El control público en la Santa Fe de los años '70: la policía del tránsito y otras "represiones al desorden"

Durante la última dictadura cívico-militar instaurada en la Argentina (1976-1983), se estableció un fuerte control estatal sobre el espacio público (el movimiento de los conductores de vehículos, de los peatones, de los vendedores ambulantes). Esto era, para la lógica del gobierno de facto, un modo de orden pero, aún más, de "represión al desorden".

Y en la ciudad capital existió una Policía del Tránsito, con las facultades necesarias para intervenir, multar y hasta incluso detener, en caso de ser necesario, a aquellos conductores que no cumplieran con las estrictas exigencias establecidas en el Reglamento General del Tránsito que rigió en aquellos años oscuros.

Todo debía estar, en el espectro público, bien "ordenadito"; en silencio (que también fue un método represivo, como ya contó El Litoral); las vestimentas debían respetar la "moral y las buenas costumbres" (tal como eran entendidas por el régimen militar) y la palabra -pública- no podía circular con libertad.

Todo esto consta en el digesto de 1978. Como se sabe, un digesto es un compendio de normas, decretos, ordenanzas -etcétera- que organizan y estructuran la vida de una sociedad. Los digestos históricos de Santa Fe capital fueron publicados por la Municipalidad en 2023.

Estos documentos son una forma de ver y entender, por la mirilla de la historia, cómo fue la organización de la ciudad de acuerdo a cada época.

El tránsito, bajo severos controles

Obtener o renovar una licencia de conducir habilitante era prácticamente una "odisea". Los ciudadanos que necesitaban tenerla debían presentar un sinfín de requisitos, como un certificado de vecindad policial, y exámenes médicos que certificaran que tales personas no habían contraído enfermedades infecto-contagiosas (como sífilis, por caso).

No podían conducir quienes las hubieran padecido. Así como se lee. Pero además había muchos otros trámites burocráticos a cumplimentar. El listado es interminable. Y todo debía pasar por la aprobación de la Inspección General del gobierno interventor.

En rigor, no podía obtener el registro de conductores, como se dijo, quienes hubiesen sido procesados por haber padecido enfermedades venéreas y los que registraran antecedentes como "mantenidos" (sic); tampoco quienes hubiesen sido detenidos por ebriedad y sean reincidentes por tercera vez.

No podían conducir los condenados por robos, hurtos, extorsión u otros delitos infamantes, y los procesados por dichos delitos más de dos veces, aún cuando no hubieran sido condenados; los que registrasen cinco entradas a la Policía por desorden, dentro del año de la primera contravención: eran vistos como "individuos pendencieros".

Tampoco podían manejar vehículos los prontuariados como vendedores de estupefacientes. Y quedaba "terminantemente prohibido" a todos los conductores del servicio público de transporte de pasajeros "el uso de sombrero, saco pijama" y fumar, encontrándose en servicio.

Vestirse, también

Era obligatorio para los conductores de la categoría profesional que conduciesen vehículos destinados a taxímetros o choferes de colectivos "vestir correctamente, permitiéndose en verano el uso de camisas de mangas cortas de colores lisos".

También regía la obligatoriedad del uso de guardapolvo o saco blanco, "en buen estado de conservación y aspecto", para "todo conductor que se dedique al reparto o venta de comestibles en general", revela el digesto.

Una lectura

Los investigadores del Conicet, Guillermo Jajamovich (Doctor en Ciencias Sociales) y Luján Menazzi (Lic. en Sociología) dan interesantes lecturas a propósito del control del espacio público-urbano en el paper académico "Políticas urbanas en un contexto de dictadura militar. Algunos interrogantes a partir de Buenos Aires (1976-1983)".

Los autores analizan diversas dimensiones del período y señalan -al igual que otros colegas contemporáneos-, que la lógica del gobierno de facto era "la idea de una ciudad limpia, en orden y eficiente". Esto dio razón de ser a diversas acciones en pos de "blanquear" la ciudad de Buenos Aires, pero también otras grandes urbes.

Luego amplían y contexto hacia las políticas urbanas desplegadas por la Junta Militar, citando una tradición modernizadora-planificadora, retomando planes y proyectos previos (Código de Planeamiento, zonificación etcétera).

"Sin embargo, muchas políticas con efectos urbanos se vinculaban, por el contrario, con el decaimiento de ese ciclo expansivo: los procesos de desindustrialización de la ciudad, las políticas económicas que desincentivaban la actividad industrial y el crecimiento del sector terciario (...)", agregan.

También mencionan "medidas vinculadas a la preservación del patrimonio, el énfasis en la ciudad como espacio residencial para los sectores de mayores ingresos y la expulsión de villas miseria", concluyen Jajamovich y Menazzi.