Dos hombres acusados de ahorcar a una mujer serán juzgados por un tribunal popular

A casi dos años del femicidio de Alejandra Agustina Vargas (25), la causa ingresará en su etapa decisiva con el inicio del juicio por jurados previsto para el lunes 2 de marzo en los tribunales de Santa Fe.

Será el primer debate del año bajo esta modalidad en la provincia y tendrá en el banquillo a Julián Federico Fructuoso Obregón (26) y Lucas Sebastián Páez (25), quienes están presos desde el 3 de marzo de 2023.

La audiencia de selección del jurado se realizará el mismo lunes, luego del sorteo efectuado el pasado miércoles 18 de febrero, instancia tras la cual serán notificados 23 hombres y 23 mujeres convocados para integrar el tribunal popular.

La jueza Cecilia Labanca dirigirá el debate, que según lo previsto por la Oficina de Gestión Judicial, se extenderá hasta el miércoles 4 de marzo.

Prisión perpetua

La acusación estará a cargo de los fiscales María Laura Urquiza y Estanislao Giavedoni, de la Unidad Especial de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, quienes adelantaron que solicitarán la pena de prisión perpetua en caso de un veredicto de culpabilidad.

Fueron ofrecidos 27 testigos, entre efectivos policiales, médicos forenses y personas del entorno de la víctima y de los acusados.

En cuanto a la defensa técnica, Obregón será asistido por los abogados particulares Daniel Martín Recaman y Juan Bautista Benítez, mientras que Páez contará con la representación de la defensora pública Lucía Moognaschi, integrante del Ministerio Público de Defensa.

La apertura a juicio fue dispuesta el pasado 29 de diciembre por el juez de la IPP, Nicolás Falkenberg, quien admitió la acusación y resolvió que el caso sea juzgado por un tribunal popular.

La hipótesis fiscal

Obregón llega imputado como coautor del delito de homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por haber sido perpetrado por un hombre contra una mujer mediando violencia de género. Páez será juzgado como coautor de homicidio calificado por alevosía y por el mismo contexto. Ambas figuras prevén como única pena la prisión perpetua.

Según la acusación, el 1° de marzo de 2023, entre las 6 y las 8 de la mañana, en la vivienda de Enrique Rodríguez 2140 de la ciudad de San Justo, los imputados actuaron de manera conjunta para causar la muerte de Vargas mediante asfixia por ahorcamiento.

El requerimiento fiscal sostiene que colocaron un cable alrededor del cuello de la víctima y lo sujetaron a un tirante del techo.

Si bien en un primer momento se habló de un "suicidio", la Fiscalía encuadró el hecho en un contexto de violencia de género y señaló que la relación entre Obregón y la víctima estaba atravesada por episodios previos de violencia física y psicológica.

El testimonio de los hijos

Uno de los elementos que la acusación considera centrales para el debate es el testimonio de los hijos menores de la víctima, quienes se encontraban en la vivienda al momento del hecho.

Durante la investigación penal preparatoria, uno de los niños manifestó ante personal policial y luego en entrevistas especializadas que su madre había sido colgada por su padrastro y que otra persona lo había ayudado.

Esas declaraciones fueron incorporadas al legajo bajo las modalidades previstas para la protección de niñas y niños, y su contenido fue valorado por el juez Falkenberg al momento de dictar la prisión preventiva, al considerar que aportaban verosimilitud a la hipótesis fiscal.

En el juicio, esos registros serán introducidos conforme a las reglas procesales y constituirán un punto relevante en la reconstrucción de los hechos que deberá evaluar el jurado.

La investigación

La investigación se inició el mismo 1° de marzo de 2023 y estuvo a cargo del fiscal Francisco Cecchini, quien ordenó la autopsia y activó el protocolo de actuación ante muertes violentas de mujeres. Con el avance del proceso, la acusación quedó en manos de los fiscales Urquiza y Giavedoni.

En la audiencia de prisión preventiva, las defensas cuestionaron la calificación legal y la valoración de determinadas pruebas, pero el juez entendió que existían elementos suficientes para tener por acreditado, con el grado de probabilidad exigido en esa etapa, el hecho y la participación atribuida a los imputados, y dispuso su detención cautelar.

Superadas las audiencias de admisibilidad probatoria, la causa quedó en condiciones de ser llevada a juicio. Será ahora un jurado popular el encargado de determinar si los acusados son penalmente responsables del femicidio de Alejandra Vargas.