Ante esta situación, el Juzgado Federal de Rafaela, a cargo del Dr. Reinando Rubén Rodríguez, ordenó el inmediato allanamiento del predio. Las y los policías presentes lograron rescatar a cinco personas, dos de ellas menores de edad. El encargado del lugar, que resultó imputado, abusando de la necesidad de trabajo de estas cinco personas, les prometió a sus víctimas estabilidad laboral y remuneraciones acorde a lo establecido en el convenio colectivo de trabajo rural. Sin embargo, una vez que se hallaban en el lugar, sólo se les abonaba 1.000 pesos semanales y se los obligaba a realizar trabajos de cuidado vacuno, alambrado, siembra y mantenimiento de maquinaria agrícola. A su vez, se los sometía a vivir en condiciones precarias y bajo un régimen laboral de 16 horas durante los siete días de la semana.