Denuncian "escrache mediático" por los allanamientos en la causa "El Carmen"

El abogado santafesino Raúl Freyre Iturraspe realizó un detallado descargo de los allanamientos ordenados esta semana por la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que lo tuvieron a él, a su familia y a sus clientes, como objeto de una pesquisa a la que calificó como "desmesurada" y "espectacular".

"Este martes he asistido a un espectáculo que como profesional del derecho jamás pensé presenciar", dijo el entrevistado, que reconoció la existencia de "una disputa judicial de vieja data y que en lo esencial, versa sobre los derechos posesorios de mi representada, la señora Olmos, sobre el establecimiento 'El Carmen' en San Mariano".

Aunque no reniega de los allanamientos como "herramienta procesal válida y útil para el aseguramiento de material probatorio", señaló que en todos los casos "debe velarse por la absoluta razonabilidad y discreción en el diligenciamiento de la medida, porque hay que entender que se encuentran comprometidos derechos de raigambre constitucional como el de la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la intimidad de las personas, y si además lo que se pretende es allanar un estudio jurídico –como fue el caso-, se encuentran comprometidos derechos como el de confidencialidad y secreto profesional".

Cinematográfico despliegue

"Llama la atención el cinematográfico despliegue en los diversos allanamientos realizados", advirtió Freyre Iturraspe. "Como si se tratara de la filmación de un set se utilizaron quince móviles policiales, sesenta policías, entre civiles y uniformados, todos con portación de armas de fuego cargadas de alto calibre, dotados y preparados para combatir y amedrentar a distintas familias que amanecían para sus actividades escolares y laborales".

A la hora de marcar la "desproporción" del acto judicial, el letrado apunta que "el arribo del comando virulento se contradice con el contenido de la orden judicial que fijaba los límites de actuación de procedimiento y como único objeto, la verificación de la existencia de papeles o aparatos electrónicos vinculados a una investigación"; y agrega que estaba explícitamente aclarado que se permitiría "el uso de la fuerza público solamente en caso de resistencia y en uso moderado proporcionado al grado de resistencia".

Escrache mediático

"No obstante ello, tal medida fue la llave para encender las luces de un escrache mediático organizado para generar sensaciones en los espectadores, que lejos están de la realidad de los hechos que surgen plasmadas en los expedientes judiciales", cuestionó el representante legal de los actuales ocupantes de la estancia de 2500 hectáreas, enclavada en el departamento Las Colonias, que fuera propiedad de la histórica familia Saavedra Lamas.

En términos concretos, el Dr. Freyre Iturraspe expuso cuáles fueron los actos puntuales que llamaron su atención e indignación.

En primer lugar se preguntó por la "premura" del órgano fiscal en hacerse con información que él mismo asegura, pudo haber puesto a disposición de la justicia "con un mero requerimiento". "Si la intención de esta parte hubiera sido desprenderse de documentación 'comprometedora', lo que le hubiera sobrado es tiempo porque la disputa judicial ya tiene más de 7 años. Sin embargo siempre esta parte eligió lo que corresponde, estar a derecho", destacó.

Destrato y temor

También expuso el sinsentido de "ordenar un allanamiento a la casa de mis padres que no tienen ningún tipo de vinculación con la causa y que además tienen una edad muy avanzada". Al respecto, agregó que "el obvio resultado fue no encontrar absolutamente nada 'escondido' vinculado al caso".

En tercer término hizo hincapié en "tan espectacular procedimiento en San Carlos, en la cual los móviles policiales entraron en contramano, causando una conmoción tan desproporcionada como innecesaria".

Freyre Iturraspe se preguntó por "las notas de mesura y razonabilidad que debe informar todo allanamiento cuando en mi casa particular, como se dijo, entraron numerosos móviles policiales con un total destrato de parte de los funcionarios hacia mi esposa, y la empleada del hogar". Y detalló que "en mi estudio jurídico ingresaron más de doce funcionarios policiales a pesar que voluntariamente y estando en mi casa ofrecí trasladarme para llevar las llaves de mi oficina y exhibir todo tipo de documentación vinculada al caso que se me requiriera".

Cámaras esperando

En se punto, el abogado alertó sobre el cercenamiento a su libertad, ya que "no se me permitió trasladarme en mi vehículo particular sino que se me fijó como condición que debía ir en un móvil policial". "No teniendo ningún tipo de orden judicial que restringiera mi libertad ambulatoria", remarcó.

Y como golpe de gracia "al arribar al estudio llamativamente me estaban esperando las cámaras de varios medios, seguramente para ser funcional al espectáculo montado por los representantes del MPA", criticó.

Como si fuera poco, reseñó lo ocurrido en la estancia, donde "la persona encargada de la hacienda fue obligada a permanecer inmovilizada en el piso por varios minutos, delante de su hija de 4 años, cuando jamás ofreció resistencia y por el contrario, se puso a su total disposición".

Sufrir consecuencias

Tal como le relataron sus clientes, el Dr. Freyre Iturraspe denunció que "los funcionarios encargados de llevar a cabo el allanamiento en San Mariano le expresaron a Gómez y Olmos que cambiaran de abogado, y que no deberían ser más representados por quien suscribe sino querían sufrir consecuencias desventajosas".

Y por último, expresó sorpresa y puso en crisis el "criterio de ecuanimidad" de la fiscalía "cuando a la vez que restringían ilegítimamente durante el procedimiento mi libertad de movimientos, daban anuencia al abogado de los denunciantes Jorge Rostand para que filmara el procedimiento en mi hogar, mis cosas, mi estudio jurídico con total desdén hacia mi privacidad y la de mi familia, al punto tal que el mismo virilizó en redes sociales las filmaciones que efectuó".

En síntesis, el abogado sostiene que "nada de esto tiene justificación legal, ni puede ceñirse a ningún parámetro de razonabilidad que conozca la lógica humana. Se trata simplemente de una justificación fáctica: el amedrentamiento como herramienta para conculcar derechos de los particulares que parece haberse constituido en la moneda corriente del MPA de Santa Fe y que ha sumido a la institución en un total desprestigio social".

La causa

Ocho allanamientos se llevaron a cabo este martes en los departamentos La Capital y Las Colonias, en busca de documentación requerida en torno a una investigación por los presuntos delitos de "usurpación, abigeato y estafa", denunciados en 2014 por la Fundación Vida Silvestre, en relación al establecimiento rural El Carmen, de San Mariano. La labor estuvo a cargo del Organismo de Investigaciones y bajo las órdenes de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe.

"Legítimos poseedores"

Si bien la investigación en la justicia Penal santafesina data de 2014 (a raíz de una denuncia presentada por la Fundación Vida Silvestre, que intenta hacer valer una donación realizada por el último propietario de la familia Saavedra Lamas en favor de la ONG), existen otras instancias judiciales que el abogado Freyre Iturraspe pretende hacer valer.

"La Sra. Olmos y el Sr. Gómez no son meros ocupantes del establecimiento rural El Carmen, sino que son sus legítimos poseedores por sentencia dictada por un juez provincial. Esa resolución se encuentra firme desde 2014 y ha sido consentida por los denunciantes puesto que jamás interpusieron recurso alguno más allá de que la ley, obviamente, los habilitaba para ello", aporta.

Por eso mismo, considera "un absurdo hablar de usurpación cuando una sentencia firme le acuerda a Olmos y Gómez legítimos derechos posesorios sobre el inmueble rural, y es en ese basamento jurídico que se realizaron cuantiosas inversiones en mejoras que transformaron un campo totalmente abandonado en un establecimiento productivo".

"Ahora, debemos preguntarnos, cómo puede ser que tenga entidad una causa por presunta usurpación cuando los mismos denunciantes han consentido contractualmente que los derechos posesorios sobre el campo le pertenecen a quienes ellos han denunciado", señala el abogado de parte.

Freyre Iturraspe consideró "absurda la alegación de las fiscales" que "parece que desconocieran que el acuerdo entre partes fue perfeccionado en el marco del juicio sucesorio de Saavedra que tramita en un juzgado civil de CABA", donde además "fue discutido el convenio en sucesivas audiencias donde las fundaciones denunciantes fueron representas por estudios jurídicos de los más prestigiosos de Capital Federal y que finalmente fue firmado el acuerdo de partes luego de casi dos años con estricto control jurisdiccional, el que fuera homologado por sentencia que se encuentra firme".