Este jueves estaba prevista la realización de la apelación de la prisión preventiva impuesta a los principales acusados de haber asesinado a Damián Strada, el empleado municipal de María Luisa que apareció sin vida a la vera de la ruta nacional 2.
Estaba prevista para este jueves a las 11.30 pero no pudo iniciar debido a cuestiones de agenda, por lo que será reprogramada. Familiares y allegados a la víctima protestaron frente a tribunales.

Este jueves estaba prevista la realización de la apelación de la prisión preventiva impuesta a los principales acusados de haber asesinado a Damián Strada, el empleado municipal de María Luisa que apareció sin vida a la vera de la ruta nacional 2.
La de hoy iba a ser la primera intervención de la Cámara de Apelaciones en la causa, que inició a mediados de septiembre con la desaparición del joven, cuyo cuerpo fue hallado en un campo cerca de Laguna Paiva.
La apelación debía comenzar a las 11.30. Sin embargo, debido a que una audiencia previa se extendió más de lo pensado, y ante la falta de disponibilidad de otra sala, las partes decidieron suspender y reprogramar. Así se lo comunicaron a la jueza de segunda instancia Martha Feijoó.
Frente a tribunales, familiares y allegados a la víctima se reunieron en reclamo de justicia y acompañaron a Víctor, el papá de Damián, que tenía previsto declarar al final de la audiencia. Martina, hermana de la víctima, pidió justicia y dijo que espera que sean condenados a prisión perpetua.
El recurso de apelación fue presentado por las defensoras públicas Virginia Balanda y Soledad Estrada, quienes representan a los dos imputados por el homicidio: Lourdes Nahir Tacundo y Alessandro Juan Gabriel Roberts.
La abogadas del Ministerio Público de la Defensa (MPD) pretenden discutir las tres agravantes utilizadas por el fiscal Alejandro Benítez en la atribución delictiva, y solicitar la libertad de sus pupilos.
El fiscal Carlos Arietti representará al Ministerio Público de la Acusación (MPA) en ante la Alzada. Junto al querellante Iván Carrion, solicitará que la prisión preventiva sea confirmada.
La desaparición de Strada fue denunciada el 14 de septiembre de este año. Dos días después, el 16, fuerzas de seguridad hallaron su cuerpo en una zona de monte junto a la RP2, cerca de Laguna Paiva. El cadáver tenía un cinturón en el cuello y presentaba signos de haber sido incinerado. La autopsia determinó que la causa de muerte fue asfixia.
Por disposición de la fiscalía fueron detenidos la expareja de Strada, Tacundo, y la actual pareja de ella, Roberts. Durante la audiencia de medidas cautelares, el fiscal Benítez y el querellante Carrion sostuvieron que existió un plan común y que ambos imputados participaron activamente para concretarlo.
Según la acusación, Strada fue llevado en su motocicleta hasta el lugar donde fue extorsionado y obligado a pedir transferencias de dinero a familiares, amigos y a su empleador. Esas llamadas, en las que la madre de la víctima advirtió su voz de desesperación, se realizaron desde el sitio donde luego fue asesinado.
En la audiencia de prisión preventiva, el fiscal Benítez afirmó: “Lo mataron, sabemos quiénes y cuándo lo mataron, en qué horario, cómo y por qué”. La fiscalía sostiene que, al no lograr las transferencias de dinero y no poder consumar la extorsión, los acusados lo ahorcaron y posteriormente incineraron el cuerpo para ocultar el hecho y procurar impunidad.
Entre las pruebas presentadas se incluyó el análisis de antenas de telefonía celular, que ubicó el teléfono de la víctima en la zona del crimen, y el hallazgo de que Roberts colocó su chip en el aparato de Strada después del homicidio.
También se incorporaron registros de cámaras de seguridad que muestran a los imputados circulando con la víctima en la motocicleta hacia el lugar donde fue asesinada, y regresando luego sin él.
Las defensas cuestionarán estos elementos durante la audiencia de apelación, instancia en la que la Alzada deberá resolver.




