Bolsafe: expectativa en la querella ante las indagatorias por lavado de dinero

Juliano Salierno
jsalierno@ellitoral.com

La reciente decisión del juez federal N° 2, Francisco Miño, de citar a declarar por el presunto delito de lavado de activos, a nueve miembros de tres entidades que operan en el mercado bursátil, fue recibida con beneplácito por los cientos de damnificados de la millonaria estafa que tiene como máximo exponente al contador Mario Rossini. Así lo reconoció el abogado Leandro Corti, quien junto con su colega Enrique Müller representan a una gran masa de ahorristas e inversores estafados por las firmas Bolsafe Valores y BV Emprendimientos.

También el reencarcelamiento de Rossini, que hasta el jueves de la semana pasada y durante más de nueve meses gozó del régimen de prisión domiciliaria, vino a traer alivio en el colectivo de estafados, que a pesar de los avances de la causa judicial ven lejano su objetivo de recuperar los valores que les fueron quitados.

Pero el visto bueno del juez Miño a la solicitud del fiscal federal N° 2, Walter Rodríguez, para indagar a nueve operadores de las firmas Banco de Galicia y Buenos Aires SA, Galicia Valores SA, y Valfinsa Bursátil SA, fue sin dudas el golpe de timón que los damnificados estaban esperando.

—La semana pasada fueron notificados de que un nuevo grupo de personas será llamado a indagatoria: ¿Quiénes son, por qué se los llama y cuál es el encuadre legal?

—La Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) entendió juntamente con el Ministerio Público Fiscal (MPF) que todas las maniobras defraudatorias llevadas adelante por el contador Rossini y sus otros colaboradores, inexorablemente contaron con la participación, ya sea por acción u omisión, del Banco Galicia y la sociedad de bolsa del Galicia. A partir de eso lo que se analizó fue la posibilidad de seguir la ruta de los títulos y en función de la investigación que desarrolló en su momento Procelac se entendió que existe al menos un estado de sospecha para poder avanzar sobre responsabilidades jurídico-penales de sus integrantes, y de los directorios de estas personas jurídicas.

—En principio son nueve personas.

—Es importante decir que, además de la indagatoria del contador Rossini lógicamente, se está imputando por primera vez -no hay muchos precedentes en la Argentina-, a personas de existencia ideal o personas jurídicas además de las personas físicas. Esto implicaría en primer lugar un gran avance para poder desentrañar integralmente la investigación y las responsabilidades de los sujetos que intervinieron, pero fundamentalmente para lo que es el interés del damnificado, poder despejar cómo fue la vía de escape de los valores y poder encontrar un sujeto responsable en términos patrimoniales a los fines del resarcimiento.

Diez procesados

La llamada causa Bolsafe se inició a fines de 2012 cuando un grupo de ahorristas se encontró conque sus valores no podían ser devueltos por el contador Rossini, que el 13 de diciembre de ese año fue detenido por orden de la Justicia provincial, donde obtuvo el primer procesamiento. Luego la causa pasó a la órbita de la Justicia Federal, que el 20 de octubre de 2014 lo procesó como autor probable de los delitos de “defraudación por administración fraudulenta y captación de ahorro público e intermediación no autorizada en el mercado de valores”; más el dictado de la prisión preventiva y un embargo por $ 20.000.000.

Junto con él fue procesado como coautor, su hermano Omar Santos Rossini de profesión abogado; y ocho miembros del staff de Bolsafe, entre las que se encuentran Flavia Sánchez, María Mercedes Leiva, Marisa Valdéz, Carolina Pavarín, Daniela Reatti, Patricia Berrino, María Lorena Molinas y Miriam Sabella, cuyas responsabilidades y participación varían según el caso.

El 10 de marzo pasado, el fiscal Rodríguez relevó otros nueve nombres de directivos y gerentes de tres entidades, para que sean convocados a declarar en indagatoria, ésta vez ante las claras sospechas de lavado de dinero ante la enorme magnitud de la fuga de títulos.

—Esto implica que las personas que se imputan no podrían haber actuado sin el consentimiento de las sociedades para las que trabajaban...

—Lógicamente, tenían roles institucionales y por las reglas del derecho penal en primer lugar la responsabilidad es a título personal, como persona física, por las omisiones en las que incurrieron fundamentalmente. Pero patrimonialmente habría una responsabilidad refleja, en este caso por las sociedades.

—¿Ese grupo será indagado por lavado de activos o el juez puede aplicar otra figura penal?

—En principio lo que se tienen que fijar son hechos, después la calificación legal, que a primera vista entraría dentro de lo que es el delito de autolavado. Eso podría ser modificado y no es algo central en el avance de la investigación; y lo podrá definir eventualmente el juez si entiende que hay mérito para ello cuando se resuelva la situación procesal. Nosotros vemos que la coherencia de la presentación de Procelac es tal que ante los hechos que se presentan no hay muchas alternativas más que calificar el hecho como autolavado.

—Esta es la segunda tanda que es llamada a indagatoria...

—Todo giró en torno a la figura de la administración fraudulenta e intermediación ilegal, que lo tuvo como autor a Mario Rossini. Esas fueron las dos calificaciones en las que se subsumió el comportamiento del primer grupo, Rossini y su staff de colaboradores. Después, habría también un tercer grupo que en su momento la Fiscalía hizo un requerimiento entendiendo que también había grado de sospecha para indagarlos, que hacía hincapié en la gran deficiencia en los controles que llevaban adelante los ex integrantes del Mercado de Valores del Litoral, que en alguna medida funcionaba como el poder de policía local en cuanto a las operatorias, por delegación de la Comisión Nacional de Valores. En aquel entonces el juez entendió que todavía no se configuraba ese estado de sospecha que ameritase la indagatoria y por eso no fueron citados.

—¿Entonces quiénes quedan por perseguir penalmente en esta investigación?

—Lo que en principio vemos es que hay un abordaje general de parte del MPF que no quedaría ningún tipo de flanco sin cubrir. Ellos han abordado todos los posibles responsables de esta maniobra.

—¿Cuál es el ánimo de las víctimas, ahorristas e inversores estafados ahora?

—Los damnificados tienen lógicas preocupaciones porque advierten que la causa es sumamente compleja, que en líneas generales en los ámbitos judiciales no hay infraestructura para poder tramitar causas de esta naturaleza y complejidad de semejantes ramificaciones. No obstante eso y la desazón que han tenido por algunas decisiones desacertadas que se tomaron, como conceder la prisión domiciliaria a Rossini cuando no había fundamentos médicos para hacerlo, siempre las resoluciones que en alguna medida corrigen esos errores aportan aire y ponen de alguna manera las cosas en su lugar.

Por eso, a pesar de todo están con un grado de confianza y optimismo, también muy atentos a seguir los pasos de la causa, fundamentalmente porque tenemos que tener en cuenta que si bien había grandes ahorristas e inversores, la mayor parte fueron pequeños ahorristas de clase media, que había cobrado indemnizaciones laborales por accidente, o depositado los ahorros que significaban los esfuerzos de toda una vida y que han sido birlados de una manera manifiestamente ilegal, lo cual no deja de generar un perjuicio patrimonial, pero también en la vida de las personas, por lo cual la actitud es de mucha cautela y de optimismo muy prudente y de un enorme compromiso de seguir paso a paso las alternativas de la causa.

Reproche legal

La Procelac y el fiscal federal, Walter Rodríguez, basaron parte del pedido de indagatorias para los empleados y funcionarios de Banco de Galicia y Buenos Aires SA, Galicia Valores SA y Valfinsa Bursátil SA en el informe de la Subgerencia de Prevención del Lavado de Dinero de la Comisión Nacional de Valores, en el que se da cuenta del circuito seguido por los títulos objeto de desapoderamiento.

También cuestionaron la falta de alertas ante actividades sospechosas, y como ejemplo contaron que “la cuenta corriente de BV Emprendimientos del Galicia registró entre el 1º de abril de 2012 y el 16 de enero de 2013 extracciones por $ 56.400.000”. En tal sentido, “la ley de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo (ley 25.246) se asienta sobre un sistema de prevención que pone en cabeza de los sujetos obligados (entre ellos las entidades financieras y las sociedades de bolsa) la obligación de reportar a la Unidad de Información Financiera las operaciones sospechosas realizadas por sus clientes”, expresaron.