A puertas cerradas y bajo estricto mandato de confidencialidad se desarrolló este miércoles la audiencia multipropósito en la que se definió el futuro de los dos adolescentes no punibles involucrados en el crimen de Jeremías Monzón.
El juez Urdiales dispuso que lo ocurrido durante la audiencia se mantenga bajo reserva. Las medidas fueron aplicadas a los dos adolescentes de 14 y 15 años, que debido a su edad no serán juzgados.

A puertas cerradas y bajo estricto mandato de confidencialidad se desarrolló este miércoles la audiencia multipropósito en la que se definió el futuro de los dos adolescentes no punibles involucrados en el crimen de Jeremías Monzón.
El juez penal Gustavo Urdiales dispuso una serie de medidas, de aplicación inmediata, que alcanzan a los menores de 14 y 15 años.
La imposición de las mismas fue solicitada al magistrado por el fiscal de Menores, Francisco Cecchini. Dichas medidas habían sido propuestas por la secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, cuya titular, Daniela León, acudió a la audiencia.
A la sala 6 de los tribunales de la ciudad de Santa Fe también acudieron el Ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni; el fiscal Luis Schiappa Pietra; la familia de Jeremías junto a sus abogados; y los defensores particulares Pedro Busico y Martín Durando.
Los menores L.P. y B.V. participaron de la audiencia, uno acudió al Palacio de Justicia mientras que el otro fue conectado a través de una videoconferencia.
"En el marco de la audiencia se impuso por parte del juez un deber de confidencialidad que abarca no solamente las medidas que se dispusieron, sino el desarrollo de toda la audiencia", informó Cecchini en conferencia de prensa.
"Se utilizaron todas las herramientas que brinda el Código Procesal Penal Juvenil", señaló, "hubo una colaboración y trabajo en conjunto de todas las partes del proceso, también del Poder Ejecutivo" en el marco del cual "se logró eh un acuerdo que creo que nos dejó conformes a todos".
Las medidas "fueron pensadas, de nuestra parte, pensando fundamentalmente en las víctimas y en el resguardo de las víctimas", señaló a su turno Schiappa Pietra, quien agregó que las medidas "son efectivas", serán ejecutadas por el Poder Ejecutivo y controladas por el Poder Judicial.
"Creo que es importante que pudimos mostrar que actuando conjuntamente con una serie de actores institucionales, defensas y en este caso representación de la familia de la víctima, pudieron tomarse una serie de medidas importantes sin lesionar o afectar la no punibilidad", indicó el fiscal Schiappa Pietra.
Consultado por la posibilidad de institucionalizar a los menores, indicó: "No puedo dar detalles sobre las medidas que se dispusieron hoy. Lo que nosotros podemos decir es que estas audiencias muestran que podemos tener actividades coordinadas con distintas organismos del Estado que son relevantes, son atinentes y el Código nuevo en materia penal juvenil justamente las propone y las permite".
Jeremías Monzón fue visto con vida por última vez el jueves 18 de diciembre del año pasado, cuando salió de su casa en bicicleta rumbo a Santa Fe.
Pasado el día y tras no tener noticias de él, su familia denunció la desaparición, dando lugar a la activación del Alerta Sofía, un protocolo de emergencia para la búsqueda inmediata de niños y adolescentes desaparecidos en situaciones de alto riesgo.
Cuatro días después, el 22 de diciembre, la policía recibió un llamado al 911 que alertó sobre un cuerpo sin vida en un galpón abandonado en el barrio Chalet, frente al estadio del Club Atlético Colón. La identificación fue positiva. El cuerpo de Jeremías estaba en avanzado estado de descomposición y presentaba 23 puñaladas realizadas con un cuchillo y un arma blanca de fabricación casera.
Tras la confirmación del crimen, se realizaron una serie de allanamientos en los que se detuvo M.B.A., la adolescente que luego fue imputada como coautora del "homicidio triplemente calificado" y permanece privada de su libertad en un Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil (CERPJ). También imputaron a dos chicos que en ese momento tenían 14 años.
A mediados de enero fue detenida la única adulta que habría estado involucrada en el asesinato -hasta ahora-. Nadia Ivón Juárez (41), madre de M.B.A., fue imputada como partícipe secundaria del homicidio tras la confirmación de que se reunió con los menores una hora después del crimen y los acompañó hasta el Parque del Sur, donde descartaron las armas y elementos utilizados para matar a Jeremías.
Para la fiscalía, Juárez conocía las intenciones de los adolescentes y se comprometió a prestar ayuda posterior para asegurar la impunidad del grupo. El juez Luis Octavio Silva dispuso su prisión preventiva.




