Artículos distorsionan la adeudada Ley de Educación para Santa Fe

El proyecto de ley de Educación para Santa Fe, sancionado semanas atrás en la Cámara de Diputados, contiene distorsiones que podrían comprometer el funcionamiento educativo provincial. Si bien es presentado como una norma de avanzada, orientado a promover la innovación y la mejora de la calidad educativa, entidades privadas advierten que no contempla las particularidades del sector, que comprende más de un tercio del sistema santafesino.

Santa Fe es la única provincia que aún no tiene su propia ley. La última norma fue sancionada en 1949. Ahora, la Cámara alta tiene en manos un proyecto unificado que es el resultado de la media sanción lograda en 2018. Si bien en aquella ocasión fue aprobado por unanimidad y ahora el voto fue dividido, Diputados pidió al Senado que esta vez otorgue celeridad en su tratamiento para que la provincia pueda sentar las bases de su sistema educativo, reforzado en la necesidad y la urgencia provocados por la pandemia.

Sin embargo, el texto sorprendió a instituciones educativas de gestión privadas de la provincia al encontrar que la reglamentación, tratada en el recinto y elaborada previamente en comisiones, "dista mucho" de la que habían conocido dos años antes. Señalan que la norma, tal como está redactada, es imposible de llevar a cabo. E incluso señalan que varios artículos rozan la inconstitucionalidad.

Sin debate

Ante la sorpresa hallada en el proyecto, el pasado viernes, en la ciudad capital, se llevó adelante una reunión de la Mesa Coordinadora de instituciones educativas de gestión privada, que nuclea a distintos establecimientos de la provincia.

Las autoridades de los colegios decidieron elaborar un documento común que presentarán en los próximos días en la Cámara de Senadores. Además, solicitaron una audiencia ante el Ministerio de Educación provincial para trasladar el reclamo.

La principal preocupación es, según expresan, que "el proyecto impulsado por el sector socialista dista mucho del proyecto consensuado cuando la actual diputada Balagué ocupaba la cartera de educación y se advierte una manifiesta inconstitucionalidad, dado que se distancia de los postulados de la Constitución Provincial y la Ley Nacional de Educación".

Si bien expresan que están de acuerdo con la necesidad de modernizar la legislación en materia educativa, manifiestan que "sorprendió mucho la forma silenciosa e intempestiva de su aprobación".

"Es inaceptable, la forma -urgente, solapada e inconsulta- en que los diputados dieron media sanción, sin convocar a actores fundamentales en este tema, con cuestiones que son buenas expresiones de deseos, pero imposibles de ser llevados a la práctica en el marco actual del país", apuntan.

Y agregan: "Consideramos que un sector que representa casi novecientos colegios y doscientos cincuenta mil alumnos, con experiencias de varias décadas y conocimiento de las distintas realidades geográficas que la provincia establece, hubiésemos podido enriquecer un debate que no existió", apuntan.

Libertad de criterios

En particular, despertaron dudas artículos del proyecto referidos a la designación y contratación de personal. "Los titulares de los establecimientos privados son elegidos por las familias para formar a sus hijos en propuestas educativas y bajo el ideario que dio origen al establecimiento; es fundamental acompañar esa elección", argumentan.

En ese sentido, marcan que la atribución otorgada al ministerio de Educación es compatible con lo previsto en la ley provincial 6427, que dicta que cada escuela privada tiene autonomía institucional en la confección su propio escalafón, respondiendo a un credo o sistema de enseñanza particular.

"Para nada es una competencia entre educación pública y privada, la idea es convivir. Tal vez el hecho fundamental del crecimiento exponencial y sostenido en las últimas décadas de la educación privada en Santa Fe, radique en que las familias -generalmente con un esfuerzo económico muy importante-, optan por estas instituciones, justamente por compartir los criterios de selección y capacitación del personal en función del ideario, que le da identidad a la institución educativa y a los que las mismas adhieren", plantean al respecto.

Asimismo, aclaran que esto no significa que se ponga en riesgo al personal actual, sino que puede comprometer la contratación a futuro. "Hay sobradas pruebas históricas y sostenidas de que las patronales de escuelas de gestión privada no somos 'despedidores compulsivos', más bien todo lo contrario. Además, tampoco se convocó al personal de nuestras escuelas, que en una amplísima mayoría, está conforme, apoya y defiende el sistema vigente".

"La educación privada solventa con fondos propios de cada colegio un porcentaje cada vez más creciente de la educación santafesina, ya que somos muchos los colegios que tenemos sólo aportes parciales del estado o directamente nulos. Por eso sorprende, preocupa y genera temeridad el no analizar las consecuencias graves de la eventual concreción de estas medidas", concluyen.

ESI, con familias

Respecto al articulado sobre la Educación Sexual Integral, reclaman que no se menciona a la familia como formadores, por lo que proponen agregar a "padres, madres, tutores, guardadores y responsables parentales" como "agentes naturales y primarios de la educación". Además, indican que la ley plantea una perspectiva sesgada en este campo, por lo que proponen una "formación integral de una sexualidad responsable y por el respeto de los derechos humanos".