Piden gestiones al municipio para que en Santa Fe se reactive el plan de entrega voluntaria de armas

El Concejo de Santa Fe solicitó al Ejecutivo a cargo del intendente Juan Pablo Poletti, que gestione ante las autoridades nacionales la reapertura de la oficina del Registro Nacional de Armas (RENAR), ex ANMAC en esta capital, y el retorno de la implementación efectiva del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego (PEVAF) para la región.

Fue con la sanción de una comunicación que tenía preferencia para su tratamiento. En contexto, cabe recordar que tras la tragedia de la ciudad de San Cristóbal, donde un adolescente entró a una escuela con un arma, mató a un compañero e hirió a otros, El Litoral publicó dos artículos periodísticos donde se puso en agenda que la oficina del RENAR estaba cerrada.

En uno de ellos se contaba que “el gobierno nacional dejó sin vigencia el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, una política pública de desarme que funcionó durante más de 15 años en Argentina y que permitía a los ciudadanos entregar armas y municiones de manera anónima a cambio de un incentivo económico”, decía la crónica de este diario.

Tampoco se encontró atención en la oficina del RENAR-ANMAC que figura publicada como delegación local en Santa Fe capital, en calle Francia 3550. Al llegar al lugar, un cartel en la puerta señalaba: “Aquí no es ANMAC”.

“En un comercio vecino indicaron que la dependencia se retiró del lugar hace más de un año y que es frecuente que ciudadanos se acerquen allí para consultar por trámites vinculados a armas”, narraba aquel artículo.

En el Legislativo

El tema fue recogido por el concejal justicialista Jorge Fernández, autor de la comunicación sancionada junto a su par de bloque, Jorgelina Mudallel. “El PEVAF funcionó exitosamente durante mucho tiempo: permitió a muchos civiles tenedores de armas de armas de fuego entregárselas al Estado a cambio de una compensación, y sacarlas del circuito”.

“El RENAR es un organismo que ha cumplido una función muy importante en el marco de un conjunto de políticas complementarias entre los Estados nacional, provincial y municipal para controlar, fiscalizar y ejercer el poder de Policía ante los titulares de armas de fuego”, dijo el edil.

Pero ocurre que “muchas veces la agenda pública no le presta tanta atención a esto, salvo cuando ocurre una tragedia” -adujo luego-, como lo acontecido en la escuela de la ciudad de San Cristóbal.

Lo grave del cierre del RENAR -y consecuentemente, la suspensión del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego- es que ya no hay organismo nacional que se encargue de lograr tener y destruir -para sacar de circulación- muchas de esas armas, “que provienen de mercados ilegales”.

Violencias altamente lesivas

“Muchas de esas armas de fuego se utilizaban para cometer delitos; en ocasiones de robo esas armas entraban a los circuitos ilegales y muchas de ellas aparecían en delitos vinculados a la violencia altamente lesiva”, añadió Fernández.

A propósito de esto último, recordó que en los últimos años, entre el 70% y el 80% de los homicidios en el Depto. La Capital se cometieron con armas de fuego el año pasado, “y en lo que va de 2026 todos los homicidios que se han cometido han sido utilizando un arma de fuego”.

“Ante esto, necesitamos un compromiso de Nación en prevención de la violencia, y los municipios tienen algunas potestades”, manifestó el concejal justicialista. Una de estas facultades de carácter local es, por ejemplo, la existencia de un Consejo Municipal de Promoción del Desarme Voluntario, que fue creado por ordenanza N° 11.870 en 2012.

Incluso hubo reuniones aquel año, cuando desembarcó un móvil del RENAR -primero funcionó en un sector de la vieja Estación Guadalupe- y se puso en marcha el Programa de Desarme Voluntario de los integrantes de ese ámbito. En abril de 2023, el Legislativo pedía que se cumpla con la normativa y se convoque a dicho Consejo, había contado El Litoral.

Hay otra ordenanza central a la que aludió el concejal: la N° 12.146, que faculta al municipio a controlar todo lo relacionado con la comercialización de armas y municiones. Es, en limpio, la regulación local para la habilitación y funcionamiento del comercio de armas, municiones y materiales controlados.

“Toda persona que realice la venta, transmisión de armas y municiones, reparación/ acopio de armas y municiones y/o materiales controlados (…) en los términos y con el alcance de las leyes nacionales vigentes (...) deberá obtener en forma previa la correspondiente habilitación municipal”, dice la normativa.

“Las libertades individuales”

“Lamentablemente, nos queda claro que el Estado nacional no está colaborando en materia de control de la circulación de armas de fuego, porque ha desarticulado el RENAR (exANMaC)...”, enfatizó Fernández.

“¿Por qué? -se interrogó en voz alta- La hipótesis que tenemos es que la Nación tomó esta medida invocando el sagrado principio de la libertad individual, base de muchas de nuestras instituciones de la democracia. Ese principio es sagrado, pero no absoluto”, subrayó.

“No tenemos la libertad de poseer un arma de fuego, y mucho menos cuando en este proceso de desregulación y flexibilización se ha incorporado como posibilidad la tenencia de armas semiautomáticas”.

Un último elemento al que aludió Fernández: “Tenemos un problema serio de violencia. No sólo se usan armas de fuego en los homicidios, sino que una parte importante del número de heridos de arma de fuego en Santa Fe tienen relación con la resolución de conflictos interpersonales. Por todo esto, solicitamos al Ejecutivo que realice estas gestiones”, cerró.