La Unión Industrial de Santa Fe apoya un proyecto que choca contra Patricia Bullrich

La Unión Industrial de Santa Fe (UISF) ha manifestado su firme apoyo a la propuesta estratégica presentada por el Gobierno de la provincia ante el Senado de la Nación el pasado 3 de junio de 2026. La iniciativa es una entre cinco que volverán a analizar los senadores nacionales el 17 de este mes, en sesión conjunta de las comisiones de Presupuesto y de Energía y Minería.

La pasada semana, en una primera parte de la reunión conjunta de las comisiones, la representación oficial de la provincia de Santa Fe estuvo a cargo de María Cecilia Mijich, quien se desempeña como subsecretaria de Energías Renovables y Eficiencia Energética de la provincia (bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo santafesino).

Durante su intervención ante el plenario de comisiones del Senado, Mijich planteó una postura firme en defensa de la producción local, considerando que Santa Fe concentra el mayor polo productor de biodiésel del país.

Pero hay 5 expedientes con propuestas de una nueva ley. El proyecto respaldado por el oficialismo nacional propone liberar más el mercado y subir el porcentaje de mezcla obligatoria de los biocombustibles con los combustibles fósiles. Puntualmente, plantea elevar el corte del bioetanol del 12% al 15% (un incremento de 3 puntos) y subir el corte del biodiésel en 2,5 puntos para llevarlo al 10%.

“Choque” con Nación

El secretario de coordinación de Energía y Minería del Ministerio de Economía de la Nación, Daniel González, aseguró en el congreso de Maizar 2026 que se desarrolló en Buenos Aires, que incrementar el corte de biodiésel al gasoil más allá del 10% propuesto en el Gobierno nacional incrementaría el precio en los surtidores.

En respaldo al proyecto presentado por Patricia Bullrich, el funcionario destacó -en clara alusión a Santa Fe- que el Gobierno nacional apunta a beneficiar a los consumidores. “No queremos obligar a nadie. Si la provincia ‘x’ está dispuesta a poner un corte del 18% y consigue gente dispuesta a poner bocas de expendio y consumidores dispuestos, está perfecto…”, dijo.

La posición fabril santafesina, compartida por la Federación Industrial de la provincia, rescata la representación sobre la mayoría de las empresas productoras de biodiésel no integradas de la región (las Pymes, sin incluir a las multinacionales aceiteras). Considera que el proyecto de ley impulsado por Santa Fe es fundamental para modernizar el sector y garantizar el crecimiento.

Santa Fe es un actor clave en este debate, ya que concentra más del 80% de la capacidad productiva de biodiésel del país si se suman Pymes e integradas. Ante el cierre de mercados externos y barreras paraarancelarias, la UISF considera "imprescindible" una nueva legislación que asegure el mercado interno.

Aumentar el “corte”

La posición de la UISF se alinea con los cinco puntos esenciales planteados por el Ejecutivo provincial para rediseñar el mercado bajo condiciones de libre competencia, equidad e innovación:

Aumento del corte obligatorio (B15 y B20): Se exige un corte inicial obligatorio del 15% (B15). Asimismo, se propone un mecanismo de aumento automático hasta el 20% (B20) en casos donde el biodiésel nacional resulte más económico que la importación de gasoil fósil. Las especificaciones para el B20 ya han sido oficializadas mediante la Resolución 79/2026.

Equidad federal y segmentación del mercado: Para evitar la cartelización, el proyecto plantea la división del mercado en dos sectores con un límite de participación (Market Cap) del 14% por empresa.

Segmento No Integrado (40%): Reservado para empresas no integradas (en su mayoría son Pymes santafesinas y de la provincia de Buenos Aires) con licitaciones obligatorias en el Mercado Electrónico

Segmento Integrado (60%): Disponible para industrias integradas y refinerías, habilitando contratos privados y el coprocesamiento. Aquí están las plantas de molienda de soja (crushing) que reciben el grano, extraen el aceite de soja y, en el mismo predio o mediante logística propia, transforman ese aceite en biodiésel. (Cargill, Bunge, LDC, COFCO, AGD y Renova).

Previsibilidad y reglas claras: La propuesta busca limitar la discrecionalidad estatal. La Secretaría de Energía solo podrá reducir el corte obligatorio en emergencias extremas de desabastecimiento y por un periodo máximo de 90 días.

Inclusión en el Rigi

La iniciativa propone impulsar los biocombustibles de avanzada bajo el RIGI; solicita que los proyectos de inversión superiores a US$ 200 millones destinados a Diésel Renovable (HVO), Combustible de Aviación (SAF) e Hidrógeno Verde (H2V) cuenten con los beneficios de estabilidad por 30 años previstos en la ley 27.742.

En “defensa de la competencia”, el proyecto plantea además la competencia en insumos: La ley debe garantizar que el aceite de soja y el metanol se provean al mercado interno a precio de Paridad de Exportación (Precio FAS), evitando la discriminación de precios y asegurando el abastecimiento a un valor justo.

Impacto económico y ambiental

Desde la UISF destacan que el fortalecimiento de la industria del biodiésel no solo permite agregar valor a las cadenas agrícolas y fomentar el arraigo rural, sino que también es una herramienta clave para la sustitución de importaciones y el cuidado del medio ambiente.

Finalmente, la entidad subraya que un incremento en las mezclas obligatorias no conlleva costo fiscal y puede funcionar como una barrera contra la suba de precios en surtidor, ya que actualmente el biodiésel es más barato que el diésel fósil, garantizando además la seguridad energética del país.