D4: “Preferiría que me fusilaran antes de aceptar la coautoría de los hechos”, dijo Grau

Rafael Grau, exjefe de la Policía de la Provincia de Santa Fe, se declaró "total y absolutamente inocente" en su declaración ante el tribunal en el marco de la causa "D4".

Grau y Omar Odriozola son acusados de haber liderado una asociación ilícita dedicada a defraudar al Estado mediante supuestas reparaciones falsas de vehículos policiales. Nueve personas ya han sido condenadas en el proceso, y el juicio oral que determinará la responsabilidad de los exjefes se acerca a su final.

La fiscalía acusó a Grau de haber liderado la asociación ilícita entre septiembre de 2015 y febrero de 2016, con un perjuicio patrimonial que en aquel momento ascendía a los $958.385. Solicitará 9 años de prisión, inhabilitación especial por 10 años para ejercer cargos públicos y el pago de una multa. El juicio oral en curso busca determinar su responsabilidad en este complejo entramado delictivo.

El debate comenzó el 29 de mayo. Este martes los fiscales Ezequiel Hernández y Bárbara Ilera y las defensoras públicas Ileana Echaniz -por Grau- y Virginia Balanda -por Odriozola- realizarán sus alegatos de clausura. Se prevé que el tribunal conformado por los jueces Celeste Minniti, Cecilia Labanca y Sebastián Szeifert dé a conocer su veredicto el jueves 19 de junio.

Supervisar era “humanamente imposible”

Grau asumió la Jefatura de Policía en septiembre de 2015 y presentó su renuncia en marzo de 2016, en un breve periodo de aproximadamente seis meses. Explicó que su nombramiento ocurrió en un momento personal muy delicado, en el que estaba esperando cumplir el plazo correspondiente para jubilarse, ya que su cabeza "estaba en mi salud de irme a mi casa con mi familia".

El exjefe negó rotundamente los cargos, afirmando que "jamás he dado órdenes, no he asignado roles, no he supervisado acciones, no he tenido ninguna relación estable en el tiempo con el hecho investigado". Cuestionó la falta de pruebas directas en su contra, como beneficios económicos o comunicaciones telefónicas que lo vincularan con la supuesta organización criminal.

A pesar de su corta gestión, Grau afirmó haber impulsado una serie de medidas de control, incluyendo la designación de tres contadores de la Dirección General de Administración para realizar controles y la creación de una comisión de inspección y contralor unificada para toda la provincia. Defendió la naturaleza de su cargo como uno de "conducción" y no de "tarea meramente de oficina".

El exjefe también explicó que el control detallado de las reparaciones de móviles no le correspondía, sino que recaía en la cadena de mando y en organismos de control específicos, como el Departamento de Logística y la Dirección Provincial de Asuntos Internos.

Dada la magnitud de la fuerza, con más de 22.000 efectivos y 19 unidades regionales, era "humanamente imposible" que el jefe supervisara cada detalle.

“Preferiría que me fusilaran…”

Grau también negó haber firmado cheques con intención fraudulenta, argumentando que estos documentos llegaban a su despacho con los "controles previos de la Dirección General de Administración", y cuestionó el cálculo del perjuicio económico imputado, resaltando que los ejercicios fiscales de 2015 y 2016 fueron aprobados por el Tribunal de Cuentas.

En un punto central de su defensa, Grau denunció una "enorme desigualdad" en el proceso, destacando que él fue detenido mientras Odriozola permaneció en libertad durante gran parte de la investigación.

En esa línea, indicó que durante el extenso proceso judicial siempre se negó a aceptar un juicio abreviado, expresando que "literalmente prefería que me fusilaran en una plaza a tener que aceptar una coautoría por hechos que jamás pasarían por mi cabeza". Finalizó su declaración categóricamente: "Soy inocente y no me cansaré de repetir esto hasta mi último día".