Tras un mes de la usurpación, aún no hubo desalojo y se consolida la toma

Sábado 8 de febrero. El teléfono celular donde funciona el WhatsApp de El Litoral (342-6305344) no paraba de sonar. Con suma preocupación, un vecino de barrio La Esmeralda alertaba lo que horas y días más tarde se concretó: un grupo importante de personas tomó ilegalmente terrenos en el norte de la ciudad de Santa Fe y levantó asentamientos.

“Los vecinos estamos muy preocupados por el asentamiento ilegal que se está por llevar a cabo”, advertía este vecino cuya identidad se resguarda por cuestiones de seguridad.

En realidad, ese grupo de individuos comenzaron a usurpar ese predio unas horas antes. Este sábado se cumple un mes de ese acontecimiento y todavía no ha sido desalojado. Desde entonces, se produjeron una seguidilla de situaciones, muchas de ellas violentas, que elevaron al máximo la preocupación de quienes viven en las cercanías.

Como informó El Litoral desde el primer momento, las “tomas” se producen en terrenos fiscales que pertenecen a Vialidad Nacional, comprendidos por calles Matheu, Azcuénaga, 9 de Julio y 1° de Mayo.

"Aprovechadores”

Ahora, la última novedad es que los propios vecinos denuncian que en los terrenos hay poca gente viviendo. Para corroborar esta situación, compartieron imágenes a través de WhatsApp y en las mismas se pueden ver las casillas y carpas vacías.

“En las fotos se ve que la gente va y viene. Dejan la escenografía armada. Muchos son vivos y aprovechadores, otros se quedan”, le dijo a este diario quien compartió las imágenes.

Cronología

Mientras se incrementaba la cantidad de asentamientos ilegales, funcionarios municipales realizaron las denuncias correspondientes. Luego, fueron a dialogar y a censar a quienes participaban de este accionar ilegal. La cuestión llegó a la justicia federal, que por jurisdicción debe actuar en la materia. Entonces entró en escena el fiscal federal Walter Rodríguez que solicitó una intervención coordinada, entre fuerzas de seguridad y organismos afines a la problemática, para desactivar el conflicto.

Ese pedido se cumplió por la mitad. Si bien en el lugar se presentaron efectivos policiales provinciales y de Gendarmería Nacional no se pudieron desalojar la totalidad de los asentamientos. Es más, el lunes posterior al inicio de la toma se registró una protesta de otro grupo de personas que reclamaban por la liberación de esos terrenos aduciendo que allí se realiza un club de trueque. Hubo corte de calles (sobre la Av. Facundo Zuviría, a la altura del CIC que funciona en ese sector) y momentos de tensión pero afortunadamente no pasó a mayores.

Oídos sordos

Transcurrió la primera semana y las precarias viviendas siguieron ahí. Según pudo averiguar El Litoral por aquel entonces, de las más de 100 familias que protagonizaron esa “movida” pasados 10 días quedaron menos de la mitad, alrededor de unas 40.

Fue entonces que “apareció” la orden judicial dictada por el juez federal Francisco Miño para que personal de Gendarmería allane y desaloje el lugar. 15 días después, esa disposición no se cumplió y todavía siguen en pie los asentamientos.

Preocupación creciente

Desde el minuto cero, los vecinos pusieron el grito en el cielo: no querían esos asentamientos ilegales cerca de sus viviendas. Así lo hicieron saber primero a través de El Litoral y luego a toda la prensa santafesina. Como si fuese una bola de nieve, la situación lejos de mejorar, empeoró.

Quienes viven en barrios lindantes (Transporte y La Esmeralda), advirtieron que durante las noches los ruidos son constantes (golpes a chapas, música y gritos), el olor insoportable (quemas de todo tipo) e incluso tuvieron que vivir episodios de inseguridad (robo de cestos, intentos de ataques a automóviles, etc).

En la última nota publicada por este medio, uno de los vecinos expuso que advirtieron conexiones ilegales al sistema de luz eléctrica; todo ante la atenta mirada de quienes deberían desalojar el predio.

La preocupación es tal que los propios vecinos se sumaron este jueves por la noche al inédito cacerolazo en reclamo de mayor seguridad en Santa Fe. La concentración, en este caso se llevó a cabo en la intersección de la Av. Aristóbulo del Valle y Larrea.

Esperan y desesperan

Los vecinos ya no saben a qué oficina pública acudir. Por los hechos ya participaron funcionarios municipales, de la justicia federal y de las fuerzas de seguridad. Pero los asentamientos siguen ahí. “Día 29 y todo sigue igual, pese a todas nuestras presentaciones. Enviamos notas al juez, al fiscal y nada...”, dijo otro lector de El Litoral que a diario se comunica e informa el estado de situación de la toma.

Como dice un viejo refrán, “el que espera, desespera”; una reflexión que bien grafica lo que sufren a diario quienes viven en domicilios lindantes al predio “tomado”.