Recompensa de $5 millones por prófugos acusados de tráfico internacional de armas en Argentina

El Gobierno nacional oficializó este jueves una recompensa económica para obtener información que permita localizar y detener a ocho personas acusadas de integrar una organización criminal vinculada al tráfico internacional de armas. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 462/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional.

La decisión fue tomada en el marco de una investigación que tramita en el Juzgado Federal N° 3 de Mendoza y alcanza a ciudadanos argentinos y chilenos, todos actualmente prófugos de la Justicia y con órdenes de captura tanto a nivel nacional como internacional.

Datos que permitan capturar a los acusados

Según establece la resolución oficial, el Estado nacional pagará una recompensa de cinco millones de pesos por cada una de las personas buscadas, siempre que la información aportada resulte útil para lograr las detenciones.

La causa judicial se encuentra radicada en el Juzgado Federal N° 3 de Mendoza, a cargo del juez Marcelo Fabián Garnica, y se originó a partir de una investigación vinculada a una presunta organización delictiva relacionada con el tráfico internacional de armas, delito encuadrado en la Ley 22.415.

De acuerdo con la publicación oficial, los pedidos de recompensa fueron solicitados mediante distintos oficios judiciales enviados entre agosto de 2025 y abril de 2026.

Los acusados identificados en la resolución son Franco Simón Basaez Vilchez, Lisandro Eduardo Basaez Morales, Kevin Matías Sandoval González, Yoel Ignacio Beaumont Sandoval, Aldana Matilde Glaria Orellana, Carlos Damián Algañaraz, Zaira Nahir Basaez y Selene Anahí Obregón.

Cuatro de ellos son ciudadanos chilenos, mientras que los restantes son argentinos o poseen documentación argentina y chilena. Todos se encuentran prófugos desde mayo de 2024 y cuentan con pedidos de captura internacional emitidos en agosto de 2025.

Entre los sospechosos aparece Franco Simón Basaez Vilchez, alias “El Javi”, señalado como uno de los principales integrantes de la organización. También figura Carlos Damián Algañaraz, conocido como “El Porteño”.

La resolución detalla características físicas de cada uno de los buscados con el objetivo de facilitar su identificación y eventual localización.

Cómo aportar información y qué garantías ofrece el Estado

El Ministerio de Seguridad Nacional informó que cualquier persona que posea datos relevantes podrá comunicarse de manera gratuita a la línea 134, correspondiente al Programa Nacional de Recompensas.

Desde el Gobierno señalaron que quienes aporten información no deben haber participado de los hechos investigados y que la identidad de los denunciantes será preservada durante todo el proceso.

Además, la normativa establece que el pago de la recompensa se realizará únicamente después de que la autoridad judicial confirme que los datos aportados fueron efectivos y permitieron avanzar en las capturas.

En paralelo, el Ministerio instruyó a las fuerzas federales de seguridad y a las áreas de comunicación oficial para que difundan masivamente los rostros y datos de las personas buscadas en medios gráficos, radiales, televisivos y plataformas digitales.

La medida se encuadra dentro de la Ley 26.538, normativa que regula el sistema de recompensas en investigaciones criminales complejas y que habilita al Estado a ofrecer dinero a cambio de información útil para resolver delitos de gravedad.

Una investigación que preocupa por el alcance internacional

La investigación judicial pone el foco en una supuesta red vinculada al tráfico internacional de armas, un delito considerado de extrema gravedad por el impacto que genera sobre la seguridad pública y el crimen organizado.

Si bien la resolución publicada en el Boletín Oficial no brinda detalles específicos sobre la operatoria de la organización ni sobre el volumen del armamento investigado, la decisión de emitir capturas internacionales y activar el Programa Nacional de Recompensas refleja la dimensión del caso.

Las autoridades judiciales y de seguridad consideran que los acusados podrían encontrarse fuera del país o desplazándose entre Argentina y Chile, motivo por el cual se reforzó la cooperación internacional para intentar localizarlos.

En ese contexto, desde el Ministerio de Seguridad remarcaron la importancia de la colaboración ciudadana para avanzar en una causa que lleva varios años de investigación y que todavía mantiene prófugos a todos los sospechosos identificados.