Combatir el crimen organizado, principal desafío para el sistema acusatorio Federal

Cómo fortalecer la persecución penal en delitos complejos, fue el principal interrogante planteado en el conversatorio que el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) brindó bajo el programa "Fortaleciendo la implementación del sistema acusatorio en la Justicia Federal de Argentina".

La reunión, que congregó a 25 operadores del fuero Federal, se llevó a cabo el jueves pasado en el Hotel Los Silos del puerto de Santa Fe y estuvo a cargo del abogado chileno Gherman Welsch Chahuán, Director de Estudios de CEJA, a cargo del área de criminalidad compleja, delitos ambientales y sistemas penitenciarios.

"Desde CEJA y con el apoyo del programa INL (International Narcotics and Law Enforcement) de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, hemos desarrollado este proyecto que busca entregar capacitaciones, asistencia técnica y una serie de estudios para promover el sistema acusatorio de la justicia Federal, particularmente en las provincias de Salta, Jujuy, Santa Fe y Mendoza", introdujo el profesional de 38 años graduado en la Universidad de Valparaíso.

En esta ocasión, desde el organismo intergubernamental CEJA apuntaron a conocer "si el sistema va a cumplir con la expectativa respecto al combate del crimen organizado", explica el Dr. Welsch Chahuán. Para lo cual recogieron "las impresión de jueces, fiscales y defensores de la justicia Federal de Santa Fe, respecto de cómo ha funcionado este programa y cuál ha sido el impacto y los desafíos de la implementación del sistema acusatorio, dada la demora que ha habido para su implementación".

–¿Qué significa para un ciudadano común esta reforma y en qué se va a poder percibir en la vida diaria de los operadores de justicia?

–Para un ciudadano común es una reforma que tiende a una justicia transparente, en la que no hay el secretismo propio del expediente, con audiencias orales y públicas a las que cualquiera puede asistir, y tanto la víctima como el imputado se encuentran frente a un juez imparcial, que es muy distinto al sistema inquisitivo en el cual el juez es quien investiga y a su vez juzga. El sistema acusatorio separa estas funciones. Hay un fiscal que es el encargado de investigar, para demostrar la culpabilidad del imputado o para fortalecer su presunción de inocencia. Y siempre va a haber un defensor -ya sea particular o público- que va a velar por el debido proceso, para que se cumplan los derechos y garantías del imputado.

–¿Cuáles son los principales aspectos a priorizar?

–Creo que es necesaria la plena vigencia del sistema, porque ahora funciona un sistema mixto (instrucción escrita y juicio oral). Pero han sido remedios parciales frente a lo que se necesita para la plena implementación. Hay necesidad de infraestructura y de recursos humanos para los operadores.

–¿Por qué Santa Fe y no otra provincia?

–Cuando se diseñó la implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF) en Argentina, después de Salta y Jujuy venía Santa Fe y Mendoza.

–Porque hoy Santa Fe está en el ojo de la tormenta por el avance del narcotráfico...

–Exactamente. Nos enfocamos en las respuesta que puede dar este sistema a la criminalidad compleja que es el foco de la justicia Federal. Hace algunas semanas un grupo de jueces viajó a Chile para ver cómo el sistema da respuestas a juicios complejos y de larga duración, con 30, 40 y hasta 50 imputados. Es muy importante pensar que para implementar un sistema de esta naturaleza hay que capacitar a todos los actores en aspectos como litigación, formas de contrainterrogar, conducción de las audiencias por los jueces, porque todo es nuevo. De lo contrario, es como correr una maratón sin haber trotado antes.

–¿Y cómo ven a Santa Fe en el contexto global?

–La situación de Santa Fe o el fenómeno del narcotráfico en los últimos tiempos no es aislado. En Argentina se ha materializado mucho en Santa Fe pero hay que ver cuáles han sido las buenas prácticas o herramientas que pueden dar resultado (para combatirlo). La pregunta es, si este sistema da respuesta a esos casos, porque efectivamente atrapar a la persona que está a cargo del traslado (de drogas) sin llegar a los cabecillas de la organización es algo que se cuestiona. Porque mientras la droga va hacia un lado, el dinero va hacia el otro.

Entonces cómo hacemos para seguir el dinero o fortalecemos la extinción de dominio. Aquí es muy importante contar con ciertas herramientas como el análisis criminal que también ha sido un foco de este proyecto, para lograr que pensemos en un fenómeno criminal. Porque si perseguimos al que está vendiendo drogas en la esquina, lo reemplazan y ponen a otro. Además, el narcotráfico genera una serie de delitos asociados, como el homicidio, el tráfico de armas y la trata de personas.

–¿Qué pasa con la división entre los fueros provincial y federal?

–La información para los operadores de justicia debe estar disponible. Es muy importante establecer mecanismos de colaboración, tener sistemas que permitan analizar el fenómeno criminal, no desde el punto de vista de lo que hace una fiscalía sino de toda la criminalidad en su conjunto. Eso es un paso muy importante y requiere una voluntad fuerte. Que cada agencia tenga la información y no la comparta es perjudicial para el sistema. Si no conversamos, el único que gana es el crimen organizado, que no tiene que enviar oficios para pedir información y se mueve a una velocidad que no lo hacen las agencias estatales, por eso siempre van a ir un paso más adelante. Entonces si no hay un cambio de mentalidad siempre vamos a llegar tarde.

¿Qué es CEJA?

El Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) es un organismo intergubernamental del Sistema Interamericano, con autonomía técnica y operativa, que tiene como misión apoyar los procesos de reforma y modernización de los sistemas de justicia en las Américas. Su sede está en Santiago de Chile y sus miembros son todos los países integrantes activos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y fue creado el 15 de noviembre de 1999.

El caso Salta

La implementación de la reforma lleva 4 años en la provincia de Salta y desde entonces "se ha dado respuestas a ciertos problemas, como la duración de los juicios, que ha disminuido. Una justicia rápida que es lo que demanda la gente, porque una justicia tardía muchas veces no es justicia. La celeridad de los procesos ha permitido una mayor gestión y eso también hace al buen resultado.

Fecha límite

El 7 de febrero de 2019 se reglamentó el nuevo Código Procesal Penal, que había sido sancionado a fines de 2018. Con las incorporaciones dispuestas por la ley 27.482, se lo denominó Código Procesal Penal Federal. Su plena vigencia en todo el territorio nacional podría fijarse como "improrrogable" para 2026.

Desafíos pendientes

Como resultado del encuentro del jueves pasado en Santa Fe, "una de las conclusiones fue la necesidad de incorporar en este desafío a las fuerzas de seguridad y del sistema penitenciario", expresó el Dr. Gherman Welsch Chahuán.

"Tanto jueces, fiscales como defensores, comparten la necesidad de mayor infraestructura y recursos, además de que exista voluntad política para comenzar a operacionalizar el sistema acusatorio" en la provincia. Además de la urgente "asignación de recursos para fortalecer la persecución penal en delitos complejos".

Justicia negociada

–¿Qué pasa con las prisiones preventivas y los juicios abreviados?

–Creo que hay que ser muy cautelo en la interpretación que uno pueda dar respecto a estos sistemas de justicia negociada. Como parte del proyecto hace algunos meses hemos lanzado un estudio de justicia negociada y como funciona en algunos países, incluso en la Argentina. Creo que hay que tener un objetivo claro y tener algo en mente, el sistema no puede llevar todos los casos a un juicio oral, es impracticable. Entonces la misma ley faculta al fiscal llegar a acuerdos o salidas intermedias, es algo que la ley quiere porque es imposible que llegue todo a juicio.

Pero muchas veces se dice que hay que tener cuidado que un exceso de procedimientos abreviados puede ser en definitiva contrario a los derechos del imputado, que va a preferir declararse culpable para evitar un juicio en el cual va a tener una pena (más alta). Efectivamente ahí está el rol del defensor.

Hay que reforzar que la respuesta al delito no es solamente la privación de la libertad y por eso hay que poner énfasis en cómo logramos controlar medidas alternativas a la privación de la libertad ya sea en la etapa de prisión preventiva como en la ejecución de condena. Eso lo tienen todos los países incluso EEUU que es el que tiene la tasa más alta de prisionización cada 100 mil habitantes.

Muchas veces la respuesta de la cárcel que el populismo punitivo entrega, no es la solución de la criminalidad. Porque hay sujetos que tienen un perfil o compromiso delictivo bajo, en el cual una medida alternativa puede ser una mejor respuesta en término de reinserción social que la cárcel. Hay que saber como podemos fortalecer esos mecanismos alternativos.

Lenguaje claro: "el can y la sustancia"

–¿El nuevo sistema implica un compromiso con el denominado "lenguaje caro"?

–Muchas veces hay un exceso de formalismo, sobre todo de la práctica antigua del expediente escrito, pero la audiencia tiene que tener sustento en lenguaje claro, sencillo que cualquier persona pueda entender una sentencia y ser capaz de saber lo que sucede.

Por ejemplo, el fiscal dice "el can se acercó a la maleta y olfateó alguna sustancia" en vez de "el perro detectó droga". ¿Por qué en el juicio es el "can" y en la vida diaria es el "perro"? El lenguaje claro tiene que estar enfocado en términos tan sencillos como estos, pero además en la comprensión de los ciudadanos y por supuesto de víctimas e imputados que son los que no manejan el lenguaje jurídico.

Hay un rol de la prensa en ese sentido muy importante y creo que los proyectos que se han hecho de lenguaje claro en Chile y en la red Iberoamericana van en esa línea, poder explicar en términos simples por qué una persona fue condenada.