Este lunes arranca una semana completa de paro de los docentes universitarios

Se profundiza el plan de acción del gremio Conadu Histórica (y su sindicato de base local, Adul) con un nuevo y extendido paro nacional de docentes universitarios. La medida de fuerza se llevará a cabo durante toda la semana: del 21 al 26 de octubre, sin asistencia a los lugares de trabajo y con acciones de visibilización.

La definición se adoptó en un nuevo plenario realizado el martes pasado por Conadu Histórica, de donde también surgió el paro del jueves 17, ya realizado. "Decimos 'no' al veto de la ley de financiamiento universitario del presidente Milei, y seguimos reclamando por la pérdida del poder adquisitivo del salario frente a la inflación", indicó la secretaria general de Conadu Histórica, Francisca Staiti.

El Frente Sindical Universitario acordó para todo el país una semana de protesta con 48 horas de paro para todos (los días 21 y 22) pero Conadu Histórica definió seguir con la medida extendida de no dictar clases hasta el sábado inclusive, lo que afecta las actividades en la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

Por el lado de los no docentes, en tanto, la federación nacional que los agrupa (Fatun), junto a su sindicato local Apul, dispusieron dos días de medida de fuerza -lunes y martes-, "en defensa de la universidad pública de calidad, con salarios dignos".

Por su parte, la UTN Facultad Regional Santa Fe permanecerá cerrada durante lunes y martes, debido a que tanto Fagdut (sindicato de los docentes tecnológicos) como la Aputn (de los no docentes) también harán una huelga de 48 horas.

Si bien en la UNL no se registran tomas permanentes de facultades por parte de los estudiantes como ocurre en otros puntos del país (hubo una sola noche en Derecho), sí se siguen llevando adelante acciones de visibilización de la protesta. Entre ellas, este viernes pasado se realizó en la Escuela Industrial Superior un abrazo simbólico del que participaron estudiantes, docentes y no docentes, y que por la noche continuó con una vigilia, otra modalidad elegida para hacerse escuchar.

El sábado por la mañana, un grupo de docentes, no docentes y estudiantes realizó una "bicicleteada" en defensa de la educación y la universidad pública que partió del Rectorado de la UNL por bulevar y llegó hasta la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en la Costanera Oeste. Para la semana venidera se irán anunciando distintas acciones de visibilización, que son impulsadas por los gremios pero también con representación estudiantil e incluso avales de las propias instituciones en algunos casos.

Conflicto no resuelto

El conflicto universitario, que alcanzó un punto alto en la segunda marcha federal del 2 de este mes, no se resolvió con el 6,8% de aumento salarial para el mes de octubre anunciado por el Ministerio de Capital Humano. La semana pasada llegó a haber, en algunas jornadas, unas 40 tomas de facultades en la UBA y en distintas casas de estudio del país.

"Es insuficiente ese porcentaje y además no hay perspectiva para los meses de noviembre y diciembre. Por lo tanto, exigimos la convocatoria de la paritaria salarial docente y no docente de las universidades nacionales. Seguiremos manifestando el malestar para lograr alguna respuesta a nuestros reclamos salariales", agregó Staiti, al tiempo que sumó a la protesta el presupuesto 2025 "que sigue desfinanciado a nuestras universidades".

El Frente de Universidades Nacionales (compuesto por Conadu Histórica, Conadu, Fedun, UDA, Ctera, Fagdut y Fatun) anunció además del paro, que desde el 23 de octubre se realizarán clases públicas todos los miércoles a las 12 frente al Congreso de la Nación. "Reclamaremos en apoyo al presupuesto universitario propuesto por el CIN y exigiendo una partida presupuestaria de 2 billones de pesos para recomponer salarios docentes y nodocentes en las paritarias", sostuvieron en un comunicado.

Auditorías

En este marco, el Gobierno avanzará en los próximos días con su plan para auditar a las universidades públicas y, de esta manera, controlar el uso de las partidas que reciben del Estado. Cabe destacar que la Ley de Educación Superior establece que las universidades nacionales estatales deben ser controladas por la Auditoría General de la Nación (AGN), que depende del Congreso, y, a su vez, contar con mecanismos de auditoría interna.

La Sindicatura General de la Nación (Sigen) que depende de Presidencia, fue limitada en 2022 para intervenir en el control de las casas de estudio, pero ese criterio fue revertido por el actual procurador Rodolfo Barra que esta semana firmó un dictamen y designó a ese organismo para auditar las universidades.

De esta manera, el director de la Sigen, Miguel Blanco, confirmó que esta semana comenzará la tarea y, en declaraciones radiales, indicó que probablemente una de las primeras se hará en la Universidad de La Matanza. Durante una entrevista con radio Mitre que reproduce Infobae, Blanco indicó: "Primero hacemos un relevamiento del sistema de control interno, los procesos, identificamos los controles, vemos cómo se ejecutaron esos controles y luego hacemos un Estado de origen y aplicación de fondos, vemos cuando llegaron los fondos, cómo se ejecutaron y ahí vamos a la documentación sustentatoria de cada desembolso y así lo revisamos".

También aclaró que "vamos a auditar el sistema de liquidación de fondos, el sistema que maneja cada una de las casas de estudio", a colación de que, según las autoridades universitarias, el 90% del presupuesto que se les otorga es utilizado para el pago de sueldos. Y harán "procedimientos especiales en función de los descubrimientos", en caso de detectar anomalías, lo cual se derivará a la Oficina Anticorrupción y a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

Repudios

En su convocatoria de la huelga extendida esta semana, Conadu Histórica no solo que apoya las tomas, sino que también repudia el ataque con gas pimienta perpetrado por sectores ligados a La Libertad Avanza contra la asamblea estudiantil de la Universidad Nacional de Quilmes, la intervención de la policía provincial en la sede Caleta Olivia de la UNPA para identificar a estudiantes que habían decidido una toma de 48 horas, y el ingreso de fuerzas armadas de la policía federal y provincial en la Salta el miércoles 9, coincidiendo con el inicio de otra toma, entre otros hechos de amedrentamiento ocurridos en distintas provincias.