Consecuencias penales por falsas amenazas de bomba

Juliano Salierno | jsalierno@ellitoral.com

Los llamados anónimos por falsas amenazas de bomba se convirtieron en un fenómeno inmanejable durante el año pasado para varias instituciones de la capital provincial. Los más castigados fueron los establecimientos educativos, que por protocolo debieron evacuar los edificios en numerosas oportunidades, al punto que no sólo se debieron suspender exámenes, sino que en algunos casos dificultó el normal desarrollo del cierre del año escolar.

Uno de los ejemplos palmarios fue el de la Escuela San Roque, una institución señera que está ubicada en la manzana que forman las calles Lavalle, Martín Zapata, Güemes y Regis Martínez y que recibe chicos de los barrios San Roque, Sargento Cabral y La Lona en su mayoría. En rededor de la iglesia, que tuvo al recordado padre José Guntern como referente y benefactor, conviven estudiantes de primaria, secundaria y del instituto de Inglés, comunidad educativa que expresó su preocupación en numerosas oportunidades por este hecho.

Lo que podría haber surgido como una “broma” o una “picardía” de adolescentes, se convirtió en poco tiempo en un asunto que luego de la intervención policial, dio paso al accionar de la Justicia. Las reiteradas denuncias llevaron a que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) abriera una investigación, que si bien llevó algunas semanas, al filo del 2019 comenzó a dar resultados.

Diez denuncias

“A raíz de las denuncias que se registraron en noviembre y diciembre las autoridades de la escuela me transmitieron que prácticamente no pudieron dar clases en un mes entero porque todos los días había llamados de falsas amenazas de bomba”, refirió la fiscal Milagros Parodi, que tiene a su cargo la investigación. “Entonces coordinamos un trabajo con la PDI, con personal que trabaja exclusivamente este delito, y nos abocamos a la investigación de 10 denuncias.

Empezamos a analizar distintas evidencias y por los informes que se fueron colectando” específicamente a las empresas telefónicas “el 19 de diciembre ordené la detención de una alumna que en el momento que efectuó dos llamadas desde su celular -un I-Pohone- era mayor de edad, por eso pude realizar la audiencia imputativa”.

Dos días después, el 21 de diciembre, la joven fue acusada por “intimidación pública en carácter de autora reiterada” y también fue vinculada con otros tres hechos, “que si bien no fue ella la que realizó los llamados, sí se hicieron con su teléfono, por lo que es partícipe principal de los otros tres casos”, profundizó la fiscal. La audiencia se tomó en estado de libertad y ante la presencia de su abogado defensor.

Dos menores

La investigación continuó y el 26 de diciembre fue identificada otra alumna del secundario, que si bien es mayor de edad, al momento de cometer el delito (13 de noviembre de 20118) tenía 17 años, por lo que en este caso se hizo la consulta al juez de Menores. El 28 de diciembre pasó lo mismo con otro joven de 17 años, que fue trasladado en estado de libertad por el Juzgado de Menores y se le tomó declaración informativa.

Si bien “esos dos caso los lleva el juzgado de Menores, fueron importantes las declaraciones que hicieron a los fines de profundizar la investigación”, continuó la Dra. Parodi. Así se llegó al 2019, cuando el jueves 3 de enero fueron detenidos otros dos alumnos que tenían 18 años al momento de realizar las llamadas. Aunque “todavía no fueron imputados, al igual que la primera de las jóvenes, la figura sería la de intimidación pública reiterada” y la fiscalía podría fijar audiencias para después de la feria judicial.

Un dato no menor que aportó la fiscal Parodi, que trabaja el caso junto con un equipo de la PDI que conforman los policías Raúl Escudero, Ignacio Cisneros y Laura Aguiar, es que “la investigación está en trámite” y “no se cierra en este círculo” de personas. “Quiero transmitir que se investiga, que se llega a los resultados a pesar de las demoras y que resolver el problema urge a la comunidad educativa”, sostuvo la titular de la acción penal.

Reparar el daño

En tal sentido, la fiscal reconoció que aunque suene antipático, “si necesitamos detener a alguien tenemos que entrar a la escuela” y que en los casos de mayores de edad “estamos teniendo colaboración” de las autoridades, tanto de la escuela como del ministerio de Educación. “Es un delito, no es una travesura”, aclaró Parodi.

Mientras tanto, con los casos en que hay autores identificados, la Fiscalía tiene una segunda misión. “Si bien la investigación no terminó, con los tres identificados mayores tengo que pasar a una segunda etapa, que es acusar e ir a juicio o ver las alternativas legales” que “pueden ser una condena por procedimiento abreviado -con un mínimo de 2 años de prisión en suspenso- y sino puedo pensar en una probation, que por ser un primer antecedente es posible concederla”.

En el marco de la probation la persona que se acoge al beneficio “tiene que estar sujetos a reglas de conducta y la idea es que realicen trabajos comunitarios por un tiempo determinado y lo que resta por definir es la reparación económica” -entre 20 y 40 mil pesos- que es un reclamo de los organismos oficiales. En tal sentido aclaró que “la reparación económica no es la indemnización al Ministerio de Seguridad, sino, por ejemplo, destinar los fondos a la cooperadora de la escuela a modo de donación, porque la víctima es la sociedad toda”, entiendase por ello “la comunidad educativa, el vecino, el transeúnte, no es únicamente el Ministerio de Seguridad”.

Escuela Belgrano

Otros tres estudiantes de la Escuela Belgrano de calle Moreno al 3000, fueron detenidos e identificados en noviembre del año pasado por orden de la fiscal Milagros Parodi por el delito de “intimidación pública” en calidad de autor uno y como encubridor el restante; y un tercero de 17 años, fue derivado al juzgado de Menores.