Hidrovía: este viernes se abren los sobres de una licitación por 25 años

El vencimiento del plazo para la presentación de ofertas por la concesión de la Vía Navegable Troncal de la Hidrovía Paraná-Paraguay llega este viernes a una instancia clave para las próximas dos décadas y media.

Este 27 de febrero se conocerán los oferentes para mantenimiento, dragado y balizamiento a través de la apertura de sobres para administrar el corredor por donde circula cerca del 90% del comercio exterior argentino, con injerencia en las operaciones de Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil, con impacto directo en costos logísticos, competitividad exportadora e inserción internacional.

Hasta acá, el debate estuvo concentrado en el pliego, la transparencia, el alcance técnico y la participación de cámaras, provincias, países limítrofes y usuarios. Ahora se conocerá qué empresa compiten por quedarse con la concesión de 25 años con un total de inversiones estimadas en más de 10.000 millones de dólares.

El proceso licitatorio estuvo a cargo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. Contó con más de 200 consultas, múltiples gestiones e incluso una auditoría respaldada por Naciones Unidas. La provincia de Santa Fe fue invitada para integrar el Consejo de Control, ya que la Vía Navegable Troncal posee dos divisiones y en ambas se encuentra involucrado el territorio santafesino.

El llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional fue publicado el martes 23 de diciembre en el Boletín Oficial mediante la Resolución 67/2025. La normativa aprobó los pliegos de bases y condiciones que regirán el proceso para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y las tareas de dragado de la principal vía fluvial del país.

El tramo comprendido en la licitación se extiende desde el kilómetro 1238 del río Paraná, en el punto Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales del Río de la Plata exterior, a la altura del kilómetro 239,1 del canal Punta Indio.

Además, la concesión abarca las vías del Canal Ingeniero Emilio Mitre y los ríos Paraná de las Palmas, Bravo, Guazú, Talavera y el sistema Paraná–Océano Atlántico, configurando el eje central del comercio fluvial argentino.

Tras la apertura de sobres

El cierre del plazo no implica una definición automática del adjudicatario. Al contrario, abre una secuencia de evaluación que, por su complejidad, demandará tiempo. El análisis posterior de las ofertas se realizará en etapas: primero una revisión jurídica y contable, luego una evaluación de las propuestas técnicas y, recién después de entre un mes y medio y dos meses, se avanzará sobre la comparación de precios.

Ese esquema no es un detalle menor. En una licitación de esta magnitud, el precio importa, claro, pero también la espalda operativa, la experiencia, la flota disponible y la capacidad de sostener durante 25 años tareas de dragado, balizamiento y mantenimiento en uno de los corredores fluviales más transitados del mundo. Dicho en criollo: no alcanza con querer, hay que poder.

El propio proceso fue presentado como una construcción técnica y participativa. A lo largo de 2025, la Administración Nacional de la Vía Navegable (ANPyVN) convocó mesas de trabajo con empresas navieras, productores exportadores e importadores, gobiernos provinciales, países limítrofes, cámaras empresarias y representantes de trabajadores. Según se informó, de esas instancias surgieron aportes que terminaron incorporados al pliego licitatorio.

La expectativa oficial y empresarial, por estas horas, no está solo en que haya competencia. También en que esa competencia se traduzca en una concesión ejecutable, con reglas claras, controles sostenidos y una mejora efectiva en la operación de la hidrovía. Porque una cosa es el papel y otra, ya se sabe, la draga en el río.

Puntos clave del pliego

Uno de los datos políticos y económicos más relevantes del proceso es el acompañamiento explícito de las principales entidades vinculadas al comercio exterior y al sistema portuario.

En una declaración conjunta, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas señalaron: “Reafirmamos nuestra disposición a seguir colaborando activamente para que este proceso concluya exitosamente y siente las bases de una nueva etapa de crecimiento y competitividad para el comercio exterior nacional”.

Entre los puntos destacados del pliego aparecen varios ejes que explican ese respaldo. Se menciona el incremento de la profundidad a 40 pies, una mejora que apunta a permitir operaciones más eficientes y reducir costos. También se establece la obligación de realizar inversiones en tecnología para optimizar la navegación y reforzar la seguridad, incluyendo herramientas vinculadas a la prevención del narcotráfico.

Otro punto subrayado es la incorporación de Entre Ríos a la Hidrovía, anunciado en octubre pasado por parte del presidente Javier Milei junto al gobernador Rogelio Frigerio, contemplando el dragado de los brazos Paraná Bravo y Paraná Guazú a 34 pies de profundidad,.

Auditoría de la ONU

Para garantizar la "transparencia" en la licitación se solicitó a Naciones Unidas una auditoría de cada etapa del proceso, con el objetivo de dotar de estándares internacionales y buenas prácticas a una concesión que, por volumen e impacto, concentra atención local e internacional.

Según la información de sitios especializados, al menos ocho empresas en el mundo cuentan con capacidad para competir: DEME, Jan de Nul, Boskalis y Van Oord son las firmas con capacidad técnica y flota suficiente para responder a los requerimientos. También se menciona que otras compañías —como Inai Kiara, Rhode Nielsen, Great Lakes and Dock Co. y Weeks Marine— podrían integrar consorcios para cumplir con los estándares exigidos.

En ese marco, se recuerda el fallido antecedente de 2025 que derivó en la marcha atrás de la licitación. La apertura de sobres había sorprendido con la participación formal de una sola firma. Ante esto, el Gobierno anunció la nulidad y pidió a la Justicia que investigue la maniobra, abriendo posteriormente un nuevo proceso con respaldo de ONU y el monitoreo del Consejo de Control.

A su vez, el proceso incluyó también dos audiencias públicas durante noviembre: una orientada a organizaciones ambientalistas y otra de carácter informativo abierta a la población. Ese tramo fue presentado como parte de una secuencia de validación técnica, social y regulatoria del pliego, con la intención de cubrir los distintos frentes de discusión antes del cierre de ofertas.