Radar en la ruta nacional 168: el municipio atiende gran cantidad de reclamos, pese a que no es su competencia

El reciente montaje de un radar de control de velocidad en el kilómetro 5,8 de la Ruta Nacional 168, frente al ingreso a Colastiné Sur, desató una ola de inquietudes entre conductores que fueron notificados por exceso de velocidad en Santa Fe. La aparición del dispositivo, instalado por la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), abrió un frente de reclamos y puso bajo la lupa la competencia de la Provincia para emplazar equipos de fiscalización en una traza que pertenece a la jurisdicción nacional.

El radar ubicado cerca del cruce entre las rutas nacional 168 y provincial 1 controla que la velocidad máxima sea de 80 km por hora. La indicación de reducción de velocidad en esta ruta de tránsito internacional se basa en que ese sector es una zona urbana. Quienes se exceden son sancionados.

Desde la APSV sostienen que la administración provincial cuenta con "facultades para fiscalizar el tránsito en rutas nacionales que atraviesan su territorio", una afirmación que no tardó en ser cuestionada por Vialidad Nacional. El organismo nacional difundió un comunicado aclarando que la Provincia no pidió autorización para colocar la estructura, lo que encendió el debate sobre la legalidad del procedimiento y la validez de las multas emitidas.

En pleno cruce institucional, la administradora general de la Justicia Administrativa de Faltas de Santa Fe, Ana Caprio, explicó que aunque el radar "no es municipal, es provincial", aunque la Municipalidad interviene debido a la gran cantidad de planteos elevados por automovilistas. En ese marco, indicó: "Nuestro municipio, a través de la Justicia de Faltas, colabora con la Provincia y puso a su disposición tres juzgados de faltas que resuelven este tipo de actas, como ocurre también en otros juzgados de toda la provincia".

Caprio subrayó que “la única intervención del municipio es a través de la Justicia de Faltas”, que se ocupa de “resolver las actas y escuchar los planteos de los infractores”. Según detalló, el Tribunal registró un volumen inusual de reclamos desde que el cinemómetro entró en funcionamiento, situación que motivó un vínculo permanente con la APSV. "Hemos tenido gran cantidad de reclamos en nuestro tribunal. Lo que sí hemos hecho es estar en permanente contacto con la Agencia, para intercambiar opiniones sobre la problemática que representa este cinemómetro", señaló.

Consultada sobre si la falta de señalización o difusión previa del radar podría influir en la resolución judicial, Caprio evitó generalizaciones. Aclaró que la instalación de un cinemómetro siempre requiere un proceso previo y que el criterio es uniforme sin importar si se ubica en una ruta nacional, provincial o dentro del ejido urbano. “Nosotros, desde el Tribunal, vamos resolviendo caso a caso lo que se nos presenta”, sostuvo.

Hacia el final, la funcionaria admitió que hubo un malentendido técnico en el origen del conflicto. “En un principio, hubo un error de interpretación de parte de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) en relación a la validación de este tipo de actas. Fue una discusión técnico – legal —insistió Caprio, en el mismo sentido que se habían expresado antes desde la Agencia—. Esto determinó que la APSV diera de baja las actas labradas hasta el 26 de agosto pasado”, concluyó.