Finocchiaro defendió el decreto: es para "ordenar" malentendidos

Redacción El Litoral

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Télam

El gobierno nacional publicó en el día de ayer el Decreto 52/2018 que, como bien se anunció en este diario, introduce modificaciones a otro anterior, del 2007, con la firma de Néstor Kirchner, donde se fijó las pautas para la negociación a nivel nacional entre los gremios docentes y el gobierno al reglamentar el artículo 10 de la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo.

En el marco de este DNU, el Poder Ejecutivo dispuso que la discusión entre el Gobierno y los gremios docentes a nivel nacional se circunscribirá, a partir de este año, a cuestiones no salariales y, en lo que atañe a la discusión paritaria, dejó formalizado el piso del 20 por ciento por encima del salario, mínimo, vital y móvil para que rijan las negociaciones entre las provincias y las entidades sindicales a nivel local; y que en la práctica le quita poder a Ctera al modificar la representación gremial en el ámbito de discusión del denominado “convenio marco” de las negociaciones docentes.

A partir de ello, los gremios ya hicieron sentir su clamor y desde que fuera conocida la novedad publicaron comunicados y se hicieron oír en distintos medios. Las críticas más fuertes se hicieron presentes desde la misma Ctera quienes repudiaron la medida publicada en el Boletín Oficial del día de ayer.

“Rechazamos firmemente la decisión unilateral y arbitraria del Gobierno Nacional que modifica las condiciones de la Paritaria Nacional Docente”, manifestaron a través de un comunicado. Además, calificaron la disposición como un “nuevo ataque a las Organizaciones Sindicales Docentes”, mientras consideraron que “avanza con el desmantelamiento de la instancia de negociaciones colectivas a nivel nacional, modificando de manera unilateral los acuerdos establecidos”.

En su parte más fuerte, la notificación gremial indica que “presentarán la denuncia en la OIT y la Internacional de la Educación frente a este nuevo ataque del Gobierno a los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la Educación”, a través de la representación de Sonia Alesso, en su carácter de miembro de la Internacional de la Educación y Hugo Yasky, como secretario general de la IEAL.

Justificación

Ante las críticas, el ministro de educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, garantizó que el decreto “no es contra nadie” sino que busca “ordenar” y “poner blanco sobre negro” en relación a “la confusión que existía cuando se hablaba de la existencia de una paritaria nacional”. De esta forma, definió al espíritu del Decreto publicado en el Boletín Oficial al que comparó con el anterior decreto reglamentario -más precisamente el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo- que, según aseguró, “generaban confusiones y malentendidos” como “la supuesta existencia de una paritaria nacional”.

“Si el entonces presidente Néstor Kirchner hubiese querido la paritaria nacional docente, hubiera hecho una ley de paritaria, cosa que no hizo”, argumentó Finocchiaro. De hecho, indicó que la nueva norma “aclara y ordena hacia el futuro” los temas que abarcará, desde ahora, la negociación entre el Gobierno nacional y los gremios docentes -también del orden nacional- que pasarán por cuestiones “de índole absolutamente gremial”, excepto la cuestión salarial.

En ese marco de polarización con las medidas tomadas por la gestión gubernamental anterior, el ministro aludió a las críticas lanzadas por el gremio Ctera a la decisión oficial de igualar la representación de los gremios docentes nacionales en ese ámbito de discusión, cuando la normativa anterior establecía que debía ser proporcional. “Hay determinados actores que creen que son el ombligo del mundo, pero cuando dictamos una medida o intentamos una política pública lo hacemos pensando en la gente y no en la reacción que puedan tener las distintas variables del kirchnerismo”, sentenció.

De hecho, recalcó que la respuesta dada por la Ctera al decreto publicado hoy es “absolutamente política”. “Que hayan gozado de determinados privilegios durante la gestión kirchnerista no quiere decir que esos privilegios se tengan que mantener cuando no tienen una base normativa”, sostuvo el funcionario, quien puso como ejemplo que el hecho de que en esa mesa de negociación hubiera cinco representantes de Ctera y uno por cada uno de los otros cuatro gremios “no reflejaba una proporcionalidad real sino un acuerdo político”.

Paritarias provincial en similitud a la nacional

“Estamos abiertos al diálogo, como siempre, porque somos un gobierno que dialoga pero que también gobierna”, añadió el ministro, quien fundamentó la exclusión de la cuestión salarial de la mesa de negociación con los gremios docentes a nivel nacional con la afirmación de que “sería incongruente que el Estado Nacional discutiera el tema, cuando no paga un solo sueldo” docente, sino que lo hacen las provincias.

En relación a ello desde Sadop la secretaria general, Patricia Mounier, manifestó que con estas medidas “vamos a volver a tener desigualdad absoluta en salarios porque, seguramente, algunas provincias van a pagar más, otras menos, y nadie va a respetar ese piso que se discutía fundamentalmente en ese ámbito paritario”.

“El gobierno nacional pretende que sean los gobiernos provinciales quienes discutan salarios con los docentes; la paritaria docente nacional lo que fijaba era un piso de referencia que todas las provincias debían respetar y, a partir de ahí, había que negociar, es decir que la provincia que podía acordar algo más que ese piso referencial”, pero a partir de ahora “vamos a tener una atomización de salarios y cada provincia va a discutir lo que pueda dar a sus trabajadores de la educación”.

En otro orden, el secretario general de Unión Docentes Argentinos y secretario de políticas educativas de la CGT, Sergio Romero, recordó que ya han realizado presentaciones en la Justicia y en la OIT y subrayó que “el Gobierno no puede pretender eliminar la discusión salarial nacional por decreto, ya que este es un derecho con el que contamos los docentes”.

“El Ministerio de Educación nacional está mirando para otro lado en lugar de cumplir con la obligación constitucional de sostener la educación pública, lo cual incluye también al salario”, finalizó.