La causa que investiga la muerte de Diego Armando Maradona sumó este lunes un capítulo clave en los tribunales de San Isidro.
La Justicia define las pruebas y testigos para el proceso oral que enfrentará la enfermera. Se debate la modalidad de jurado popular y la responsabilidad médica en el deceso del "Diez".

La causa que investiga la muerte de Diego Armando Maradona sumó este lunes un capítulo clave en los tribunales de San Isidro.
Se llevó a cabo una nueva audiencia preliminar centrada exclusivamente en la situación procesal de Gisela Dahiana Madrid, la enfermera que asistió al astro del fútbol en sus últimos días de vida en la casa de Tigre. Esta instancia resulta fundamental para depurar las pruebas y testimonios que se ventilarán en el futuro juicio oral.
A diferencia de los otros siete imputados por "homicidio con dolo eventual", la defensa de Madrid, encabezada por el abogado Rodolfo Baqué, ha mantenido una estrategia diferenciada. Madrid sostiene que ella solo seguía órdenes médicas y que su capacidad de decisión sobre el tratamiento general de Maradona era nula.
Durante la audiencia de hoy, las partes se reunieron para discutir qué elementos probatorios serán admitidos. La defensa busca demostrar que la enfermera no tuvo responsabilidad en las omisiones que llevaron al desenlace fatal el 25 de noviembre de 2020.
Por su parte, la fiscalía intenta sostener que el personal de salud conformó una "red de contención" deficiente que abandonó a su suerte al paciente.
Uno de los puntos de mayor fricción en esta etapa es la modalidad del proceso. Mientras que el resto de los acusados —incluidos el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov— serán juzgados por un tribunal técnico, la defensa de Madrid ha solicitado un juicio por jurados.
Esta petición plantea un desafío logístico y jurídico importante: la posibilidad de realizar dos juicios paralelos por el mismo hecho. Los abogados de las hijas de Maradona (Dalma y Gianinna), quienes actúan como particulares damnificados, han expresado reparos sobre esta división, aunque la ley bonaerense ampara el derecho del imputado a elegir ser juzgado por ciudadanos comunes.
Mientras se define el destino de Madrid, la causa principal sigue su curso. El equipo médico está acusado de un delito que prevé penas de entre ocho y 25 años de prisión. La hipótesis fiscal sostiene que los profesionales de salud sabían que Maradona podía morir y, aun así, no hicieron nada para evitarlo, brindando una internación domiciliaria "precaria e insuficiente".
Entre los señalados, además de Luque y Cosachov, se encuentran el psicólogo Carlos Díaz, la médica coordinadora Nancy Forlini, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.
Tras la finalización de estas audiencias preliminares, el tribunal deberá dictar una resolución que fije la fecha de inicio del debate y confirme la lista definitiva de testigos, que se prevé superará el centenar de personas.
La muerte del máximo ídolo popular argentino sigue generando una profunda conmoción social, y la resolución de estas audiencias preliminares es el paso necesario para que, finalmente, se determine si hubo negligencia criminal en el entorno que debía cuidar la salud de Diego.




