Santa Fe redefine su justicia: los Ministerios Públicos se consolidaron como órganos extrapoder

La reforma constitucional que transformó de raíz el sistema de justicia en la provincia de Santa Fe marca un hito en la historia política local: por primera vez, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Ministerio Público de la Defensa (MPD) fueron reconocidos constitucionalmente como órganos autónomos, independientes y extrapoder, con respecto de los tres poderes clásicos del Estado.

La pugna por esta autonomía se aceleró en los primeros meses de 2025, en el marco de la Convención Constituyente Reformadora que sesionó entre julio y septiembre con el mandato de modernizar la Carta Magna santafesina.

Allí, el destino institucional de los organismos de acusación y defensa penal fue uno de los debates de mayor repercusión, tensionando posiciones entre convencionales, autoridades judiciales y representantes de los organismos jurídicos.

Reclamo de independencia

En abril de 2025, y en medio de la expectativa por la reforma, los fiscales del MPA difundieron un comunicado institucional en el que plantearon la necesidad de que el organismo deje de formar parte de cualquier poder estatal tradicional.

El texto reafirmó la voluntad de que el Ministerio Público de la Acusación sea considerado “un órgano extrapoder”, subrayando que debe gozar de “independencia, autonomía funcional y autarquía financiera”.

La reacción institucional se produjo tras unas declaraciones del nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia provincial, Rubén Weder, quien había sugerido la posibilidad de que el MPA pudiera depender del Poder Judicial o incluso del Ejecutivo, remitiendo la definición a la futura Constitución.

En ese contexto, el MPA sostuvo en el comunicado que “las manifestaciones de los funcionarios públicos deben procurar mantener un marco de respeto recíproco y republicano de las funciones institucionales”.

Paralelamente, el Servicio Público Provincial de Defensa Penal, que había articulado su posición institucional mediante otro comunicado dirigido a los convencionales, reclamó igualmente que el Ministerio Público de la Defensa sea reconocido con autonomía funcional, autarquía financiera e independencia respecto de los tres poderes del Estado.

¿Dentro o fuera del Poder Judicial?

El debate en la Convención Constituyente no estuvo exento de controversias. Uno de los centros del contrapunto fue precisamente si el MPA y el MPD debían quedar dentro del Poder Judicial o bien ser considerados órganos extrapoder con plena autonomía institucional.

Según una crónica de El Litoral, en ese espacio hubo posiciones divergentes incluso dentro del oficialismo, aunque predominó un acuerdo para incluir la expresión “órgano extrapoder” en el texto constitucional final, en consonancia con el planteo sostenido por la Fiscal General María Cecilia Vranicich.

La discusión se centró también en la representación y control del desempeño de fiscales y defensores, un punto que implicaba repensar los mecanismos de selección y remoción de sus titulares.

En ese marco, hubo debates sobre si un organismo como un Consejo de la Magistratura o un Consejo Asesor debía intervenir, y bajo qué condiciones, en la propuesta institucional del nuevo esquema del Ministerio Público.

Reconocimiento institucional

El 10 de septiembre de 2025, la Convención aprobó el nuevo texto constitucional provincial.

El cambio más significativo para los ministerios públicos fue la incorporación de un capítulo específico que dota de rango constitucional al Ministerio Público como un organismo independiente, dividido en el MPA y el MPD, con autonomía funcional, autarquía financiera y fuera de la órbita del Poder Judicial y los demás poderes tradicionales.

Además, se incluyeron disposiciones transitorias que establecieron el marco para la transición hacia el nuevo régimen institucional.

El reconocimiento como órgano extrapoder implica que ambos organismos tienen ahora capacidad de elaborar y ejecutar su propio presupuesto, seleccionar y remover a sus integrantes mediante procedimientos técnicos y autónomos, y definir su estructura interna sin injerencias del Ejecutivo, Legislativo o Judicial.

Actos simbólicos

La ratificación pública de este cambio se materializó en actos solemnes celebrados en septiembre y octubre de 2025.

El 27 de septiembre, la Fiscal General María Cecilia Vranicich encabezó, en el Museo de la Constitución de Santa Fe, la primera ceremonia de jura de fiscales bajo la nueva Carta Magna, un hecho inédito que consolidó el papel del MPA como órgano autónomo.

En esa ocasión, Vranicich declaró ante la prensa: “Estamos ante un salto de calidad institucional enorme”, destacando la importancia histórica del momento y la decisión de los convencionales de reconocer al MPA como órgano extrapoder.

Días después, el 7 de octubre, la Defensora General Estrella Jorgelina Moreno Robinson encabezó un acto similar para autoridades y funcionarios del MPD, reafirmando el compromiso del Ministerio Público de la Defensa con el nuevo orden constitucional y con la plena vigencia de sus funciones en un marco de independencia institucional.

Con impacto social

La transformación institucional impulsada en Santa Fe no solo rediseña el mapa del sistema de justicia provincial, sino que también refuerza los estándares de acceso a la justicia, imparcialidad y defensa de derechos.

El reconocimiento constitucional de los ministerios públicos extrapoder responde, según sus referentes, a la necesidad de garantizar que la persecución penal y la defensa técnica se ejerzan con plena autonomía institucional, reforzando la independencia de los operadores judiciales frente a influencias políticas o administrativas.

Este proceso constituyó, sin dudas, uno de los capítulos más relevantes del debate institucional santafesino en décadas, y coloca a la provincia en la vanguardia de las reformas judiciales en Argentina, al consagrar una figura moderna de órganos fiscales y defensores integrados bajo un paraguas institucional sólido, autónomo y constitucionalmente protegido.

Del nacimiento a la autonomía

El proceso de modernización del sistema de justicia penal en Santa Fe se inició con la reforma del Código Procesal Penal a fines de los años 2000, impulsada para transitar a un sistema penal acusatorio.

Esta reforma incluyó la creación del Ministerio Público de la Acusación mediante la Ley Provincial N° 13.013 sancionada el 24 de septiembre de 2009, y la creación del Servicio Público Provincial de Defensa Penal (ley 13.014).

Ambos organismos comenzaron a funcionar -dentro del Poder Judicial- formalmente el 10 de febrero de 2014, durante la gestión del entonces gobernador Antonio Bonfatti, consolidando la estructura acusatoria que la reforma procesal penal venía gestando.

El 10 de septiembre de 2025 se sancionó la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe, en la cual se reconoce expresamente al Ministerio Público como un órgano independiente de los tres poderes clásicos del Estado, compuesto por el MPA y el MPD, independientes entre sí y dirigidos por un Fiscal General y un Defensor General respectivamente.