Después de recortar 60 mil empleos públicos, Milei prohíbe nuevos ingresos

El gobierno nacional dispuso por Decreto 934/2025 una prohibición general para las Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Nacional, por lo que no se podrán efectuar nuevas designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza.

La decisión se conoce tras un año en el que -al mes de noviembre pasado- la dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades fue de 281.785 cargos.

Según un análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, comparado el número con los 341.473 cargos al mes de diciembre de 2023, se verifica una caída de 59.688 puestos. Del total de la caída, la administración centralizada representó un 26%, la descentralizada un 33% y las empresas y sociedades un 34%, entre las más relevantes. Todos los meses hubo una caída respecto al mes previo.

Las restricciones

La norma publicada en el Boletín Oficial incluye plantas transitorias, contrataciones por Ley de Empleo Público; ocupaciones bajo la Ley de Contrato de Trabajo por tiempo indeterminado, a plazo fijo, a tiempo parcial y de trabajo eventual y Servicios Profesionales.

La restricción incluye además la prohibición de nuevos empleados en Planta Permanente o las contrataciones en Estatutos Especiales (con o sin relación de dependencia) que utilicen fuentes de financiamiento no presupuestarias.

Además de estas prohibiciones directas, el decreto impone una restricción adicional para los casos no exceptuados: las entidades solo podrán disponer de un (1) alta de personal si informan previamente dos (2) bajas definitivas (por renuncia, jubilación o desvinculación) producidas durante el año 2026.

El decreto instruye a los representantes del Estado en empresas y sociedades con participación estatal mayoritaria, así como en fondos fiduciarios, a que adopten medidas similares de restricción.

Remuneraciones y méritos

Por otra parte, mediante el decreto 931/2025, la Casa Rosada instruyó a la cartera a cargo de Federico Sturzenegger para que elabore un nuevo esquema de remuneraciones para autoridades superiores del Poder Ejecutivo, tras un período de severo ajuste fiscal.

La norma instruye a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública a diseñar e implementar un sistema basado en el mérito, la capacidad y la evaluación del desempeño. Este sistema incluirá mecanismos de ingreso por mérito y esquemas de remuneración vinculados a la responsabilidad de las funciones

Establece una cláusula de congelamiento salarial automático para los altos funcionarios en caso de que el Estado vuelva a incurrir en déficit fiscal.

De todas maneras, a partir de enero de 2026, se extenderán a las autoridades superiores (Ministros, Secretarios, Subsecretarios y funcionarios de rango equivalente) los incrementos salariales acumulados que fueron acordados para el personal general en las paritarias de 2024 y 2025, pero se excluye al propio presidente y a la vicepresidenta.

Política salarial

Por decisión administrativa 28/24, se prorrogó hasta el 31 de diciembre la uniformidad en la negociación salarial en todas las jurisdicciones, entidades y organismos del Sector Público Nacional.

El objetivo explícito es reducir el gasto público, optimizar los recursos del Estado Nacional y asegurar un accionar administrativo más eficiente. La norma reafirma el rol de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público como el organismo encargado de estudiar y evaluar medidas para que la política salarial sea coordinada y armónica entre los distintos entes estatales.