El gobierno provincial mira de afuera la seria crisis de Vicentin

Juan Chiummiento

La crisis de Vicentin, que ya acumula más de 60 días, tendrá un considerable efecto en la actividad económica santafesina. Todos los actores consultados coinciden en que se trata de un problema de tal magnitud que requiere la participación activa de todos los sectores, en particular de la clase dirigente. En este marco, llama la atención la pasividad que viene mostrando el gobierno provincial: luego de una reunión encabezada por el propio Omar Perotti a principios de enero con la Bolsa de Comercio, sólo se conocieron algunas declaraciones de ocasión respecto al tema. Y nada más.

La semana pasada, en la conferencia de prensa que siguió a la presentación de la tarjeta Alimentar en Rosario, el gobernador fue consultado sobre la situación de la cerealera. ‘Ojalá que la empresa haga los mayores esfuerzos como para salir adelante‘, se limitó a decir Perotti, quien por su pasado como hombre ligado al sector agropecuario conoce a la perfección las implicancias del caso.

En una ronda de consultas con funcionarios del gabinete provincial, este medio pudo certificar que el papel de la Casa Gris se circunscribe a realizar un seguimiento a través del Ministerio de Producción. ‘No es mucho lo que podemos hacer nosotros en función de la magnitud del problema‘, se sinceró uno de los principales alfiles del gobernador.

No lo comunicó a través de los canales oficiales, pero el ministro de Trabajo Roberto Sukerman sí se involucró personalmente. A poco de estallado el conflicto recibió al secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (Soea) de San Lorenzo Pablo Reguera, con quien mantuvo una reunión de más de una hora. El gremio también tuvo la oportunidad de llevar su reclamo a Buenos Aires, donde fue recibido en dos ocasiones por los secretarios de Trabajo y Empleo de Nación, Claudio Bellotti y Leonardo Di Pietro, respectivamente.

Esta boca no es mía

El bajo involucramiento del gobierno santafesino se hizo palpable este miércoles, cuando no envió ningún representante al cónclave convocado por la CGT de San Lorenzo, que tuvo a la crisis de Vicentin como protagonista exclusivo del temario. El mismo contó con la participación de varios intendentes y presidentes comunales del Cordón Industrial, del senador Armando Traferri e incluso del diputado provincial (y mano derecha de Miguel Lifschitz) José León Garibay.

Este medio consultó a los organizadores del encuentro sobre la llamativa ausencia de funcionarios provinciales, máxime cuando sí dio el presente un hombre de la principal fuerza opositora. ‘La verdad es que no invitamos a nadie de la Provincia. Hubo otros en cambio que se arrimaron por su propia cuenta‘, indicaron. Como en otras ocasiones, Perotti y su equipo hicieron lo contrario al álbum de Joaquín Sabina y decidieron no aparecer.

La semana próxima habrá una segunda reunión y allí sí se espera la participación de funcionarios de la gestión provincial y nacional, dijeron desde la CGT.

Marcada de cancha

Referentes del socialismo consultados por este medio criticaron la actitud de Perotti y plantearon que “algún salvataje para los más perjudicados por esta situación habría que tener”. Si bien reconocieron que la Casa Gris no debe disponer dinero contante y sonante para resolver un conflicto generado por negocios privados, entienden que es necesario acompañar a los eslabones más débiles de la cadena.

“Vos podés dejarlos solitos o involucrarte, canalizando una defensa de los actores más chicos en contra de los grandes”, dijo uno de los ex ministros de Lifschitz, con despacho en el edificio ubicado frente a la Plaza 25 de Mayo de la capital provincial. Aprovechó para recordar cómo se movió su gestión ante las crisis de otras empresas: “Salvando las distancias del caso, nosotros mostramos una actitud activa en los casos de Sancor, Mefro Wheels o Vassalli”, agregó.

Lejos quedó el único acto público que Perotti encabezó respecto al tema Vicentin. Ocurrió hace más de un mes y fue el 9 de enero, cuando recibió en la sede de la Gobernación en Rosario a los ejecutivos de la Bolsa de Comercio. Allí transmitió que deriven en el ministro de Producción Daniel Costamagna cualquier gestión que creyeran oportuna realizar. Desde ese momento, no hubo más que declaraciones de ocasión a propósito de consultas periodísticas.

Enfocado en lograr la sanción de las leyes de emergencia -ahora resemantizadas “de Necesidad Pública”-, el gobierno provincial se mantiene bastante distanciado del conflicto. Es cierto que se trata de una negociación entre privados, tanto como que sería un disparate disponer fondos públicos para el asunto. Sin embargo, no deja de llamar la atención que ningún funcionario exponga activamente preocupación o genere reuniones para intentar destrabar la situación (si lo hacen, no lo dejan trascender).

El default de la cerealera ya va por su tercer mes. Además de los miles de acreedores afectados -que deberán transitar el largo y tortuoso camino de un concurso preventivo para ver algo de dinero-, lo que genera mayor preocupación son las 2.000 fuentes de trabajo en riesgo.

Preocupación de los intendentes en el sur provincial

Los intendentes y presidentes comunales del Cordón Industrial se mostraron muy preocupados por la situación, tanto por las posibles pérdidas de fuentes laborales directas e indirectas como por la falta de recursos que genera el parate de la cerealera. Es que además de operar como una bomba en el mercado granario, la crisis de Vicentin jaquea las cuentas públicas de San Lorenzo y Ricardone, las dos ciudades en las que la empresa posee sus plantas.

En San Lorenzo, la firma explica el 12% de los ingresos por el Derecho de Registro e Inspección (Drei, el rubro que más alimenta la caja). Esto es poco más de 5 millones de pesos mensuales, a lo que debe sumarse otro tanto por la Tasa de Circulación de Camiones -que hoy está en 500 pesos-. En total la ciudad más grande del Cordón Industrial está dejando de percibir unos 6 millones de pesos por mes.

En Ricardone también se viven horas de preocupación, aunque el impacto es menor: allí sólo se asienta la playa de camiones de una de las plantas. Su presidente comunal Juan Carlos Doria indicó que la firma no le pagó lo correspondiente al segundo semestre de 2019: “Nosotros no cobramos tasa de camiones, sólo tenemos el Drei. Hace un tiempo llegamos a un acuerdo con la empresa para que nos hagan un aporte mensual cercano a los 200.000 pesos, que nos lo abonan todo junto cada seis meses para facilitar el tema del aguinaldo. En diciembre no cobramos los 1,2 millones de pesos que nos correspondía”, contó.