear la puerta del edificio con intención de ingresar pese a la resistencia del personal policial presente, y arrojaron todo tipo de elementos contundentes como hierros, piedras, botellas y bombas de estruendo”, describieron desde Fiscalía.

La imputativa, que está contenida en dos carillas de hoja A4 continúa: “Asimismo, arrancaron las rejas protectoras de la luminaria del lugar, arrojándolas contra el edificio público y el personal policial y destruyeron una de las cámaras de seguridad que se encontraba instalada en la explanada”. También detallaron las lesiones sufridas por cinco miembros de la fuerza policial, y la rotura de la puerta de ingreso a la Legislatura.

Luego, realizaron la descripción en la que cada uno de los involucrados habría participado con acciones puntuales, lanzando elementos contundentes o forzando la puerta principal para que ingresaran los proyectiles que llegaban desde afuera.

La calificación legal utilizada fue la de “perturbación de las sesiones legislativas” y “daño agravado” en concurso ideal y en calidad de coautores.

Encendida defensa

Una vez finalizada la intervención del MPA, la jueza Luna le dio la palabra a la defensa, que intentó argumentar en la sala los motivos de su desacuerdo con la atribución delictiva, pero fue interrumpida por la magistrada, que intentaba explicarles que no era ese el contexto para el debate.

“La estrategia de la defensa la definimos nosotros”, expresó la Dra. Durruty y agregó: “Estamos resistiendo la imputación”. “Hay una generalidad en la descripción de los hechos que dificulta la defensa de los imputados”, sostuvo la letrada, que pretendía ser oída.

Allí fue cuando la Dra. Luna dijo tajante: “¿Usted conoce el procedimiento?”. La audiencia parecía desmadrarse, porque a fin de cuentas, existía una acuerdo entre defensa y fiscalía para continuar el proceso con alternativas a la prisión preventiva que implicaba la liberación de los encausados.

"Derecho a la protesta"

“Entendemos que las conductas no se ajustan a ningún delito”, señaló la Dra. Giordano y amplió: “Estamos ante una falencia de la fiscalía” que a su entender atribuyó “perturbación de las sesiones ordinarias de la Legislatura”, cuando el realidad “se sancionó la ley” y además, “no menciona el daño causado”. Por otra parte, expresó la letrada que lo ocurrido esa mañana en las escalinatas del edificio público se condice “con el derecho de huelga y no puede criminalizarse”.

La Dra. Tidoni por su parte reforzó la idea de que “el contexto en que se está realizando es un mecanismo de protesta” y “estamos planteando que hay un derecho a la protesta”, justificó.

Tras las sucesivas intervenciones, la jueza preguntó si para la defensa se estaba ante un caso “atípico” es decir, que no encaja formal o materialmente en un tipo legal de delito. Porque de ser así, debería la jueza tomar cartas en el asunto y evaluar el planteo.

Cuarto intermedio

La audiencia pasó a cuarto intermedio. Fiscalía y defensa volvieron a “negociar” sobre la marcha y las aguas parecieron aquietarse en busca del preciado acuerdo de partes. Cuando se reanudó la grabación fue la Dra. Durruty la que dijo al micrófono que “lo que intentamos es explicar sin límite de tiempo nuestros cuestionamientos sobre la importancia de los hechos” y “expresar lo que técnicamente corresponde respecto de las imputaciones”. También invocó la preocupación de autoridades rosarinas por la detención de sus pupilos, dada la investidura gremial que ostentan -perteneciente a Amsafé Rosario y ATE Rosario-.

Hubo un último contrapunto sobre la función de los auxiliares de justicia y su obligación de representar a los encartados y rendir cuentas a la sociedad, ya sea dentro como fuera de la sala, y finalmente la jueza Luna pidió cerrar los micrófonos y darle la palabra a la fiscalía para que informara del acuerdo.

La fiscal de la Unidad de Delitos Complejos de Santa Fe, Laura Urquiza, realizó un punteo de lo pautado y ratificó el acuerdo de concederles a los cuatro la libertad bajo alternativas, las cuales consisten en: constituir domicilio en la Segunda Circunscripción -Rosario-; presentarse a firmar una vez por mes ante la OGJ Nº 2; una prohibición de acercamiento en un radio de 300 metros a la legislatura santafesina; y la prohibición de portar armas.

Audiencia por zoom

El caso del quinto detenido, Mauro Miguel Corna (46), oriundo de la localidad de Teodelina, debió ser tratado por separado, ya que su abogado defensor, el Dr. Ignacio Blanc Codina, participó de manera remota, desde la ciudad de Venado Tuerto.

La audiencia comenzó a las 11.15 en la misma Sala Nº 2 del subsuelo de tribunales con los mismos actores en cuanto a la magistratura (jueza Luna) y la acusación (fiscales Tolosa y Urquiza).

A Corna le atribuyeron los mismos delitos de “perturbación de las sesiones legislativas” y “daño agravado” por el “hecho 1” referido al 12 de septiembre; pero le sumaron un segundo hecho, acontecido el 16 de octubre, en ocasión del allanamiento realizado en su casa de calle General López al 800, donde fue detenido. Allí, la policía secuestró un revólver calibre 32’ y una decena de cartuchos de diferentes calibres, por lo que además, se le atribuyó el delito de “tenencia indebida de arma de fuego de uso civil” en carácter de autor.

Luego, el diálogo siguió el mismo carril que el resto de los coimputados y se acordó su libertad bajo las mismas medidas alternativas.

El sexto implicado

Un último implicado, de apellido Vázquez, se presentó con abogado esta mañana ante las autoridades judiciales de Santa Fe, para ponerse a disposición. A diferencia de los otros cinco, no hizo falta ponerle las esposas, atento que ya era un hecho la liberación de los demás.

A propósito, fuentes del caso indicaron que será imputado en libertad y en sede del MPA en fecha a confirmar vía notificación oficial a la defensa oportunamente designada.