Universidades: la brecha de $ 4 billones que profundiza el conflicto por el Presupuesto 2027

La discusión por el financiamiento de las universidades nacionales volvió a quedar atravesada por una diferencia en los recursos necesarios para mantener el sistema. Mientras el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno nacional al Congreso contempla $ 7,34 billones para las casas de altos estudios, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había presentado una propuesta propia por $ 11 billones.

La distancia entre ambas cifras es de $ 3,7 billones y representa cerca de “un 49% más” respecto de la partida contemplada por el Poder Ejecutivo. Para los rectores, no se trata solamente de una diferencia sobre cuánto dinero necesita el sistema universitario para funcionar, sino también sobre “qué conceptos deben incluirse en el cálculo del presupuesto para 2027”.

El tema volvió al centro de la agenda esta semana. Mientras el Gobierno dio entrada a su proyecto el martes, las autoridades del CIN presentaron este miércoles en una audiencia pública en el Congreso Nacional su propia propuesta de presupuesto ante diputados y senadores de distintos espacios. La misma había sido aprobada días atrás por el 96° Plenario de Rectoras y Rectores, reunido en Bariloche.

Además, ya se anunció la 5ta Marcha Federal prevista para el 15 de octubre. "Ante la falta de respuesta en el ámbito paritario y judicial, el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en el marco del debate parlamentario del presupuesto 2027, nos volvemos a encontrar para defender la universidad pública argentina y el sistema científico nacional", dice el CIN en un comunicado conocido este jueves por la tarde.

Qué reclaman los rectores

El CIN sostiene que los $ 11 billones que piden constituyen la base necesaria para iniciar el ejercicio 2027 y contemplan la recomposición necesaria para la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario. Según explicaron sus autoridades, el monto incluye salarios docentes y no docentes, funcionamiento, infraestructura, ciencia y tecnología, becas y hospitales universitarios, entre otras áreas.

Además, los rectores plantean que ese monto no debería considerarse una cifra cerrada para todo el año. El documento presentado ante los legisladores establece que debe actualizarse durante 2027 de acuerdo con la evolución de los salarios, la inflación y otras variables que inciden sobre el funcionamiento de las universidades.

En la audiencia, el presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, advirtió sobre las consecuencias que tendría para el sistema que el proyecto no sea modificado. “Si no logramos modificaciones razonables al proyecto de presupuesto presentado por el gobierno nacional, va a ser realmente muy difícil que las universidades abramos nuestras puertas el año que viene, ni más ni menos que eso”, advirtió.

Y el vicepresidente del CIN, Anselmo Torres, agregó: “Ni siquiera alcanzaría para los salarios”.

El planteo de los rectores es que el presupuesto debe contemplar tanto los recursos necesarios para sostener las actividades habituales de las universidades como aquellos vinculados con la recomposición que establece la Ley de Financiamiento Universitario.

De hecho, Bartolacci explicó en medios nacionales que si el Gobierno incorporara el cumplimiento de la ley vigente, el cálculo debería ascender a “$ 9,8 billones” y que los $ 11 billones solicitados surgen de sumar actualizaciones correspondientes a otras áreas del sistema.

Qué dice el proyecto oficial

Desde el Gobierno cuestionaron el cálculo elaborado por los rectores y sostienen que incluye una interpretación más amplia de los alcances de la Ley de Financiamiento Universitario y de las medidas judiciales dictadas sobre su aplicación.

Según consignó el diario Clarín, desde el oficialismo argumentaron que el proyecto contempla la cautelar judicial y una actualización vinculada con la inflación proyectada, y sostuvieron que la partida destinada al funcionamiento contempla un incremento. También señalaron que el principal punto de diferencia está relacionado con el componente salarial, que representa alrededor del 90% del presupuesto universitario.

Así, la discusión no pasa solamente por una cifra final, sino por “qué obligaciones del Estado deben incorporarse al presupuesto 2027 y con qué actualización deben calcularse”.

La Ley de Financiamiento, en el centro de la disputa

La Ley 27.795 se convirtió en uno de los principales puntos de conflicto entre el Gobierno y las universidades. Los rectores sostienen que el Presupuesto 2027 debería incorporar los recursos necesarios para su cumplimiento y que todavía existe una deuda de recomposición.

El Gobierno, en cambio, sostiene que está cumpliendo las disposiciones que considera alcanzadas por las decisiones judiciales vigentes. La controversia también se encuentra en los tribunales: una cautelar había ordenado al Ejecutivo cumplir determinados artículos de la ley y el juez Martín Cormick rechazó el 1° de septiembre el pedido oficial para levantar esa medida.

En este punto, las cifras también difieren. Los rectores sostienen que todavía existe una recomposición pendiente, mientras que desde el Ejecutivo consideran que los incrementos salariales otorgados se encuentran dentro de los parámetros establecidos por la Justicia.

Con la presentación realizada este miércoles, el CIN buscó llevar directamente a diputados y senadores su cálculo presupuestario y los fundamentos que lo sostienen. Las autoridades universitarias también solicitaron participar de las reuniones de las comisiones que analicen el Presupuesto antes de que llegue al recinto.

El organismo anticipó, además, que desde la próxima semana repetirá la presentación en las provincias, convocando a legisladores nacionales y solicitando audiencias con los gobernadores.

La estrategia apunta a instalar la discusión sobre el financiamiento universitario durante el tratamiento parlamentario del proyecto, donde el Presupuesto todavía puede ser modificado durante ese proceso.