Griesa dispuso que las propiedades de Argentina en EEUU son embargables

DyN

El juez de Nueva York, Thomas Griesa, observó hoy a la Argentina por la dilación que tuvo a la hora de informarle al Tribunal sobre sus activos y declaró que todas las propiedades "a nombre del país" en los Estados Unidos serán consideradas de uso "comercial", lo que implica que quedarían sujetas a embargos.

Sin embargo, la orden dictada durante una audiencia de tres horas, que se desarrolló en su juzgado de Manhattan, excluye bienes diplomáticos y militares, según precisaron agencias internacionales. "Toda propiedad del Estado argentino" será considerada "con fines comerciales", sostuvo Griesa al convalidar una observación en contra del país de parte de los holdouts.

A su vez, ordenó a entregar "en 10 días" la documentación requerida por los holdouts sobre activos embargables del país, en lo que se conoce como "discovery".

En este punto en particular, los observadores señalaron que Griesa le pide a la Argentina que entregue información que la podría perjudicarla. No obstante, las órdenes dictadas hoy por el juez son de dudosa aplicación ya que Griesa evitó pronunciarse sobre si el Banco Central, YPF y Enarsa son consideradas como "alter ego" del Estado argentino.

Así, la falta de una decisión al respecto parece limitar el campo para ejecutar las eventuales órdenes de embargo. En cambio, podría abrir una discusión acerca de si un avión de Aerolíneas Argentinas que aterrice en los Estados Unidos es una "propiedad con fines comerciales" y, por lo tanto, podría ser embargada.

De acuerdo con los reportes internacionales, la audiencia se desarrolló en un marco de tensión, con Griesa sin lucir su mejor semblante y evidenciando mucho fastidio con la posición de la Argentina.

El lunes pasado, la Cámara de Apelaciones obligó a Griesa a reconsiderar un fallo que le reconoció a los "me too" que se presentaron de modo colectivo los mismos derechos que a NML y Aurelius, los fondos que llevaron adelante el litigio por los bonos en default desde 2001. En este caso, la Cámara le pidió a Griesa que discrimine entre aquellos que tenían la propiedad de los títulos desde el origen y aquellos que los compraron en el mercado secundario.