Los policías Germán Luis Noval y Patricio Emanuel Piacenza fueron condenados este jueves como coautores de exacciones ilegales por un hecho ocurrido la semana pasada en la ciudad de Santa Fe.
Aceptaron su responsabilidad en el hecho y firmaron un acuerdo para un juicio de procedimiento abreviado que se realizó este jueves. La fiscalía todavía intenta determinar la identidad del tercer involucrado en el hecho, ocurrido la semana pasada.

Los policías Germán Luis Noval y Patricio Emanuel Piacenza fueron condenados este jueves como coautores de exacciones ilegales por un hecho ocurrido la semana pasada en la ciudad de Santa Fe.
Ambos quedaron en libertad luego de la audiencia -realizada en los tribunales de la capital provincial- en la que el juez Martín Torres homologó el acuerdo firmado entre los imputados y el fiscal Ezequiel Hernández, de la Unidad Especial de Delitos Complejos del Ministerio Púbico de la Acusación.
De esta forma, Noval y Piacenza aceptaron su responsabilidad y fueron sentenciados a tres años de prisión de ejecución condicional. Ello implica que no irán a la cárcel, pero deberán someterse a distintas reglas de conducta.
Luego de la audiencia, el fiscal Hernández brindó una conferencia de prensa y explicó que los condenados deberán además pagar una multa en pesos y fueron inhabilitados por seis años para ejercer como funcionarios públicos.
En ese momento, recordó que la pena prevista para el delito de exacciones ilegales tiene un máximo de cuatro años y un mínimo de un año.
Por otra parte, reconoció que la investigación no está agotada y que siguen buscando a un tercer policía que habría participado de la maniobra delictiva.
Finalmente, señaló que Noval y Piacenza aceptaron su responsabilidad porque no les quedó alternativa, ante el peso de la evidencia.
La víctima del caso es un joven que tiempo atrás entregó su moto para saldar una parte de una deuda contraída. Días después, él recibió información acerca de que el vehículo había sido utilizado para cometer un asalto. Preocupado, se acercó a la Comisaría 8a.
Allí, lo recibió un policía que le sugirió hacer una “falsa denuncia”, diciendo que en realidad el rodado había sido robado. De esa manera, supuestamente, se iba a sacar cualquier responsabilidad de encima.
El muchacho firmó un papel. Teóricamente era la denuncia, pero nunca vio lo que tenía escrito la hoja, porque se la dieron doblada para que ponga su “gancho”.
Policías abordaron un antiguo patrullero -que no contaba con GPS para registrar los recorridos- y fueron hasta Sauce Viejo para recuperar la moto. El procedimiento fue por demás de irregular.
Ya con el vehículo en su poder, los policías convocaron a la víctima, pero no para devolverlo. Los uniformados le exigieron el pago de un millón de pesos y le explicaron que esa suma no era sólo por la moto, sino también para no arrestarlo por la “falsa denuncia” que había hecho. “Le dijeron que lo iban a meter preso por quince años”, contó el fiscal Hernández.
El muchacho se sintió acorralado y fue al día siguiente a la División de Asuntos Internos.
Los detectives que investigan irregularidades dentro de la fuerza organizaron entonces una “entrega controlada”. Juntaron un millón de pesos de dinero en efectivo. Fotocopiaron cada uno de los billetes para certificar su numeración.
La suma fue entregada a la víctima, que el pasado viernes 24 fue a la Comisaría 8a para pagarle a los policías. Dos uniformados recibieron el dinero.
Los movimientos fueron seguidos en todo momento por personal de Asuntos Internos, que además documentó todo con videos. Cuando el joven salió de la seccional, hizo una seña con su capucha (tal cual había pactado con los investigadores) y los detectives irrumpieron en el edificio para recuperar el efectivo y apresar a los dos uniformados.
En menos de una semana, los dos responsables fueron condenados, pero los investigadores siguen buscando a un tercer cómplice que hasta ahora logró esquivar a la justicia.




