Ahora el Concejo de Santa Fe pone la lupa en el Centro de Monitoreo Municipal: solicitan datos

El Concejo de Santa Fe sancionó una resolución -despacho con pedido de preferencia- donde le solicitó al Ejecutivo capitalino que, a través de la secretaría de Gobierno, Control, Movilidad y Seguridad Ciudadana, informe datos precisos sobre la operatividad del Centro de Control y Monitoreo Municipal.

En concreto, lo que se precisa saber es la cantidad total de cámaras de videovigilancia instaladas actualmente en el ejido urbano de la ciudad capital, distinguiendo por tipo (fijas, domos, lectoras de patentes, etcétera) y por sus ubicaciones geográficas; además, cuál es la cantidad de cámaras operativas, indicando las que se encuentran fuera de funcionamiento.

También, si la instalación de las cámaras responde a diagnósticos previos o estudios técnicos que hayan justificado su colocación en los lugares elegidos, con la remisión de copia auténtica de los referidos diagnósticos y/o estudios técnicos que deberían haberse realizado.

A su vez, se pretende saber si el sistema de videovigilancia “forma parte de una política pública de seguridad de carácter integral, planificada y conforme al marco normativo vigente, detallando los ejes estratégicos de dicha política, su grado de implementación y si se prevén instancias de articulación con otras áreas del gobierno local o con actores comunitarios”, agrega.

Capacitación del personal

En la norma aprobada se piden detalles sobre el grado y modalidad de capacitación profesional y ética del personal a cargo de la operación y el monitoreo de los sistemas de videovigilancia, “incluyendo criterios de selección, contenidos formativos y listado del personal asignado al área en cuestión”.

Finalmente, cuáles son mecanismos de control institucional, tanto internos como autónomos y externos, sobre el área de videovigilancia; el personal que la integra y, sobre el sistema mismo, en lo relativo al resguardo de datos personales, “si se cumplen los protocolos operativos y la supervisión general de funcionamiento de la misma”.

Fundamentos

Los autores del proyecto sancionado fueron los opositores Jorge Fernández y Jorgelina Mudallel, ambos del Bloque PJ. En los fundamentos, los ediles sostienen que la constante instalación de cámaras en espacios públicos responde a una lógica que asocia su presencia con entornos urbanos más protegidos.

“Sin embargo, detrás de esa imagen de control, surgen interrogantes que merecen una reflexión profunda: la expansión de cámaras, ¿garantiza una mejora real en los niveles de seguridad?”, se preguntan los legisladores locales.

Por ello, “resulta indispensable que los gobiernos locales definan con claridad qué papel debe ocupar esta herramienta dentro de una política pública integral, orientada a la prevención de la violencia y la promoción de la convivencia ciudadana”, consideran.

En la actualidad hay cámaras de altísima definición, equipos móviles conectados a redes remotas, sistemas de reconocimiento facial en tiempo real y articulación con bases de datos oficiales. “No obstante, esta sofisticación técnica no ha sido acompañada por marcos normativos sólidos ni por instancias de deliberación pública sobre sus implicancias”, subrayan.

En tal sentido, advierten que una implementación masiva y sin planificación de estos sistemas tecnológicos puede acarrear “consecuencias graves”, como por ejemplo “una vigilancia selectiva según criterios de clase o apariencia, registros sin consentimiento, opacidad en el almacenamiento de datos personales”, etcétera.

Antecedentes inmediatos

Cabe recordar que días atrás, la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, anunció que el gobierno de la provincia licitará la adquisición de 1.500 nuevas cámaras de seguridad que serán instaladas en esta capital.

“Tenemos un plan ambicioso de cámaras de seguridad. En los próximos meses licitaremos la compra de 1.500 cámaras para monitorear la ciudad de Santa Fe. El año pasado lo hicimos con la ciudad de Rosario”, agregó.

Además, en una entrevista reciente con El Litoral, el secretario de Gobierno, Control, Seguridad y Movilidad Ciudadana, Sebastián Mastropaolo, aseguró que el Centro del Monitoreo “permite en promedio detener entre 1 y 2 personas por semana en situaciones sospechosas o con pedido de captura policial por delitos consumados”.

El viejo Centro de Monitoreo será mudado en unos 45 días al Centro de Operaciones y Central de la GSI, en Barranquitas Sur, adelantó el funcionario. Incluso, cuando ello se dé en los hechos, en ese edificio también funcionará un sector de videovigilancia del 911.

Si se cuentan las cámaras del gobierno local y las de provincia, “la ciudad capital cuenta hoy con entre 500 y 600 dispositivos de vigilancia, que funcionan las 24 horas los 365 días del año”, aseveró Mastropaolo a este diario. A ese número habrá que sumarle las 1.500 cámaras que el gobierno provincial licitará para esta capital.